Un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que protege la privacidad de los datos digitales de ciudadanos europeos que son procesados al otro lado del Atlántico podría verse afectado por una orden ejecutiva de Donald Trump.
El pacto, conocido como Escudo de la Privacidad, sustenta un negocio digital valorado en 260.000 millones de dólares y en el que participan cerca de 1.500 empresas, desde Google y Microsoft hasta la filial de Telefónica en EE. UU.
El acuerdo entró en vigor en agosto del 2016 y permite que las empresas muevan desde Europa a EE. UU. información relacionada con transacciones bancarias o identificaciones de usuario, y que esos datos digitales de ciudadanos europeos tengan las mismas protecciones de las que disfruta un estadounidense.
Pero Trump, como parte de una orden ejecutiva contra la inmigración ilegal, eliminó la protección de los datos de extranjeros en EE. UU. y podría dejar en el aire el pacto de privacidad con Europa. El decreto indica que las agencias estadounidenses como el FBI o la NSA “deberán asegurarse de que no aplican las protecciones de la Ley de Privacidad a personas que no son ciudadanos de EE. UU. ni residentes legales”.
La administración republicana considera la lucha contra la inmigración ilegal entre sus prioridades, y uno de sus daños colaterales puede estar en Europa.
El acuerdo entró en vigor en agosto del 2016 y permite que las empresas muevan desde Europa a EE. UU. información relacionada con transacciones bancarias o identificaciones de usuario.
La Comisión Europea sostiene que una directiva firmada en el 2014 por el expresidente Barack Obama ya extendía los beneficios de la Ley de Privacidad –a la que hace referencia Trump– a los ciudadanos europeos. Esa protección, según la Comisión, está blindada ante el decreto de Trump, firmado el pasado 25 de enero, pero parlamentarios europeos como Jan Philipp Albrecht, vicepresidente del Comité de Libertades Civiles y Justicia en el Parlamento Europeo, difieren de esta interpretación.
“La orden ejecutiva es un paso atrás en las garantías que EE. UU. ya había concedido acerca de los derechos de privacidad de los ciudadanos extranjeros”, dice Albrecht desde Estrasburgo. El parlamentario europeo defiende que el decreto crea “incertidumbre” y que si la Comisión descubre que se están limitando los derechos de los europeos en EE. UU., “se debe suspender” el pacto.
El Escudo de la Privacidad tiene como objetivo proteger los datos de europeos enviados a EE. UU. por motivos de seguridad, así como los que sean enviados por empresas privadas desde la UE para ser procesados en EE. UU. y a los que después puedan tener acceso esas autoridades.
CRISTINA F. PEREDA
Ediciones EL PAÍS, SL 2017