El anhelo independentista de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el referendo que para ese efecto está programado para el próximo domingo primero de octubre, ha llevado al máximo la pugna verbal, política y administrativa entre el gobierno español y la Generalitat (el gobierno catalán).
Cataluña, una región de 36.000 kilómetros cuadrados y 7,5 millones de habitantes (similar en los dos indicadores a Suiza) ha tenido históricamente una identidad, cultura e idioma (catalán) propios y hace relativamente poco tiempo impulsa su proceso independentista.
Desde hace 11 años se comenzaron a vislumbrar las primeras intenciones de desconectarse de España, cuando en el 2006, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña (la norma institucional básica de esa región que regula su autonomía y los márgenes del autogobierno de este territorio español), se abrió la puerta a que la autonomía tuviera más facultades, que se cristalizarían con la convocatoria al referendo.
El Gobierno regional catalán convocó un referendo sobre la independencia de esa comunidad autónoma española, aunque hace algunas semanas el Tribunal Constitucional de España lo suspendió por considerarlo ilegal. El Constitucional también suspendió la llamada ley de transitoriedad aprobada por el parlamento regional, que permitiría poner en marcha un nuevo Estado en forma de república.
El recurso presentado por el gobierno central contra esa ley consideró esa norma como “la mayor afrenta y amenaza” a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 (fecha de la Constitución española). Sin embargo, inmediatamente, el Gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, determinó que la convocatoria a las urnas se mantenía, en abierto desafío al fallo del Constitucional.
La semana pasada, la justicia española le ordenó a la Policía detener a 14 altos cargos del Gobierno catalán, decomisaron las citaciones de 45.000 jurados para el día de la votación, material electoral e incautaron casi 10 millones de papeletas para la votación, y dejaron en jaque su organización. Así mismo, el Tribunal Constitucional español impuso multas de hasta 12.000 euros diarios contra 24 organizadores del referendo, ahora prohibido, como la última medida para impedir la celebración de esta consulta. Además, la justicia española investiga si el gobierno regional de Cataluña ha destinado a la celebración del referendo ilegal una partida de 6,2 millones de euros, cuya aprobación en el parlamento catalán fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
El gobierno conservador español de Mariano Rajoy bloqueó las finanzas de la administración regional, excepto para el pago de servicios esenciales, que asumirá directamente Madrid.
Estas acciones han causado indignación entre los partidarios de la independencia de Cataluña, que llevan varias jornadas consecutivas de protestas en la calle. Pero estas vías de hecho también podrían generar rechazo de quienes se han mantenido neutrales.
Para el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, “la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales”.
Aunque Cataluña pretende, luego de la ilegalización del referendo, continuar hasta su realización y con una mayoría independizarse de España, no se sabe qué sucederá en el transcurso de esta semana. Ya en el campo de las suposiciones, una Cataluña convertida en un Estado independiente, sufriría fuertes cambios y estaría expuesta a varios peligros.
La primera consecuencia sería dejar de beneficiarse de los fondos de España por 1.400 millones de euros mensuales, financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de las partidas que estaban aseguradas por el Estado español como las pensiones de los jubilados, así como los incrementos salariales de los funcionarios del Estado y de los militares.
Para España también sería un fuerte golpe, pues Cataluña representa el 20 por ciento de su PIB y además las exportaciones catalanas son el 24 por ciento de las ventas españolas. Los ciudadanos de Cataluña también podrían estar expuestos a problemas con sus depósitos, pues la banca de la región saldría de la órbita de vigilancia y seguro de depósitos del sistema financiero español.
Pero a Cataluña también le representaría la salida de la Unión Monetaria Europea y se convertiría en un destino poco atractivo ya que sería un país sin acceso a los privilegios de los que goza España.
Incluso, grandes empresas catalanas como el Grupo Planeta ya anunciaron que si la región se independiza se tendrán que ir del nuevo país catalán, pues dejarían de ser competitivos y perderían los privilegios que tienen con España.
REDACCIÓN INTERNACIONAL*
* Con EFE, AFP Y REUTERS
