El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont habló el martes desde Bélgica, donde se encuentra, según dijo, para denunciar “el grave déficit democrático que se da en el Estado español”; llevar a Bruselas una parte del ejecutivo catalán ante la denuncia que enfrenta de la Fiscalía; coordinar trabajos que eviten que las medidas centrales desmonten “las instituciones y el autogobierno” catalanes y para preparar las elecciones.
“Asumimos estas elecciones como un reto democrático”, aseguró en unas declaraciones contradictorias, puesto que al tiempo que aceptaba las medidas tomadas por el Gobierno contra la declaración de independencia, se llamaba a sí mismo “presidente”, cargo del que lo destituyó el mismo Mariano Rajoy, amparado en el artículo 155 de la Constitución española.
Rajoy activó ese artículo para intervenir la comunidad autónoma de Cataluña y cesar a todos los principales cargos involucrados en la declaración de independencia, que también anuló. Al mismo tiempo convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre.
Sobre estas, aclaró: “Estamos de acuerdo con que es votando como se resuelven los problemas”. “Respetaremos los resultados de las elecciones del 21D como lo hemos hecho siempre sea cual sea el resultado. ¿Hará el Estado español lo mismo? Quiero un compromiso claro por parte del Estado”, dijo.
Puigdemont, quien descartó la petición de asilo en Bruselas, aseguró haber salido de Cataluña por seguridad y que no regresará mientras no esté convencido de que tendrá “un juicio justo, independiente, con plena separación de poderes, como en la mayoría de los países europeos”. De la misma manera, exigió que les ofrezcan garantías democráticas en el proceso judicial que incluye en total a 20 miembros del Ejecutivo catalán.
Horas después de la comparecencia de Puigdemont, que realizó acompañado de siete exconsejeros, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo admitieron la acusación contra la Generalitat y los miembros de la mesa directiva del parlamento de esa región. Tendrán que comparecer este jueves y viernes. La Fiscalía les imputa los delitos de rebelión, sedición y malversación.
En la Audiencia Nacional, la jueza Carmen Lamela se declaró competente para tomar el caso de Puigdemont y su gobierno.
Lamela pide que los implicados depositen una fianza de 6,2 millones de euros durante los próximos tres días, tal como solicita la Fiscalía, con el fin de cubrir los gastos en los que habrían incurrido para la celebración del referendo ilegal sobre la independencia de Cataluña el primero de octubre.
Horas más tarde, Puigdemont advirtió que no había recibido ninguna citación, con lo que deja la duda sobre si se presentará o no.
Por su parte, el presidente Rajoy convocó un consejo de ministros extraordinario en el que Enric Millo, delegado del gobierno en Cataluña, informó que “en el transcurso de los primeros días, tras la aplicación del artículo 155, todos los departamentos de la Generalitat de Cataluña están funcionando con total normalidad”.
Al final del día, Puigdemont salió de su hotel en Bruselas en un taxi, cuyo conductor aseguró a un grupo de periodistas que esperaba a un cliente para llevarlo al aeropuerto. Otras versiones indicaban que pasaría la noche en la ciudad belga. El expresidente de nuevo generó desconcierto.
JUANITA SAMPER OSPINA
Corresponsal de EL TIEMPO
Madrid
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