¿Qué sigue para Uber después de la sentencia de la Unión Europea? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) determinó esta semana que la empresa que conecta a conductores y pasajeros es un servicio de transporte y no una plataforma digital.
La decisión no solo controvierte años de reclamos de Uber por ser reconocida por su plataforma móvil, sino que abre la puerta para que los países de la UE puedan exigirle cumplir con las mismas licencias y autorizaciones que les pide a las compañías de taxis.
Así, la decisión representa no solo un serio un revés judicial para la compañía estadounidense, que ha sido objeto de las críticas de taxistas en todo el mundo, sino un preocupante precedente, quizás no legal, sino cultural. El fallo indica que al ser un servicio de transporte, las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación del servicio y nada evita que otros países en otras partes del mundo hallen que esa interpretación tiene sentido.
Aunque Uber argumenta que es una aplicación digital que actúa como intermediaria entre conductores y clientes, la justicia europea considera que la empresa crea “una oferta de servicios de transporte urbano” y responde así en virtud del marco legal europeo al “ámbito de los transportes” y no al “de la sociedad de la información”, como pretendía demostrar la compañía.
Esta determinación se da luego de una demanda por competencia desleal interpuesta en 2014 por la asociación de taxistas de Barcelona Élite, lo que provocó la suspensión del servicio en algunas ciudades europeas.
¿Qué va a pasar entonces con Uber tras este fallo? ¿Afectará el funcionamiento de la plataforma en otros países?
La empresa con sede en Estados Unidos señaló que la decisión judicial no cambiará la situación “en la mayoría de los países de la UE”, donde ya operan en virtud de la legislación de transporte nacional.
“En 2016 ya se relanzaron los servicios en ciudades como Madrid y Berlín de acuerdo a extensos acuerdos con autoridades. En otros países, como Francia y el Reino Unido, Uber provee a millones de usuarios y socios conductores acceso a transporte bajo la regulación actual”, señaló la compañía en un comunicado.
Por otro lado, el portavoz de Uber España, Yury Fernández Castillo, dijo que la sentencia no tiene ya ningún sentido porque el modelo de negocio cambió en 2016. En una declaración a Efe, el vocero señaló que el fallo “llega con un desfase de tres años”, ya que responde a un requerimiento realizado en 2014 por un juez de Barcelona (en respuesta a la demanda presentada por el gremio de taxistas) en relación con un modelo de negocio que la empresa estadounidense cambió en marzo del 2016. Según el vocero, la compañía funciona desde el año pasado con un modelo de negocio basado en las licencias VTC, que otorgan autorizaciones para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor.
La firma también aseguró que algunos países ya comenzaron a regular a Uber sin esperar la calificación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Estamos en conversaciones continuas con las ciudades y los reguladores locales en toda la UE. Debido a este diálogo, países como Finlandia y Estonia están introduciendo nuevas regulaciones para viajes compartidos y están en marcha reformas similares en otros países.
Sin embargo, esta decisión proporciona más claridad para las conversaciones en curso que tenemos con los reguladores locales”, dice la compañía.
Aunque el alcance del alto tribunal es europeo, es probable que el fallo sea tomado como referencia en otros países donde Uber también enfrenta resistencias. En el caso de Colombia, en junio de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el proceso contra Uber, en el que el Ministerio de Transporte pedía medidas cautelares para bloquear la plataforma en Colombia. La nulidad se dio porque ya existía un proceso similar en contra de la plataforma de transporte, ya que el líder de los taxistas, Hugo Ospina, había interpuesto una acción popular que fue aceptada en noviembre del 2015.
En Brasil, el Senado devolvió en noviembre al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para encuadrar sus actividades, aunque dejando fuera la exigencia inicial de que las autoridades municipales tuvieran que dar una licencia a estas aplicaciones.
Ese mismo mes, un tribunal de Londres, donde la compañía estadounidense está también amenazada de perder su licencia, falló que la empresa debía considerar como empleados a sus conductores, a quienes deberá pagarles el salario mínimo.
EFE