Este lunes se conoció en España el borrador de la ley de secesión de Cataluña, que establece las normas de juego en esa región en caso de que el gobierno central no acepte la celebración de un referendo sobre la independencia.
El periódico 'El País' publicó apartes del borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica, conocida como ley de ruptura, que entraría en juego en caso de que se niegue la consulta, lo que llevaría a declarar la independencia catalana.
La intención de la Generalitat (gobierno catalán) es celebrar un referendo al final del verano, en el que los votantes deben contestar a la siguiente pregunta (que se plasma en el borrador de la ley): ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?
El documento fue redactado por un grupo de políticos catalanes y hasta ahora se mantenía en secreto. En él se establece, entre otros aspectos, que se instituiría una república, que el catalán sería el único idioma oficial, que los jueces dependerían de la Generalitat y que se traspasarían a Cataluña los funcionarios y bienes de España en la región.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo este lunes que no permitirá que entre en vigor esa ley, a la que calificó de “disparate desde todos los puntos de vista” y de “delirio jurídico”. Señaló que esa intención de independencia “exprés” es “la liquidación del Estado de Derecho” y que es un intento “gravísimo de liquidar en pleno siglo XXI un Estado Nacional en 24 horas”.
Hasta antes de que 'El País' la hiciera pública, solo nueve dirigentes catalanes habían tenido acceso al borrador de la ley de ruptura.
Se trata del president Carles Puigdemont, Oriol Junqueras (vicepresidente), Lluís Corominas, Benet Salellas, Jordi Orobitg, Raúl Romeva, Carles Viver, Pi-Sunyer, Gabriela Serra y Víctor Cullel.
El borrador ha sufrido múltiples cambios y, de hecho, el que dio a conocer el diario español no es el más reciente.
La ley parte de la base de que Cataluña seguiría siendo parte de la Unión Europea, a pesar de las advertencias de las instituciones y del mismo grupo de países.
Prevé, además, la amnistía de todos los imputados y condenados relacionados con causas judiciales vinculadas al proceso soberanista, incluido Artur Mas (expresidente de la Generalitat, que convocó una consulta contra los deseos del gobierno central).
Artur Mas (expresidente de la Generalitat, que convocó una consulta contra los deseos del gobierno central).
Efe
También establece que la Generalitat pasaría a ser la dueña de 1.080 edificios del Estado, valorados en 685 millones de euros.
El proyecto diseña un sistema de elección de jueces que en realidad permitiría al gobierno tener el poder sobre ellos.
El presidente nombraría al fiscal y al presidente del Supremo. Se eliminarían, pues, los límites claros de la independencia de poderes.
La ciudadanía se les otorgaría a las personas que lleven un año empadronadas en un municipio catalán, a quienes demuestren que llevan dos años viviendo allí o que anteriormente han pasado cinco años en la región.
También a los que han nacido en Cataluña y a sus descendientes.
Los jueces, los policías y los funcionarios tendrán que aprender el catalán.
La independencia de Cataluña ha estado moviéndose en los últimos años.
AFP
Puigdemont, que el lunes dictó una conferencia en Madrid, insistió en que continuarán con la intención independentista, ya sea a través de “un referendo pactado” o de uno “homologado internacionalmente”.
Juanita Samper Ospina, Corresponsal de El Tiempo
Madrid, España
