El gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución, que permite que la administración central asuma las competencias de una comunidad autónoma, luego de que Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, no respondiera al requerimiento que le hizo sobre la posible declaración de independencia de esa región.
El 10 de octubre, luego de un referendo ilegal, Puigemont declaró la independencia y la suspendió segundos después para dar tiempo a un diálogo. Ante la ambigüedad y confusión, el gobierno central le pidió explícitamente que respondiera si la había proclamado, en un requerimiento formal que es necesario para activar el artículo 155.
El presidente catalán contestó poco antes del segundo y último plazo que se vencía el jueves, que la declaración continúa suspendida e insiste en que se dialogue.
Amenaza, en todo caso, con seguir adelante con los planes secesionistas.
“Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”, advirtió en su carta.
El gobierno de Mariano Rajoy no se dió por satisfecho con la respuesta. Consideró que no informaba “de forma clara y precisa” si alguna autoridad había declarado la independencia. Por tanto, continuará con la aplicación del artículo 155, sobre el que se ahondará en un Consejo de Ministros extraordinario convocado para el sábado.
Este, según explica el gobierno en el comunicado emitido tras conocer la carta de Puigdemont, “aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”.
La puesta en práctica de ese artículo, que permite que el gobierno central intervenga en una comunidad autónoma , necesita la aprobación del senado por mayoría absoluta.
Rajoy, que asiste a la cumbre europea este jueves y viernes, ha recibido el apoyo de varios países de la Unión Europea (UE), pese a que la cuestión del desafío catalán no hacía parte de la agenda. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que apoya “la posición del Gobierno español” y que espera que se llegue a “una solución sobre la base de la Constitución española”.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también lanzó un mensaje “de unidad en torno a España”. Y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, dejó claro que “Nadie en la UE reconocería la independencia de Cataluña”.
Holanda, en cambio, se ha mostrado partidaria del diálogo y ha condenado las cargas policiales que se produjeron el 1 de octubre, cuando se celebró el referendo ilegal en Cataluña.
El presidente español, que milita en el Partido Popular (PP), también cuenta con el apoyo de los socialistas y de Ciudadanos dentro de su país. José Luis Ábalos, portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dijo el jueves que hay que activar ese artículo de la Constitución porque “la democracia y el Estado de derecho no pueden ceder ante esa inadmisible amenaza” de la independencia. Sin embargo, cree que están “abiertas todas las ventanas” hasta que se apruebe el 155 para que Puigdemont rectifique.
Mientras tanto, la fuga de empresas de Cataluña aumenta: ya son casi mil las que han cambiado su razón social a lugares de España por fuera de esa región desde que se celebró el referendo.
JUANITA SAMPER OSPINA
