El presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo este sábado que convocará al parlamento autonómico para "debatir y decidir" una respuesta a las medidas contra el proceso independentista que impulsa y con el objetivo de "defender las instituciones" de Cataluña.
Puigdemont hizo una declaración oficial horas después de que el ejecutivo español propusiera, para su ratificación por el Senado el próximo día 27, su cese y el de todo su gabinete y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región, donde las autoridades han impulsado un proceso independentista considerado ilegal por la Justicia.
Puigdemont dijo que convocará al parlamento de la región para que responda al intento de "liquidar" la autonomía catalana y frente a lo que considera una pretensión del ejecutivo de Mariano Rajoy de gobernar desde Madrid los asuntos de Cataluña.
"No podemos aceptar este ataque", señaló el dirigente, para quien el ejecutivo español quiere "humillar" a Cataluña. Por eso llamó a una "conjura" para defender las instituciones catalanas y apeló a la "fuerza de la gente" para hacer valer sus aspiraciones.
El primero de octubre tuvo lugar un referéndum en esa región en el que algo más de dos millones de personas, según las autoridades regionales, votaron a favor de separarse de España, para una población de 7,5 millones.
Las medidas aprobadas este sábado por el gobierno español son, a juicio de Puigdemont, el peor ataque sufrido por Cataluña desde la dictadura franquista (1939-75) y un modo por el cual un ejecutivo "ilegítimo" (el de Rajoy) asume la "representación de la voluntad popular" de los catalanes.
Las disposiciones del consejo de ministros siguen la vía del artículo 155 de la Constitución, que faculta al gobierno central para asumir competencias regionales cuando sus autoridades incumplen la legalidad.
La presidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, aseguró este sábado que los integrantes de esa Cámara no permitirán la puesta en marcha de las medidas aprobadas por el consejo de ministros español para restablecer la legalidad en esa región, que calificó de "golpe de Estado de facto".
Según Forcadell, con esas medidas el Ejecutivo español "ha traspasado todos los límites" y se mostró convencida de que son inconstitucionales.
A esas disposiciones no les acompañan "ni la legalidad ni la legitimidad política", según la dirigente independentista, convencida además de que lo aprobado por el gobierno español no cuenta con el apoyo de una mayoría de los catalanes.
Asimismo, recordó la oferta de diálogo de las autoridades catalanas a las españolas, frente a la cual Rajoy se ha comportado "con enorme irresponsabilidad política" y que al final ha dado como resultado un "golpe de Estado de facto con el que pretenden descabezar las instituciones catalanas y apropiarse de ellas", dijo.
BARCELONA (ESPAÑA)
EFE
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