Fresca aún la polémica por la orden ejecutiva que bloquearía el ingreso al país de ciudadanos de siete países del mundo, el presidente Donald Trump firmó este jueves otros tres mandatos de 'mano dura' con cuales pretende enfocar los esfuerzos del gobierno federal en el combate contra "organizaciones criminales de alcance trasnacional, entre ellos los carteles de la droga y los que trafican con personas". (Lea también: 'Búsqueda de vuelos a EE. UU. habría caído con llegada de Trump')
En una segunda orden, firmada durante la ceremonia de posesión del nuevo fiscal general Jeff Sessions, el presidente pidió la creación de un grupo de trabajo del más alto nivel, cuya misión será desarrollar nuevas políticas para combatir la inmigración ilegal, el narcotráfico y los crímenes violentos.
Aunque se trata de temas que siempre han preocupado a Washington, no pasó desapercibido el hecho de equiparar a un mismo nivel el flujo de ilegales con el tráfico de drogas y otro tipo de acciones violentas en el país.
En esta orden el presidente alega que muchas comunidades del país están experimentado altos niveles de criminalidad y por tanto pide a su vez dedicar la mayor cantidad de recursos posibles en su combate.
Se trata de un tema polémico, pues Trump viene alegando desde la campaña que los índices de violencia en el país son los más altos cuando las propias estadísticas del FBI dicen lo contrario. De hecho, la tasa presente de crímenes por 100.000 habitantes es casi la mitad de la que existía hace 45 años.
Así mismo, su énfasis en la ilegalidad como uno de tres elementos que amenazan la seguridad de los estadounidenses es novedosa y para muchos podría ser el preámbulo de la creación de las fuerzas de deportación que anunció el mandatario antes de llegar a la Casa Blanca.
En la orden ejecutiva sobre crimen trasnacional, el presidente sostiene que dichas organizaciones se han expandido por el país y amenazan a los ciudadanos.
"Estos grupos son conductores de crimen, corrupción, violencia y miseria. En particular el tráfico de drogas de estos carteles ha disparado el abuso de drogas y la violencia relacionada con ello. Así mismo el tráfico de personas amenaza con crear una crisis humanitaria. Es necesario una aproximación decidida y conjunta para desmantelar estos sindicatos del crimen y restituir la seguridad de los estadounidenses", dice la orden. (Además: Trump insinúa que la justicia de su país está politizada)
Además de pedir a las agencias de seguridad dar la más alta prioridad a este mandato y dedicar la mayor cantidad de recursos en el esfuerzo, la orden pide hacer énfasis en la captura y 'extradición' de los miembros de estas organizaciones.
Así mismo pide que en los próximos cuatro meses se elabore en reporte en el que se identifique a estas organizaciones de crimen transnacional y su grado de penetración en EE. UU., al igual que informes anuales, subsiguientes, para evaluar el progreso.
La orden también propone aumentar la cooperación con los socios extranjeros que luchan contras las drogas y menciona incremento en el intercambio de inteligencia y "asistencia en el campo de la seguridad" con otros gobiernos.
Las nuevas políticas de Trump, no hay duda, tendrán un efecto en la región y posiblemente en sus relaciones con Colombia.
Queda claro con ellas, por ejemplo, que el narcotráfico y una política de mano dura para combatirlo, vuelve al centro de la agenda entre ambos países.
Así mismo, no es claro qué pasará con las Farc si llegan a ser incluidas en esta nueva lista de organizaciones transnacionales del crimen.
A la fecha, las autoridades de EE. UU. aún consideran al grupo como uno de los carteles del narcotráfico más grande del mundo y muchos de sus miembros han sido pedidos en extradición por este delito. (También: Donald Trump le hace resistencia a la justicia y el Congreso)
Y si bien el acuerdo de paz al que llegaron con el Gobierno los blinda de un posible envío a EE. UU., no es descabellado suponer que surgirán tensiones si la administración Trump presiona por su extradición.
Por otra parte, una de las altas asesoras de Trump, Kellyanne Conway, se metió en problemas al pedirle este jueves a los estadounidenses durante un programa de televisión comprar ropa y accesorios de la empresa de Ivanka Trump, hija del presidente.
Los empleados federales, como Conway, tienen prohibido utilizar su cargo para patrocinar cualquier tipo producto. En este caso, más controvertido aún por tratarse de la familia del presidente.
Trump mismo fue quien comenzó la polémica cuando arreció contra la cadena de almacenes Nordstrom por discontinuar la venta de productos de la diseñadora.
De acuerdo con Trump, se le está castigando injustamente por ser su hija. Según la empresa, la mercancía salió de circulación por que no se estaba vendiendo.
Si bien la defensa de Trump plantea un claro conflicto de intereses, el presidente, por su posición, está exento de cualquier acción disciplinaria.
Ante un intenso bombardeo de preguntas, Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, dijo solamente que a Conway se le había 'asesorado' sobre los límites de su cargo.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68
