El Gobierno británico empieza este lunes a negociar, casi un año después del referendo, la salida del Reino Unido de la UE en una posición débil tras perder la mayoría absoluta en las elecciones del 8 de junio.
Michael Emerson, investigador del Ceps de Bruselas, explica en un informe que el manejo de Theresa May del ‘brexit’ “ha sido una sucesión de goles en propia puerta”, pero “estos comicios fueron el mayor autogol”. Emerson estima que May perdió toda credibilidad como negociadora del ‘brexit’ y que usa eslóganes simplistas.
Sondeos publicados en el Reino Unido aseguran que el 90 por ciento de los británicos quiere conservar el acceso al mercado común europeo y que el 70 por ciento quiere que los europeos no puedan vivir ni trabajar en el Reino Unido. Los dirigentes británicos no han explicado que esas dos cosas son incompatibles.
May había dado indicios antes de los comicios de que quería una versión ‘dura’ del ‘brexit’. Eso implica impedir que los europeos puedan residir y trabajar en el Reino Unido en igualdad de derechos que los británicos y la salida del mercado común.
Berta Barbet, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, explicó a EL TIEMPO que “un año después del referendo, el Gobierno británico sigue sin tener muy claro cuál es la estrategia en la negociación y posee el problema de tener que negociarla con un Parlamento con posiciones poco claras”.
Esa salida, sin un futuro acuerdo comercial, implica que el país perdería su acceso al mercado al que van casi la mitad de sus exportaciones y las entidades financieras de la City londinense verían cortados sus negocios en los mercados financieros europeos.
Los europeos han anunciado sus prioridades. Quieren que se garanticen los derechos de los 3,2 millones de europeos en el Reino Unido y de los 1,2 millones de británicos que viven en el este del bloque.
Además presentarán a Londres una ‘factura’ de salida, que podría irse hasta los 100.000 millones de euros. En Londres no hay postura oficial sobre ese pago, pero Bruselas asegura que los británicos deben honrar los compromisos financieros que contrajeron como miembros de la UE.
La tercera prioridad europea es un acuerdo que mantenga la ausencia de una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Levantarla de nuevo rompería la libre circulación en la isla y podría poner en riesgo los acuerdos de paz que acabaron con décadas de violencia en el norte de la isla.
IDAFE MARTÍN PÉREZ
Para EL TIEMPO
Bruselas
