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‘Brexit’: la cruda realidad tras el sonado divorcio
Brexit

Tras la salida del Reino Unido de la UE se han establecido controles fronterizos que antes no existían y se exigen nuevos permisos para circular las mercancías.

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Paul Faith. AFP

‘Brexit’: la cruda realidad tras el sonado divorcio

Un mes después de la salida de Reino Unido de la U. Europea, es evidente el desbalance comercial.

Aunque el Reino Unido y la U. Europea lograron un acuerdo comercial, hay un claro desbalance en el poder real de ambos mercados, y por esta relación asimétrica, tarde o temprano Londres tendrá que adaptarse a las reglas de Bruselas.

En sus negociaciones con la Unión Europea (UE) por las relaciones comerciales ‘posbrexit’, el Gobierno británico se empecinó en sus demandas de plena soberanía. A futuro, quiere determinar todas las reglas sobre seguridad, medioambiente, salud, derechos de los trabajadores y subsidios a empresas británicas sin ninguna interferencia de la Comisión Europea.

(Lea también: AstraZeneca entregará a la UE 9 millones de dosis en el 1er trimestre).

Eso está bien. Insistir en el derecho a discrepar con las reglas de mercado interno de la UE está en plena sintonía con el significado de soberanía. El problema es que el Gobierno británico también pretende mantener el acceso del Reino Unido a ese mercado interno según sus propias reglas. Por ejemplo, quiere el derecho a aplicar sus propias reglas sanitarias a la producción de pollos (permitiendo el uso de cloro) y luego vender esos pollos en la UE, donde rigen reglas diferentes. No importa que la UE también sea una entidad soberana con derecho a decidir e implementar sus propios estándares, y a imponer aranceles a las importaciones que violan sus reglas.

¿Cómo se puede lograr que un trato comercial funcione cuando ambas partes reclaman plena soberanía? Esta postura tiene dos implicancias dominantes para las negociaciones como las que se han desarrollado entre el Reino Unido y la UE. Primero, significa que cada parte decide de manera independiente qué leyes aplicará en su jurisdicción. En consecuencia, todas las firmas (incluidas las radicadas en la UE) que venden en el Reino Unido deben cumplir con las leyes del Reino Unido, mientras que todas las firmas (incluidas las radicadas en el Reino Unido) que venden en la UE deben cumplir con las leyes del bloque.

La segunda implicación es que ahora cada parte decide de manera independiente cómo controla el cumplimiento de las normativas en el interior de sus propias fronteras. Las empresas que no cumplen son sancionadas y cada parte es libre de decidir sobre la naturaleza de esas sanciones (prohibir ventas, imponer aranceles y demás). Por lo tanto, las empresas británicas que venden productos en la UE que no cumplen con la ley de la UE enfrentarán las sanciones que la UE haya decidido, y lo mismo es válido para las empresas de la UE que venden en el Reino Unido.

Un acuerdo comercial basado en una plena soberanía podría alcanzarse rápidamente e implementarse sin dificultades. No habría necesidad de comités conjuntos encomendados con la tarea de negociar las especificidades de cómo se permitirá que diverjan las reglas y regulaciones en ambas jurisdicciones. Tampoco harán falta procedimientos complicados para resolver disputas cuando se observen nuevas divergencias. La toma de decisiones de estos comités normalmente lleva mucho tiempo, y siempre habrá asuntos candentes que desaten un conflicto crónico o casi permanente entre los socios comerciales.

(De interés: Los récords de Isabel II, reina al frente del 'brexit' y la pandemia).

Las empresas del Reino Unido cumplirán de buena gana con las reglas de la UE por iniciativa propia, para beneficiarse del
acceso al mercado europeo. No hacerlo les generaría grandes pérdidas

Por el contrario, un modelo de plena soberanía es relativamente fácil de manejar en el futuro, porque cada lado retendría su poder para identificar divergencias en las reglas y sancionarlas como le parezca conveniente. No obstante, y a pesar haberse conseguido este acuerdo, será difícil, si no imposible, evitar desenlaces asimétricos en el futuro, debido al hecho de que el mercado interno de la UE es el más grande del mundo.

Esta asimetría casi invariablemente conducirá a lo que se conoce como el ‘efecto Bruselas’: las empresas del Reino Unido cumplirán de buena gana con las reglas de la UE por iniciativa propia, para beneficiarse del acceso al mercado europeo. No hacerlo generará grandes pérdidas, ya sea por sanciones por incumplimiento o por entregarles ese porcentaje del mercado a los competidores. Por el contrario, el mercado del Reino Unido es relativamente pequeño. Desde la perspectiva de las empresas de la UE, abandonarlo podría derivar en algunas pérdidas, pero estas perderían relevancia en comparación con las sufridas por las empresas británicas que pierden acceso al mercado de la UE.

Esta asimetría ejercerá una presión significativa en los futuros gobiernos del Reino Unido para alinear sus leyes con las de la UE –no solo en el corto plazo, sino indefinidamente–. Aunque el gobierno actual del Reino Unido está decidido a resistir esta presión, su postura cada vez más colocará a las empresas británicas en una desventaja competitiva. Ante la necesidad de producir para el mercado británico según las reglas del Reino Unido, y para el mercado (mucho más grande) de la UE según sus propias reglas, los costos de producción aumentarán. Tarde o temprano, el Gobierno británico se verá obligado a admitir la realidad.

Con el tiempo, el ‘efecto Bruselas’ de todos modos pondría a las leyes del Reino Unido en línea con las leyes de la UE. No hay ninguna necesidad de intentar forzar las cosas. El látigo del mercado se encargará de hacerlo.

(Siga leyendo: El pulso que el opositor Navalni intenta tener con Putin en Rusia).

PAUL DE GRAUWE*
© Project Syndicate
LondresPaul de Grauwe es economista y profesor de Economía Política Europea en la London School of Economics (Inglaterra).

Las empresas británicas enfrentan numerosas dificultades debido al ‘brexit’

Por: AFP

Tan solo un mes después de la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, las empresas británicas se encuentran sumidas en un mar de dificultades entre formalidades administrativas y efectos imprevistos del 'brexit'. El ministro del Gabinete británico, Michael Gove, advirtió que habría “perturbaciones importantes” en los puntos de entrada del país en los próximos días debido a los trámites adicionales que ralentizan el tráfico, un problema particularmente grave en el caso de los productos frescos.

Logística y distribución

Entre la ralentización de los puertos de entrada, en particular Dover –en el canal de la Mancha–, y la reducción de tres a una en el número de paradas permitidas para entregar o recoger mercancías, el sector del transporte vive días complicados.
Las empresas de logística buscan formas de depender menos del puerto de Dover y, en Irlanda en particular, de evitar el Reino Unido y sus actuales complicaciones, incluso si esto significa tomar rutas más largas.

Según una federación de transportistas por carretera, la cadena de suministro en Irlanda del Norte está “al borde del colapso”, con demoras en la entrega debido a trámites adicionales, además de la norma de origen y los aranceles a ciertos productos.

Los supermercados norirlandeses “están experimentando considerables dificultades” para llenar sus estantes desde el 1.º de enero, cuando empezaron a realizarse entre las islas de Gran Bretaña e Irlanda los controles de entrada en la Unión Europea (UE). Como resultado, la cadena de grandes almacenes Debenhams, ya en bancarrota, ha cerrado su tienda en línea en Irlanda, y la famosa marca Fortnum and Mason suspendió sus entregas a la UE. “Al menos 50 de nuestros miembros se enfrentan a posibles aranceles”, afirma la asociación de minoristas British Retail Consortium.

Manufactura y pesca

Los sectores más afectados por el 'brexit' de momento son los productos minerales y metálicos, la maquinaria y el equipo eléctrico, los productos químicos y los textiles, que dependen en gran medida de las importaciones procedentes de fuera de la UE y, por lo tanto, están sujetos a la denominada ‘norma de origen’.

Según dicha norma, un bien está sujeto a aranceles si ha llegado a suelo británico desde el extranjero y luego es enviado a la UE. Y los exportadores escoceses de mariscos denuncian sentirse amenazados por la carga de nuevos trámites tras el 'brexit' y temen que algunos de sus productos perecederos destinados al mercado europeo acaben en la basura.

El marisco escocés se exporta principalmente al norte de Francia, desde donde se envía al resto de Europa. Los pescadores europeos se quejan de los controles más estrictos de la guardia costera británica. Como resultado de esta vigilancia de las autoridades británicas, la semana pasada se impidió a un pesquero irlandés lanzar sus redes frente a las costas de Escocia.

Esta vigilancia puede explicarse por la decepción de los pescadores británicos, que esperaban “recuperar el uso exclusivo de sus mares territoriales”, explica Hubert Carré, director del comité francés de pesca marítima y cultivos marinos (CNPMEM), pero “el acuerdo (comercial entre Londres y Bruselas)” prevé que “los pescadores europeos que hayan adquirido derechos podrán seguir pescando”.

Servicios financieros

Apenas tratados en el acuerdo comercial ‘posbrexit’ entre la UE y el Reino Unido, los servicios financieros han sufrido una ruptura brutal, señala Tej Patel, de la consultora Capco. Las empresas de servicios financieros británicas, ahora privadas de su ‘pasaporte’ a la UE, están a la espera de recibir unas hipotéticas equivalencias, autorizaciones para operar en áreas específicas (derivados y corretaje de acciones, compensación, etc.) y fácilmente revocables.

La Comisión Europea no parece dispuesta a conceder nuevas licencias además de las dos ya concedidas (en particular, la compensación de las transacciones de derivados, que se realiza en su inmensa mayoría en Londres), y ha solicitado “información adicional” a las autoridades británicas.

(Siga leyendo: Venezuela y Guyana, en alta tensión por un vasto y rico territorio).

Ante la perspectiva de meses de incertidumbre jurídica, muchos han decidido transferir las transacciones relativas a empresas europeas a sus filiales europeas, lo que ha dado lugar a una migración estimada por S&P en 6.000 millones de libras (8.160 millones de dólares, 6.710 millones de euros) de fondos desde inicios de enero.

AFP

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