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‘Solución al impulso independentista tiene que pasar por la ley’
Líderes catalanes

Entre los líderes separatistas liberados esta semana está el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras (centro), condenado a 13 años de cárcel y a 13 más de inhabilitación por sedición.

Foto:

Josep Lago. AFP

‘Solución al impulso independentista tiene que pasar por la ley’

José Luis Ayllón habló con EL TIEMPO sobre la tensión que revivió el indulto a líderes catalanes.

Con los indultos concedidos esta semana a los nueve líderes independentistas catalanes que estaban presos hace más de tres años por el intento fallido de secesión de 2017, el presidente español, Pedro Sánchez, dio un giro en el pulso entre el gobierno central y el de esta comunidad autónoma.

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“La generosidad y el respeto son el camino que hemos elegido. Y esperamos que esos cientos de miles de catalanes y catalanas a los que representan los políticos indultados elijan también esta misma senda”, escribió Pedro Sánchez en una columna en el diario 'El País', donde invitó a “superar la división” para dedicar toda la “energía política a mejorar la vida real de la ciudadanía”.

Durante los últimos años expresidentes, como Mariano Rajoy, se habían cerrado al diálogo. Pero el actual dirigente socialista busca reactivar la paralizada mesa de negociación con los líderes independentistas que en febrero de 2020 se frenó por la pandemia.

Y mientras España se prepara para recibir el verano con una caída de los contagios del covid-19 y con la próxima cita electoral nacional en dos años, el gobierno de Sánchez deberá enfrentar el hecho de que las posiciones de ambas partes siguen estando en las antípodas.

Más moderado que sus dos predecesores, el nuevo presidente regional catalán, Pere Aragonès, con quien Sánchez se reunirá este martes, mantiene la exigencia de un referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con Madrid.

Una posibilidad negada de plano por el gobierno central, abierto a una votación en Cataluña, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en sanidad, educación y seguridad.

(Lea también: Gobierno español aprueba el indulto a los líderes catalanes presos

El analista político José Luis Ayllón, director de contexto político de la consultoría de asuntos públicos Llorente y Cuenca, habló al respecto con EL TIEMPO.

José Luis Ayllón, director de contexto político de la consultoría de asuntos públicos Llorente y Cuenca.

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Archivo particular.

¿Cuál es la razón por la que el presidente Sánchez dio este paso de acercamiento hacia los separatistas?

Hay una parte oficialmente explicada por el Gobierno que es el buscar una fórmula para afrontar de una forma distinta el permanente desencuentro entre las autoridades catalanas y el Gobierno de España y la sociedad española en general.

Muchos analistas indican también que hay un intento por parte del Gobierno de garantizarse las alianzas parlamentarias que en este momento tiene con diferentes partidos nacionalistas —especialmente con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya— que suponen un apoyo importante en el Parlamento nacional.

Durante la legislatura, Sánchez ya ha contado con esos apoyos…

Los tiene, pero siempre en la duda. Formaron parte de la mayoría que permitió la moción de censura (que expulsó al presidente Rajoy) en el año 2018 y posteriormente lo han apoyado en varios momentos.

Es una apuesta arriesgada de Sánchez frente a la oposición, que se va a endurecer aún más. Va a generar en la oposición un punto de ruptura. Va a haber más tensión incluso que la de antes. Había pocos puentes entre la oposición y el Gobierno, pero ahora prácticamente no existe posibilidad alguna de que haya acuerdos entre ellos para ningún asunto de carácter nacional.

¿Cuál es la hoja de ruta que sigue?

Por un lado, se ha acordado poner en marcha una mesa de diálogo entre los políticos independentistas en el parlamento de Cataluña y el Gobierno de España, representado fundamentalmente por el partido socialista y Unidas Podemos. Se buscará una negociación en la que se tendrán en cuenta por un lado las reclamaciones del mundo independentista y, por el otro, los límites que debería imponer el gobierno, que son la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico.

Desde el punto de vista de la solución al problema catalán, habrá que ver si la posición de los independentistas es inamovible, si no cejan en su interés por celebrar un referéndum, proclamar la independencia, etc., y por el otro lado habrá que ver hasta qué punto el Gobierno es capaz de ofrecer una interpretación de nuestra Constitución que permita avanzar en esas negociaciones. Lo veo complicado porque la posición es muy maximalista por parte del gobierno catalán y los límites a nuestro sistema institucional no permiten prácticamente ninguna de las cuestiones que ellos plantean.

También es importante hacer un análisis desde la perspectiva del tiempo: con esta mesa de diálogo el Gobierno gana tiempo. Mientras esté en marcha la mesa, el apoyo parlamentario está garantizado en muy buena medida y por lo tanto el Gobierno puede irse dedicando a hacer otras cosas, sabiendo que contará con ellos a la hora de tomar decisiones en el Parlamento español.

¿Cuál cree que es la solución a largo plazo? Se ha hablado de que España adopte un sistema federal, por ejemplo...

Ninguna solución puede suponer la ruptura de nuestro marco de respeto a las normas. Una cosa es que se digan propuestas y otra cosa es que se puedan hacer. Un modelo confederal necesitaría la reforma de la Constitución, que no es fácil. Es algo que ahora no tiene ni fuerzas ni mayoría parlamentaria suficiente.

Tampoco veo posible que los españoles voten por una solución de ese tipo en un referéndum posterior a la modificación de la Constitución. Por lo tanto, los negociadores de uno y otro lado —especialmente los del Gobierno de España, que representan al conjunto del país— deben ser conscientes de que algunas propuestas que plantean son inviables.

¿A qué cree que van a llegar?

Lo más importante es que sean conscientes de que la ley es para todos. No se pueden proponer cosas que no caben en nuestro sistema constitucional. No podemos reinventar España, uno de los países más viejos del mundo, para encajar mejor las ansias de una parte de Cataluña.

Hicimos una Constitución en el 78, que tuvo el 90 por ciento de apoyo en el país y, por lo tanto, esa es nuestra norma de convivencia. Para cambiarla tiene que haber una voluntad del conjunto de la sociedad española; no solo de una parte. Hay, pues, que respetar el sistema constitucional vigente en España. Si se quiere cambiar, hay que aplicar las normas de juego. Y lo que deberían hacer los políticos es dedicarse a cuidar de la vida de la gente, en lugar de generar tensiones que lo que provocan son pérdidas económicas, de empleo, frustración y tensión.

JUANITA SAMPER OSPINA 
Corresponsal de EL TIEMPO 
MADRID

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