El primer ministro británico, Boris Johnson, le propinó este miércoles un duro golpe al Parlamento y abrió una crisis inédita en su país, al conseguir que la reina Isabel II aprobara su petición de suspender el periodo de sesiones de Cámara de los Comunes a partir de la segunda semana de septiembre y hasta el 14 de octubre, dos semanas antes del 'brexit' (salida del Reino Unido de la Unión Europea).
La medida se traduce en un cierre parlamentario que reduce el margen de movilidad de la oposición, liderada por el laborista Jeremy Corbyn, que venía cocinando una ley para impedir los planes oficialistas de lograr a toda costa un divorcio de la UE.
El cierre parlamentario ya había sido impuesto por otros mandatarios al comienzo de su gestión para imponer planes de gobierno, pero en el caso de Johnson –un defensor a ultranza del 'brexit' duro– se ha visto como una temeraria declaración de guerra al ente legislativo, que ya había obligado a su predecesora, Theresa May, a renunciar al cargo en junio pasado, tras fracasar en su plan de salida del bloque europeo, acordado por referéndum en 2016.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.
Neil Hall / Efe
Johnson madrugó este miércoles a reunirse con la reina Isabel II en su residencia escocesa de Balmoral y le entregó una carta con los detalles de la petición. La soberana de 93 años, que es la jefa de Estado, por norma acepta las sugerencias de su primer ministro. Este caso no fue la excepción, y luego de consultar con su Consejo Privado, firmó la medida denominada ‘prorrogación’, que entra en vigor inmediatamente.
El premier ha tenido acercamientos para reabrir las negociaciones con las autoridades europeas, que mantienen que el acuerdo de salida suscrito en noviembre del año pasado con May sigue vigente y no da cabida a cambios de ningún tipo.
“El 'brexit' ocurrirá el 31 de octubre. Ya nadie puede detenerlo ahora”, aseguró a EL TIEMPO el político y exparlamentario conservador cercano al gobierno David Ruffley, al comentar que esta acción “no debería ser considerada un gran problema”. A su juicio, “Johnson tiene el derecho, como nuevo primer ministro, de establecer su agenda de política interna para su nuevo gobierno, y esto solo puede hacerse con el discurso de una reina”.
Líderes de la oposición solicitaron audiencias a la Reina Isabel II luego que aprobara la suspensión del parlamento.
Victoria Jones / Reuters
Ruffley explicó que la oposición está confundida porque ya se pasó una norma parlamentaria que establece la salida del Reino Unido de la UE para el 31 de octubre.
“Incluso si los defensores de mantenerse en la UE logran los votos para una moción de no confianza contra el gobierno de Johnson a comienzos de septiembre, lo cual todavía podría ocurrir, llevaría a un llamado a elecciones generales anticipadas. Pero, bajo la Constitución británica, sería el primer ministro el que fijaría la fecha para noviembre, después del 'brexit'”, explicó el político, quien dijo que Johnson “estaría actuando de manera legal y constitucional”.
Pero el propio presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que tiene un papel neutral, calificó la suspensión parlamentaria como “un ultraje constitucional” y advirtió que se viene un choque de poderes sin precedentes.
Jeremy Corbyn , líder opositor del Partido Laborista, envió una carta a Isabel II para expresarle su preocupación por los planes de Johnson.
Daniel Leal-Olivas / AFP
A su vez, todos los líderes de la oposición denunciaron la acción de Johnson como un golpe al sistema democrático de este país, de tipo parlamentario y no presidencialista, donde las decisiones son discutidas y aprobadas por sus 650 miembros, que hacen vida en el Palacio de Westminster, en Londres.
“Esta es una confrontación directa que puede costarle el puesto al propio Johnson, cuyo partido Conservador no cuenta con la mayoría necesaria para gobernar”, dijo a este diario el editor y analista Enrique Zattara, para quien “la medida no es más que un golpe de Estado al Parlamento, donde está representada la voz del pueblo británico”.
En ese mismo sentido, el analista político Stephan Bello comentó que la medida de Johnson busca “impedir y dificultar el debate constitucional sobre el tema más crítico que afecta al Reino Unido en los últimos 70 años”.
De hecho, la noticia del cierre parlamentario provocó una devaluación de la libra esterlina, que perdió un 0,6 por ciento frente al dólar y el euro, mientras expertos advertían sobre una desaceleración del crecimiento económico británico, resentido por la incertidumbre frente al 'brexit'.
MARÍA VICTORIA CRISTANCHO
Para EL TIEMPO
Londres
En Twitter: @mavicristancho