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La 'media Bélgica' que casi para todo un tratado
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Manifestantes se pronuncian en contra del acuerdo Ceta frente a la sede de la Comisión Europea.

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EFE

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El CETA, con Canadá, sorteó la dura prueba impuesta por la región francófona de Valonia.

Valonia, una de las tres regiones belgas, puso hasta el jueves en duda toda la política comercial europea, al objetar la entrada en vigor del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (Ceta, por sus siglas en inglés), negociado entre la Unión Europea (UE) y Canadá desde hace siete años, pero al final un consenso nacional belga lo salvó.

El Ejecutivo comunitario podía haberlo enviado directamente para su ratificación al Parlamento Europeo, pero la presión de Berlín y París hizo que se optara por una “ratificación mixta”, europea y nacional.

Parte de la izquierda europea, grupos ecologistas y la ultraderecha –esta por razones nacionalistas, no de contenido de los acuerdos– reniegan de unos pactos que consideran un caballo de Troya para que las multinacionales campeen sin control entre los dos lados del Atlántico norte.

Miguel Otero, analista del Real Instituto Elcano, explicó a EL TIEMPO que para lograr el beneplácito de los ciudadanos, la UE debería empezar por hacer más justo el sistema impositivo. “Los ciudadanos no están a favor de más impuestos, pues piensan que el sistema de tributación beneficia a las grandes empresas y riquezas”, añadió.

Veintisiete gobiernos del bloque dieron su visto bueno –Rumania y Bulgaria fueron los últimos tras conseguir el compromiso canadiense de eliminar la exigencia de visa a sus ciudadanos–, pero Bélgica había anunciado que no podía firmar porque una de sus tres regiones –que tienen competencias de comercio internacional– se negaba hasta el jueves. Al final, representantes políticos de las distintas regiones belgas lograron desbloquear el acuerdo.

Valonia, con menos de cuatro millones de habitantes en comparación de los 508 millones en total de la UE, ponía así en duda la política comercial europea cuando el bloque está negociando más de 20 acuerdos, entre otros, con EE. UU., Japón o el Mercosur.

El primer ministro valón, el socialista Paul Magnette –antiguo profesor universitario experto en derecho europeo– decía la semana pasada que la cuestión era “saber qué globalización queremos”. Magnette afirmaba que el tratado tiene “cosas interesantes”, pero cargó contra las cortes de arbitraje semiprivadas para dirimir diferendos entre multinacionales y Estados y pidió garantías para su sector agroalimentario.

Magnette acierta al definir el Ceta como un texto sin precedentes que va mucho más allá de un clásico acuerdo comercial. El Ceta, y así lo entiende también la CE, fija los estándares de las negociaciones ya abiertas y de las futuras. Trata de armonizar y reconocer mutuamente todas las normas que afectan al comercio, tanto técnicas como sanitarias, fitosanitarias o medioambientales.

Un sondeo publicado el miércoles en el diario belga Le Soir aseguraba que el 70 por ciento de los belgas francófonos respaldaban la actitud de Magnette, que en los últimos días se ha convertido en el ‘niño terrible’ de la política europea.

La bronca tenía también parte de política interna belga. Con un gobierno central dirigido por un liberal francófono y apoyado por conservadores y liberales flamencos, Magnette y sus socialistas francófonos son la oposición más clara al primer ministro, Charles Michel.

Ante la crisis, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que “nuestros ciudadanos están cada vez más preocupados por saber si los acuerdos que negociamos son de su interés. No creo que podamos seguir negociando acuerdos si no llevamos a la práctica la protección de los consumidores que prometemos”.

Magnette, quien rechaza que se le trate de “proteccionista”, argumentaba el pasado fin de semana que “la crisis de confianza en Europa es profunda. El debate democrático no es el problema sino la solución. Necesitamos más control parlamentario, no menos”.

Europa parece el niño bueno de la globalización con su impulso al libre comercio. Tusk recordaba el caso del acero chino. Las acerías europeas llevan años denunciando que China exporta acero vendiéndolo por debajo del precio de costo. Bruselas impuso este mes un arancel del 21 por ciento a las importaciones de acero chino. En EE. UU. ese arancel es del 265,7. Mientras, las acerías europeas iban cerrando una tras otra.

IDAFE MARTÍN PÉREZ
Para EL TIEMPO
BRUSELAS

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