La salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue su cuenta atrás hacia marzo de 2019 sin avances que permitan empezar a negociar la relación futura entre este país y el gran bloque económico.
La primera ministra británica, Theresa May, recibió el jueves un pequeño guiño, apenas unas buenas palabras, pero ningún avance en la negociación.
Bruselas sigue imponiendo su agenda. La Unión Europea exige a Londres tres compromisos antes de empezar a negociar la relación futura: el pago de una ‘factura’ de salida para hacer frente a los compromisos financieros del Reino Unido como miembro de la UE, que se conserve el estatus legal actual de los 3,2 millones de europeos residentes en tierras británicas, y un acuerdo sobre la frontera norirlandesa que no ponga en peligro los acuerdos de paz que acabaron con el terrorismo en Irlanda del Norte.
Los europeos reconocen (y Angela Merkel lo constató públicamente en Bruselas) que Theresa May hizo concesiones, sobre todo en lo relativo a los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido. Pero la solución para la frontera norirlandesa sigue siendo una incógnita y hay un choque frontal en cuanto al monto de la factura.
Bruselas exigiría un pago que rondaría los 60.000 millones de euros. Londres no pasa de 20.000 millones, una cifra que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, descalificó como “migajas”.
La interpretación de lo que significa el pago de esa factura también divide a Londres y Bruselas. Para el Gobierno británico sería una forma de garantizarse que habrá un acuerdo comercial futuro. Para los negociadores europeos es únicamente el cierre de la membresía británica en la UE.
Los europeos solo aceptan en esta cumbre admitir que ha habido “progresos”, pero no suficientes para pasar a la segunda fase de la negociación, la de la futura relación. La idea de la cumbre era no dar un portazo en la cara a May, porque su caída, con el ala más radical de su partido al acecho para quitarle la silla, complicaría aún más las negociaciones.
Pero tampoco ceder en cuanto a las prioridades europeas. Siguiendo esa lógica, Merkel vio el jueves “signos esperanzadores” que podrían permitir que la negociación se acelere para que en la próxima cumbre europea, en diciembre, se pueda pasar a la segunda fase.
May pidió a sus homólogos que tengan algo de flexibilidad y prometió que los ciudadanos europeos podrán quedarse sin problemas en el Reino Unido. Pero los gobiernos europeos exigen que el Tribunal de Justicia de la UE siga vigilando los derechos de esos ciudadanos, incluso, después de la salida británica.
Londres aún no acepta ese extremo. El Gobierno del Reino Unido parece encontrarse entre la espada de Bruselas y la pared que le marcan los radicales en su partido, como el canciller Boris Johnson, una de las figuras principales de la campaña por la salida de la UE.
Los últimos sondeos realizados en el Reino Unido muestran que más de la mitad de la población cree que la salida del bloque económico europeo es un grave error.
IDAFE MARTÍN PÉREZ
Para EL TIEMPO
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