El presidente regional de Cataluña (noreste de España), Carles Puigdemont, anunció este viernes la dimisión de tres de los doce miembros de su gobierno a dos meses y medio del referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre.
En una rueda de prensa convocada de urgencia, Puigdemont, acompañado por su vicepresidente Oriol Junqueras, informó que la portavoz del gobierno Neus Munté, el consejero de Interior Jordi Jané y la consejera de Educación Meritxell Ruiz "han decidido dar un paso al lado".
Las tres áreas son claves en la ejecución del referéndum de autodeterminación, declarado ilegal por la justicia española y cuya organización puede conllevar responsabilidades penales para los integrantes del ejecutivo regional.
A estas bajas hay que sumarle la destitución a principios de mes del consejero de Empresa Jordi Baiget, que había mostrado en una entrevista temor por las repercusiones que podían producirse en su vida personal, especialmente en su patrimonio.
Tras días de especulación en la prensa sobre las supuestas divisiones del bando independentista, Puigdemont ha renovado a cuatro de sus doce consejeros. El objetivo es encarar la recta final de su conflicto con el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, contrario a esta votación.
Y es que a menos de ochenta días de la fecha clave, las tareas se acumulan en la mesa del ejecutivo: todavía no disponen de urnas, la ley para regular la votación no ha sido aprobada, tampoco tienen una junta electoral y se desconoce cuál será el censo de la votación.
Para agilizar estas tareas, el presidente anunció su centralización en el vicepresidente Oriol Junqueras y la creación de un órgano de coordinación. También anunciaron que todas las decisiones relativas a esta votación se tomarían de forma colectiva y compartiendo las posibles responsabilidades, algo que desde hacía tiempo pedía el vicepresidente Junqueras ante las dudas sobre el compromiso de algunos compañeros, según fuentes de su equipo.
Puigdemont reconoció que en esta recta final se encontrarán "la hostilidad permanente del Estado", que ha aumentado la presión judicial sobre el ejecutivo, interrogando a funcionarios y empresas contratadas e incluso imputando a una de sus consejeras por intentar comprar las urnas.
Aun así, el presidente se mostró convencido de que habrá referéndum. "Se nos hace difícil ver (...) como se puede impedir que millones de personas que quieren votar no vayan a votar", dijo.
AFP
