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España busca endurecer su legislación contra la violación
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Marta Pérez / EFE

España busca endurecer su legislación contra la violación

Se trata de la ley conocida como la ley 'solo sí es sí',  que podría entrar en vigor en 2022.

El Gobierno español aprobó el proyecto de la Ley Orgánica de la Libertad Sexual, también conocida como ley de “solo sí es sí”, que contempla una serie de delitos en torno al eje del consentimiento sexual expreso, como el acoso callejero, el proxenetismo, la mutilación genital femenina o la violencia por internet, que comprende la extorsión, el acoso o la pornografía no autorizada.

Se trata de una ley que generó polémica y ha recorrido 16 meses de trámites. Uno de los puntos centrales de los debates es que unifica la violación y el abuso. Hasta ahora el primero se producía cuando había relaciones con una persona sin su consentimiento; o con él, pero obtenido a través de la violencia o una amenaza, y cuando había penetración (genital, con otra parte del cuerpo o con un objeto).

En el abuso no se presentaba necesariamente una penetración, ni violencia ni amenaza; se trataba de un atentado contra la libertad sexual sin intimidación.

Desaparece, pues, el delito de abuso sexual y queda solo el de agresión. Todo acto no consentido será considerado agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. No es necesario tener en cuenta la violencia o intimidación en estas categorías.

(Lea aquí: Indignación tras el asesinato a golpes de joven de la comunidad LGBT)

Otro de los puntos que generaron debates consiste en que no se necesita denuncia policial para señalar un maltrato: basta con el testimonio de la víctima.

Este proyecto de ley, que pasa al Congreso de los Diputados, es un conducto que recoge las demandas feministas nacidas en torno al caso de “la Manada”, una violación en grupo de cinco muchachos a una joven madrileña de 18 años, que había bebido en las fiestas de San Fermín, en Pamplona, en 2016. La leve condena de la Audiencia Provincial de Pamplona, que solo vio abuso y no violación, despertó la indignación que dio comienzo a esta reforma legal.

Esta modificación, además, amplía el concepto de violencia machista más allá del ámbito de la pareja o expareja. En concordancia con el Convenio de Estambul, toda violencia sexual contra una mujer se considera machista.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que con esta ley se protegerá a las mujeres del país.

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EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Protección

“El objetivo es claro: que ninguna mujer se sienta sola”, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un video difundido después de la aprobación de la norma. “Con esta ley estableceremos los mecanismos necesarios para el acompañamiento y la reparación del daño causado”, explicó.

En efecto, también se establece un sistema de ayudas, protección y acompañamiento a las víctimas, en el que participan agentes, forenses y jueces especializados. Una línea de teléfono atiende los casos (el número 016, que ya estaba en operación), se crean centros de crisis permanentes para los mayores de 16 años y casas de niños para los menores. Se otorgará ayuda económica a las personas desfavorecidas y tendrán prioridad en el acceso a la vivienda pública. El fondo se nutrirá con decomisos a proxenetas, quienes también serán perseguidos.

Por primera vez, además, se tipifica el acoso sexual callejero, que se castigará con la localización permanente del acosador o con trabajos en beneficio de la comunidad.

(En otras noticias: España expone sus joyas manuscritas de Dante y su 'Divina Comedia')

Otras claves de la ley

La ley contempla otros aspectos, como el endurecimiento de los castigos. Desaparecen las multas y todas las agresiones se pagan con cárcel: la duración depende del delito y hay una serie de agravantes que la aumentan. Algunos ya aparecen en el Código Penal —como la agresión grupal o el uso de armas—, pero hay otros nuevos, como el hecho de que el atacante sea pareja o expareja de la víctima, en cuyo caso la pena puede aumentar en dos años (agresión) o tres años (violación). También el empleo de drogas o alcohol.

Más allá de las agresiones, la nueva ley intenta prevenir la mutilación genital y lucha contra los matrimonios forzosos y contra la trata.

La tardanza en la preparación de esta reforma se debió en buena medida a la discrepancia de algunos aspectos entre los socios del gobierno: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, en el que milita la ministra de Igualdad. Aparte de las pugnas (sobre todo por detalles legales), la pandemia también aplazó la tramitación. En septiembre, tras las vacaciones del verano, el Congreso la retomará y podría entrar en vigor a principios de 2022.

Según la ONG Amnistía Internacional, solo algunos países europeos definen la violación como un acto sexual no consentido. Alemania, por ejemplo, considera desde 2017 la ausencia de consentimiento como único criterio para definir una violación, mientras que en Francia la ley que fija el umbral del consentimiento en 15 años, y 18 en caso de incesto, fue votada en abril.

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