Agentes de la Guardia Civil española incautaron este martes de documentación relacionada con el censo del referendo independentista catalán del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de la oficina de una empresa de mensajería de la periferia de Barcelona.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que éste es el hallazgo más importante en los registros llevados a cabo en distintas sedes de la empresa de mensajería en las últimas horas.
A diferencia del material intervenido en otros registros, en este caso se trata de material directamente relacionado con el censo del referéndum y no simplemente propaganda.
La Agencia Española de Protección de Datos abrió el lunes una investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán con vistas a la eventual consulta.
La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, un organismo estatal, y el proceso para elaborar el listado para unos comicios no se inicia hasta que la convocatoria no se publica en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Constitucional.
Asimismo, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió hace unos días a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa ante la consulta del 1 de octubre que no acudan a esa llamada.
El TC suspendió cautelarmente el referéndum convocado por el Ejecutivo de la región de Cataluña a petición del Gabinete de Rajoy, que defiende que una consulta secesionista no tiene encaje en la Constitucional española.
Además, la Guardia Civil ha intervenido hasta el momento 1,5 millones de unidades de material promocional entre carteles, dípticos y folletos sobre el referéndum, pero ésta es la primera ocasión en la que se incauta de documentación relacionada con el censo electoral.
Simultáneamente, la Guardia Civil española realizaba este martes registros en la localidad de Gerona, feudo del presidente separatista catalán, Carles Puigdemont, en el marco de una investigación sobre una presunta atribución fraudulenta de un contrato de suministro de agua potable, informó el cuerpo.
Carles Puigdemont, presidente regional de Cataluña, quien impulsa el referendo independentista programado para el primero de octubre.
Efe
"La Guardia Civil está llevando a cabo esta mañana 15 registros en el marco de la 'Operación Aquarium', ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2" de Gerona, a unos 100 kilómetros al noreste de Barcelona, indicó en un comunicado. El texto precisa que estos registros están vinculados a una investigación sobre "diversas actividades presuntamente ilícitas, entre las que se encuentran fraude y administración desleal en la gestión de la adjudicación del suministro de aguas".
La operación atañe a las "actividades de la empresa Aguas de Girona (Gerona en catalán), Salt y Sarriá del Ter (AGISSA)", añade la Guardia Civil.
Los registros tienen lugar en momentos de máxima tensión entre el gobierno conservador de Mariano Rajoy y el ejecutivo separatista de Cataluña, decidido a organizar a cualquier precio un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre, ignorando la prohibición del Tribunal Constitucional.
Mientras se realizaban los registros, decenas de personas se manifestaron en Girona al grito de "íVotaremos!". En caso de victoria del "sí" a la secesión, el ejecutivo catalán asegura que declarará la independencia.
La región con 7,5 millones de habitantes se divide a partes iguales entre partidarios y opositores a la independencia. La investigación sobre las actividades de esta empresa de Gerona ocupaba este martes la portada del diario conservador La Razón, que la presentaba como un golpe para Puigdemont, asegurando que concierne a su etapa como alcalde de la ciudad, su feudo político, entre 2011 y 2016. "El 3% -una investigación sobre las comisiones del 3% para cargos electos a cambio de la atribución de contratos públicos en Cataluña- cerca a Puigdemont", destaca el diario.
Mientras se realizaban los registros, decenas de personas se manifestaron en Girona al grito de "íVotaremos!"
De la misma manera, los tres primeros alcaldes citados este martes por la Fiscalía por colaborar en la organización del referendo independentista, se acogieron a su derecho a no declarar.
El alcalde de Mollerusa (Lleida) y diputado en el Parlament Marc Solsona (c), a su salida de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Efe
Los tres, regidores de pueblos de la provincia de Lérida, son los primeros de los 712 que están citados a declarar por haber desoído la orden del Constitucional de no colaborar en la organización de la consulta secesionista, por lo que podrían haber cometido un delito de desobediencia.
Los tres alcaldes se negaron a prestar declaración, dado que consideran que el ministerio público se está extralimitando al imputarles, teniendo en cuenta que la causa del referendo está judicializada.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio instrucciones el pasado 15 de septiembre a los fiscales del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) para que citaran en calidad de investigados (imputados) a los alcaldes que apoyan el referendo soberanista catalán.
En total, la Fiscalía citará a declarar a 712 regidores por firmar en sus respectivos ayuntamientos decretos para ceder locales al Gobierno regional de
Cataluña para organizar el referéndum soberanista del 1 de octubre, pese a que esa convocatoria fue suspendida el pasado 7 de septiembre por el Tribunal Constitucional.
La mayoría de ellos, del PDC (nacionalistas liberales) y ERC (republicanos de izquierda), partidos que forman la coalición de Gobierno en Cataluña, han mostrado su disposición a presentarse ante el Ministerio Fiscal. Sin embargo, una treintena de alcaldes la CUP (independentistas radicales) han anunciado que no acudirán.
