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Europa

¿Dejará de ser un delito calumniar a la Corona de España? Esto propone una ley

Juan Carlos I y su hijo el rey Felipe VI, de España.

Juan Carlos I y su hijo el rey Felipe VI, de España.

Foto:Paco Campos. Archivo. EFE

Hasta ahora, alguien que calumnia al rey o sus descendientes puede recibir prisión o ser multado.

“El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley”. “¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco, que en juergas y putas nuestra pasta (plata) está tirando?”.
Estas frases, y otras del mismo tipo, significaron condenas en España para quienes las pronunciaron en sus canciones: los raperos José Miguel Arenas —Valtònyc— y Pablo Rivadulla —Pablo Hasél— respectivamente. El primero huyó a Bélgica y el segundo entró a prisión en febrero de 2021.
El artículo del Código Penal que se les aplicó, que tipifica las calumnias a la Corona, comenzó el camino para desaparecer la semana pasada cuando el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley que busca eliminarlo.
Los partidos independentistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Euskal Herria Bildu la habían impulsado, pero no había salido adelante porque necesitaban el respaldo de grupos mayoritarios del Congreso de los Diputados. El 29 de septiembre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) los apoyó y, gracias a ello, la proposición sigue su trámite, que terminará en la eliminación de algunos artículos del Código Penal.
Destaca el 490.3, que establece lo siguiente: “el que calumniare o injuriare al rey o reina o cualquiera de sus ascendientes o descendientes (…) será castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la multa de seis a doce meses si no lo son”.
El 491.2 castiga el uso de imágenes que puedan dañar el prestigio de la Corona. Además, el artículo 543 impone multas de siete a doce meses a las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, sus comunidades autónomas (departamentos) o emblemas.
El rey Felipe VI asumió el 19 de junio de 2014.

El rey Felipe VI asumió el 19 de junio de 2014.

Foto:Javier Lizón. EFE

La libertad de expresión

El centro del debate radica en la limitación de la libertad de expresión. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en varias ocasiones. En 2011 condenó a España por imponer un año de prisión al político Arnaldo Otegi, que se había referido al entonces rey Juan Carlos I como el “jefe máximo del Ejército español, responsable de los torturadores”.
En 2018 el Tribunal condenó de nuevo al país por haber amenazado con cárcel e impuesto una multa a dos manifestantes que quemaron una foto del monarca. El organismo europeo consideró que el acto constituía una “crítica política”.
Desde entonces, según acepta la Fiscalía General del Estado, “se ha producido una drástica reducción de este tipo de procedimientos”. En 2021 abrió doce investigaciones por injurias a la Corona, que terminó cerrando por considerar que eran crítica política.

Casos conocidos

Sin embargo, han prosperado muchos casos conocidos en tiempos recientes. El último llevó a la cárcel al rapero Pablo Hasél, lo que produjo movilizaciones y protestas masivas en el país en febrero de 2021. De hecho, al cumplir un año de prisión también hubo varias manifestaciones que pedían su libertad.
Él se ha negado al programa de tratamiento penitenciario que reduciría su tiempo tras barrotes porque, según dice, lo que esta herramienta busca es el arrepentimiento, “el objetivo de la represión”.
Algunos de los trinos y frases de canciones que se consideraron delictivas son las siguientes: “Los parásitos de los Borbones siguen de trapis con los decapitadores de los homosexuales”, “El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio”, “Guardia Civil torturando o disparando a emigrantes” y “Pena de muerte ya a las infantas patéticas por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética”.
Manifestantes que apoyan a Pablo Hasél han salido a las calles durante los úlltimos días para reclamar la liberación del rapero.

Manifestantes que apoyan a Pablo Hasél han salido a las calles durante los úlltimos días para reclamar la liberación del rapero.

Foto:AFP / Josep LAGO

Antes de él, la Audiencia Nacional ya había impuesto una pena tres años y medio de cárcel al rapero Valtónyc en 2017. Huyó en 2018 y empezó una batalla judicial desde Bélgica. Ese país se ha negado a entregarlo a España, que lo pide en extradición, en dos ocasiones.
Algunas frases polémicas de Valtónyc son “Sofía en una moneda, pero fusilada”; “Puta policía, puta monarquía”; y “Esto no va de hacer fiesta, ¿qué pensabas, tonto?, es una bomba de relojería en una plaza de toros”.
En noviembre de 2007, la Audiencia Nacional impuso una multa de tres mil euros a los dos autores de una caricatura que figuró en la portada de la revista satírica Jueves, en la que aparecían los entonces príncipes de Asturias manteniendo relaciones sexuales. Cuando la publicación salió al mercado, un juez ordenó el secuestro del número, lo que levantó un virulento debate público.

La iniciativa que se acaba de aceptar pretende legitimar el insulto

También despertó una polémica más reciente la imputación del cómico Dani Mateo por sonarse la nariz en un programa de televisión con una bandera española. En una actuación de 2018 simuló estornudar y cogió una bandera apostada su lado para limpiarse.
La reforma que ahora fue aceptada eliminará estas situaciones judiciales que suelen levantar los ánimos de la sociedad. No se trata, sin embargo, de una medida que cuente con el apoyo de una gran mayoría. De hecho, el Congreso se dividió entre los grupos nacionalistas y la izquierda, por un lado, y el Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox, por otro. El PP aspiraba a no crear cambios importantes en la ley, Ciudadanos proponía rebajar las condenas de cárcel a multas y Vox quería endurecer las penas.
Según Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, la iniciativa que se acaba de aceptar pretende “legitimar el insulto” y dar a los independentistas “impunidad frente a su campaña de demolición de los símbolos de España”.
No se mostró de acuerdo Enrique Santiago, de Unidas Podemos. “Esto no va sobre símbolos e instituciones, va sobre derechos y libertades”, dijo.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL EL TIEMPO
MADRID

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