El jefe del Ejército colombiano, el general Nicacio Martínez Espinel, estuvo al mando, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía de llevar a cabo al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de La Guajira y el Cesar.
Así lo afirmó este miércoles un reportaje del periódico español 'El País', que recoge señalamientos anteriores de otros medios de comunicación contra Martínez y que presenta nuevos documentos que supuestamente vincularían a esa brigada con casos de 'falsos positivos', la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual.
La publicación se da poco después de que el diario norteamericano 'The New York Times', y la agencia de prensa Associated Press denunciaran las nuevas directrices del Ejército para mejorar los resultados de las operaciones.
A raíz de estas denuncias, el pasado 27 de mayo, la Procuraduría abrió una investigación contra el General, para determinar la existencia o no de irregularidades en las directivas del Ejército.
Los informes de los medios pusieron en el ojo del huracán a Martínez, quien fue designado como jefe del Ejército el pasado diciembre, y se espera sea ascendido este miércoles en el Senado a general de cuatro soles, la máxima distinción del Ejército.
Respuesta de la Fiscalía a solicitud de información sobre si existen investigaciones contra el general Nicacio Martínez.
Según 'El País', la Décima Brigada Blindada, que dirigió el militar, fue señalada en un informe del exfiscal general Eduardo Montealegre (2012-2016) como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
El comando del Ejército ha explicado por su parte que no hay ninguna investigación formal contra el general por esas actuaciones. "No tiene investigación, sanción o impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para La Paz, por temas relacionados en Derechos Humanos que le impida ejercer cargos públicos", respondió el Ejército.
El Ejército ha sido enfático en decir que, en su papel en la Décima Brigada, el general Martínez tenía que firmar documentos de pagos administrativos, pero no era el determinador de las operaciones militares. "Como se ha advertido en las ruedas de prensa o declaraciones públicas, el cargo en la Décima Brigada era Jefe de Estado Mayor, esto significa que no tenía injerencia ni responsabilidad en la parte operacional, solo en la parte administrativa", indicó el comunicado.
"Los casos reportados en 2005 —durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) — involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual", describe el artículo. "Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios", agrega.
Soldados de este batallón, dice 'El País', fueron responsables en mayo del 2005 del asesinato de Dagoberto Cruz Cuadrados, una persona protegida; Claudino Manuel Olmedo Arlante, y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental. Todos ellos fueron presentados como bajas en combate en el Cesar.
En este departamento también fueron abatidos Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla, originarios del Atlántico, de donde habían salido la noche anterior a su muerte el 20 de noviembre "con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar", se lee en la resolución judicial publicada por el diario.
Los documentos que refiere 'El País' también muestran que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos para obtener información que arrojó "excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros".
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