Genocidio y crímenes de guerra. Así catalogan muchos las atrocidades que se han cometido durante los ya casi seis años de guerra civil en Siria, que han dejado cerca de 400.000 muertos y más de cuatro millones de desplazados, y que destruyó prácticamente a la ciudad de Alepo, bastión de los rebeldes y recuperada por el régimen de Bashar al Asad este mes.
Pero, pese a que ya son varias las voces que han pedido que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue los crímenes, son muy pocas las probabilidades de que los responsables enfrenten el daño causado en ese tribunal internacional.
“El problema es de limitaciones”, afirmó para EL TIEMPO Marko Milanovic, experto en derecho internacional y profesor de la Universidad de Nottingham. La CPI fue creada con el estatuto de Roma y dejó a cada Estado la libertad de formar parte de ella o no. Según ese tratado, la Corte puede actuar y tiene jurisdicción cuando los crímenes son cometidos en el territorio de uno de los Estados que ratificaron el tratado o cuando son cometidos por un nacional de un estado miembro. Pero Siria no ratificó el estatuto de Roma, por eso la CPI no tiene jurisdicción en ese país para juzgar denuncias como los ataques indiscriminados contra civiles, el uso de armas químicas y de bombas de racimo, detenciones arbitrarias y ataques a escuelas y hospitales.
De acuerdo con analistas, todavía existe una serie de situaciones en las cuales el tribunal internacional, localizado en La Haya (Holanda), podría juzgar los crímenes de guerra cometidos en Siria.
La primera sería que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas refiriera la situación siria a la CPI, pues tiene el poder de extender la jurisdicción de la Corte a los países que no son miembros, como lo hizo con Sudán y Libia. “Eso requeriría un consenso entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, EE. UU., Rusia, Francia y el Reino Unido) y es muy difícil que pase cuando varios de ellos están interviniendo en Siria desde diferentes lados del conflicto”, explica Milanovic, al hacer referencia a Moscú y Washington, que apoyan al régimen sirio de Bashar al Asad y a los rebeldes, respectivamente. De hecho, Rusia ya vetó en el 2014 una resolución para referir a la CPI las atrocidades cometidas en Siria.
La otra opción, que también luce lejana, es que se dé un cambio de gobierno sirio y que el nuevo acepte la jurisdicción de la CPI, incluso por los crímenes del pasado. El problema es que el régimen de Al Asad parece determinado a quedarse e intentaría obstruir una iniciativa de ese tipo si se llega a un acuerdo de paz.
Desde las Naciones Unidas, el saliente secretario general, Ban Ki-moon, ha pedido en varias ocasiones que la CPI investigue los crímenes de guerra. Y el mes pasado, tras un ataque a una escuela en la ciudad de Idleb –el peor de los 98 que se han registrado contra centros educativos en dos años y que es atribuido a Rusia–, su portavoz, Stéphane Dujarric, llamó a investigar este y otros ataques contra civiles.
Pero la justicia parece, por ahora, probable solo en escenarios de menor escala. La CPI podría juzgar, por ejemplo, a yihadistas europeos que hayan cometido atrocidades a nombre del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria.
Para muchos, el problema no es de la CPI sino de cómo esta tiene que operar en un clima político, que en este momento no conduce a hallar responsables por vidas perdidas en Siria. “En este momento, los Estados más poderosos a nivel internacional tienen conflictos de intereses, y el poder gana sobre la justicia. Aunque no es nada nuevo, la secuencia de la crisis durante los últimos años ha creado un ambiente político en el cual la cooperación internacional genuina se ha vuelto más complicada”, argumenta Milanovic.
SANDRA RAMÍREZ CARREÑO
Redacción Internacional
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