Hace un año, en una Europa agitada, Alemania decidía por su cuenta abrir sus puertas a los sirios. Desde entonces, la Unión Europea (UE) alcanzó un consenso sobre el cierre de sus fronteras, pero continúa profundamente dividida respecto a la acogida de los refugiados. "Europa se encuentra en una situación que no es digna de Europa", explicaba Angela Merkel a fines del verano (boreal) 2015 para justificar su decisión de no devolver a los solicitantes de asilo sirios que huyen de la guerra al país por el que ingresaron a la UE, como dictan las reglas.
Acusada por algunos de haber fragilizado el espacio Schengen de libre circulación, y aplaudida por otros por haber interpretado el drama humano de los refugiados, la canciller "tenía pocas opciones", estima Stefan Lehne, experto de la fundación Carnegie Europa. "En ese momento, los Estados miembros de la UE estaban completamente divididos" y se perfilaba "una situación caótica", continúa, que hizo a la canciller "modificar enseguida su política en un sentido mucho más restrictivo, pero sin cambiar su discurso".
Tras meses de desencuentros, los países de la UE finalmente lograron alcanzar, desde fines de 2015, un "nuevo consenso para reducir drásticamente el número de llegadas" de migrantes, lo que "restauró la capacidad de la UE para construir una acción común", según Lehne.
'La Europa fortaleza'Esta convergencia se tradujo en la creación en tiempo récord de un nuevo cuerpo europeo para proteger las fronteras exteriores de la UE.
El mismo estaría operativo a fines de 2016, y podría enviar hasta unos 1.500 guardias de fronteras hacia un país desbordado de migrantes en pocos días.
También permitió el cierre de la ruta de los Balcanes y la conclusión de un controvertido acuerdo migratorio con Turquía, seguidos de un descenso masivo de la llegada de migrantes a Grecia a través del mar Egeo durante la primavera (boreal) 2016.
Tras los 850.000 migrantes llegados desde Turquía en 2015, y los aproximadamente 1.700 diarios hasta la conclusión del pacto del 18 de marzo con Ankara, las cifras pasaron a apenas algunas decenas por día en las semanas siguientes.
La UE centra su mirada ahora en África, cuyas costas sobre el Mediterráneo se han convertido en el eje de las travesías clandestinas hacia Europa, que se prepara a proponer inversiones masivas a ciertos países a cambio de frenar las migraciones desde sus territorios.
Si los europeos se entienden en el futuro con Libia, por donde pasan la mayoría de los migrantes hacia Italia (más de 112.000 entre enero y agosto), "entonces se podrá decir que 'la Europa fortaleza' se habrá convertido en una realidad", estima Demetrios Papademetriou, presidente del Institute Migration Policy Europe.
Según Yves Pascouau, director en el European Policy Center y especialista en cuestiones migratorias, "la idea de cortar las rutas migratorias, en términos de 'realpolitik', ha funcionado efectivamente". Pero el acuerdo con Turquía es "frágil", política y jurídicamente, subraya el investigador, y "no siempre se ha logrado superar las divisiones entre Estados miembros" sobre la acogida a los refugiados, y la armonización del 'patchwork' de derecho de asilo en la UE.
Un edificio 'vulnerable'El plan temporal de "relocalización" de refugiados desde Grecia e Italia hacia otros países de la UE, que buscaba encarnar la solidaridad europea, de hecho se atascó. En un año, sólo benefició a 4.500 personas, sobre 160.000 previstas hasta setiembre de 2017, en tanto unos 57.000 solicitantes de asilo continúan bloqueados en Grecia.
Entre sus detractores más virulentos, Hungría y Eslovaquia han decidido, inclusive, contestar ante la justicia europea este mecanismo, obligatorio para todos desde su adopción en setiembre de 2015 por la mayoría de los Estados miembros.
El dirigente húngaro Viktor Orban incluso decidió organizar un referéndum el 2 de octubre para consultar a sus conciudadanos sobre este plan que él rechaza ferozmente. Estas resistencias dejan presagiar debates complicados sobre la reforma actualmente en curso del reglamento de Dublín, que determina las reglas de repartición de los solicitantes de asilo en la UE.
La Comisión europea propuso instaurar de manera perenne un mecanismo de repartición automático de los demandantes de asilo, hasta ahora activado en casos excepcionales. Los países que rechacen respetar su cuota de acogida deberán pagar 250.000 euros por persona rechazada.
Esta propuesta ha sido muy criticada, como es bastante lógico por los países hostiles a las "relocalizaciones". Con estas divergencias persistentes sobre "la cuestión crucial del reparto de la carga", "el sistema global queda fragilizado y vulnerable", estima Lehne, previendo como algo "bastante claro" que Europa enfrentará nuevos flujos masivos de migrantes en el futuro.
BRUSELAS (AFP)
