Rey emérito Juan Carlos I se libra de un juicio político en España

Rey emérito Juan Carlos I se libra de un juicio político en España

Los diputados consideraron que el rey goza de inmunidad constitucional a pesar de haber abdicado.

Rey de España

El Congreso español se negó a abrir una comisión para investigar al rey emérito, Juan Carlos I (Izq.).

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EFE

Por: Juanita Samper Ospina
16 de junio 2020 , 03:39 p.m.

El rey emérito Juan Carlos I se libró de un juicio político en el Congreso español por tercera vez consecutiva. Fue un intento más del ala republicana del aparato legislativo de llevar al exmonarca al banquillo a dar explicaciones por las supuestas comisiones que recibió por la construcción de la línea férrea que conecta a La Meca con Medina en Arabia Saudí

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El procedimiento de citar al Congreso al Rey, que rigió entre 1975 y 2014, surtió todos los trámites sin alcanzar el éxito final. Las fuerzas republicanas fueron derrotadas el martes por los sectores monárquicos. Sin embargo, no cesan y piden que se retiren las estatuas y cuadros de Juan Carlos en el Congreso, dentro de la ola mundial contra personajes antiguamente venerados.

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Unidas Podemos -partido de extrema izquierda que forma parte del gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez- se alió a otras agrupaciones para buscar la creación de una comisión que investigara al rey emérito. Se trata de Esquerra Republicana (ERC), JxCat, CUP y Compromís -grupos independentistas catalanes de vocación republicana-; Bildu -partido de antiguos miembros de ETA-; y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que pretende la soberanía del País Vasco.

Llegaron a la conclusión de que los delitos que se le atribuyen al Rey no pueden ser investigados por el Congreso porque goza de inmunidad constitucional

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El aparato legislativo español tiene facultades para investigar a cualquier ciudadano. En esta ocasión se pretendía que fuera el propio Juan Carlos I, padre del actual monarca Felipe VI, quien informara de sus dudosos ingresos económicos, objeto de investigación en la Fiscalía suiza.

Sin embargo, los abogados del Congreso, órgano consultivo del legislativo, desestimaron el propósito y llegaron a la conclusión de que los delitos que se le atribuyen al Rey no pueden ser investigados por el Congreso porque goza de inmunidad constitucional como jefe de Estado. Era el argumento defendido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos de la oposición: el conservador Partido Popular (PP) y Vox, de extrema derecha.

Los grupos políticos republicanos creían suficiente el hecho de que el exmonarca hubiese recibido comisiones cuando ya no era jefe de Estado y, por tanto, carecía de cualquier protección constitucional. En efecto, Juan Carlos I habría recibido 100 millones de dólares una vez producida la abdicación. Esa cantidad habría sido donada posteriormente a su amiga íntima Corinna Larsen.

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El dictamen de los abogados del Congreso decidió que era inadecuada la creación de la comisión investigadora “toda vez que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en […] la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes”.

La negativa del PSOE y el Partido Popular (PP) a que se abriera la investigación tiene que ver con que estas dos formaciones políticas fueron las fuerzas determinantes en la vuelta a la democracia en 1975, tras 40 años de la dictadura del general Francisco Franco.

Si hubiera prosperado la creación de la comisión, Juan Carlos I habría tenido que acudir al Congreso y, de ser hallado responsable, sortear un juicio político, aunque no vinculante judicialmente. El rey se salva por ahora, mientras continúa la investigación sobre los mismos hechos del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional español, que tendrá la última palabra.

JUANITA SAMPER OSPINA
Corresponsal de EL TIEMPO 
Madrid

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