El gobierno español estudia la posibilidad de implantar la baja médica laboral para las mujeres que sufren menstruaciones especialmente dolorosas, una medida pionera en Europa que no despierta unanimidad ni dentro del Ejecutivo ni entre los sindicatos.
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"Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada integralmente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes", se felicitó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa, al finalizar el consejo de ministros.
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"Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día", escribió en Twitter el pasado viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero, dirigente del partido de extrema izquierda Podemos, socio minoritario de la coalición de Gobierno con los socialistas del presidente Pedro Sánchez.
La ministra había indicado antes en la televisión pública que este permiso, que debe ser autorizado por un médico, no tendrá límite de días. Una versión preliminar del proyecto de ley difundida la semana pasada por los medios hablaba de un permiso de tres días prorrogable hasta cinco en caso de síntomas agudos.
Se acabó el tabú, el estigma, sufrir en silencio. Hoy somos el primer país de Europa que reconoce derechos de salud menstrual 🩸👇#LeySaludSexual pic.twitter.com/beLyoBz2o9
— Irene Montero (@IreneMontero) May 17, 2022
Según los medios de comunicación españoles que han tenido acceso a una versión preliminar del proyecto de ley, elaborada por el ministerio de Igualdad, la duración de este permiso sería de tres días, con la posibilidad de ampliarlo en dos días más en caso de síntomas agudos, basándose en un certificado médico.
Desde Podemos insisten en que se trata de cubrir aquellos periodos que provoquen un dolor que incapacite, no "una leve incomodidad", afirmó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, también de Podemos.
El texto, que suscitó un intenso debate en los últimos días, deberá ser aprobado por el Parlamento, donde el gobierno es minoritario, para entrar en vigor.
"Avanzamos en feminismo. Las mujeres deben poder decidir libremente sobre sus vidas", celebró Pedro Sánchez en Twitter, en referencia a este proyecto de ley que refuerza también el derecho al aborto en España.
En países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos algunas empresas ya conceden este permiso menstrual a sus empleadas, pero no está integrado en la ley. La medida, no obstante, ha levantado reticencias incluso dentro del propio ejecutivo -en el ala socialista de la coalición- y en algunos sindicatos.
Esta baja médica menstrual es una de las principales novedades de un proyecto de ley más amplio que prevé también reforzar el acceso al aborto en los hospitales públicos, donde se practican menos del 15% de estas intervenciones en el país debido a una objeción de conciencia masiva de los médicos.
También brindará la posibilidad a las menores a partir de los 16 años de abortar sin permiso de sus padres, eliminando ese requisito instaurado por un gobierno conservador en 2015.
La educación sexual en todas las etapas educativas es un derecho de los niños y de las niñas. El derecho a desarrollarse y crecer sin violencias, con el consentimiento en el centro, con relaciones libres 💜👇 pic.twitter.com/SLfA57isxc
— Irene Montero (@IreneMontero) May 17, 2022
Las menores de más de 16 años pueden abortar sin el consentimiento de sus padres en la mayoría de los países de la Unión Europea. Y en Bélgica, Francia, Eslovenia, Suecia e Irlanda pueden, además, interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin importar su edad.
El aborto en España se despenalizó en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero la interrupción del embarazo sigue siendo un derecho difícil de ejercer en un país de fuerte tradición católica, donde los movimientos antiabortistas son muy activos.
El proyecto de ley prevé por otro lado el reforzamiento de la educación sexual en las escuelas, así como la distribución gratuita de la píldora anticonceptiva del día después en los centros de salud y de anticonceptivos en los liceos.
En los últimos años, algunos países han introducido en su legislación el derecho a la "baja menstrual", sobre todo en Asia, pero de momento ningún país europeo lo ha hecho.
En Francia, algunas empresas permiten a sus empleadas dejar de trabajar durante la menstruación, pero el "permiso menstrual" no está incluido en la ley ni en los convenios colectivos. De este modo, España vuelve a aparecer como pionera en Europa en materia de derechos de la mujer.
Pero el debate es intenso porque, mientras el ala más izquierdista del gobierno lo impulsa, algunos ministros socialistas se muestran reticentes, temiendo que una medida así, por su elevado coste, sea en realidad contraproducente, al "estigmatizar" a las mujeres y propiciar la contratación de empleados masculinos.
Así, la ministra de Economía, Nadia Calviño, mostró sus reservas. Se trabaja en "distintos borradores" de esta ley, dijo, antes de advertir que "el gobierno no tomará ninguna medida que estigmatice a las mujeres". Tampoco hay unanimidad entre los sindicatos.
"No podemos poner otra vez el foco de atención sobre las mujeres", avisó Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de la UGT (Unión General de Trabajadores), en declaraciones a la televisión Antena 3, expresando su temor a medidas que "van a discriminar o a dificultar nuestra entrada en el mercado laboral".
Para Comisiones Obreras (CCOO), el otro gran sindicato español, en cambio, la baja por menstruación está "perfectamente justificada", según su secretario general, Unai Sordo.
Hablamos de reglas en las que las mujeres pierden el conocimiento o no se pueden levantar de la cama, porque verdaderamente no pueden andar, ni orinar, ni ir al baño.
Ana Ferrer, de la Asociación de Afectadas de Endometriosis (ADAEC), una condición ginecológica que tiene entre sus síntomas unas reglas especialmente dolorosas, consideró que, "más que una baja (médica), necesitamos el reconocimiento de nuestra discapacidad en los casos, evidentemente, en que se presente esta discapacidad", explicó a la AFP.
"Cuando ocurre eso, ya no es una cuestión de una baja médica, es cuestión de ir al ginecólogo y poder encontrar un diagnóstico", explicó Ferrer, lamentando que el proyecto de ley, en los términos en que ha trascendido, está provocando "discriminación y burla".
La introducción del "permiso menstrual" sería una de las medidas emblemáticas del proyecto de ley, pero no la única. El ministerio de Igualdad quiere incluir la supresión total del IVA en los productos de higiene femenina.
El texto también prevé aumentar el acceso al aborto en los hospitales públicos y permitir que las menores puedan abortar sin el permiso de sus padres a partir de los 16 años.
El aborto en España se despenalizó en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero la interrupción del embarazo sigue siendo un derecho difícil de ejercer en un país de fuerte tradición católica, donde la objeción de conciencia de los médicos es muy numerosa y donde los movimientos antiabortistas son muy activos.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con información de AFP
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