Este miércoles, el presidente Donald Trump desató una gran polémica al amenazar a Colombia con "descertificarla" por no cumplir con los acuerdos internacionales en materia de drogas, citando el incremento de los cultivos ilícitos en el país.
Aunque Trump dijo que de momento no tomará medidas (aunque sostuvo estar cerca de hacerlo), advirtió que la opción se mantiene sobre la mesa y dependerá de los resultados futuros en esta materia.
En otras palabras, el presidente estadounidense estaría contemplando equiparar a Colombia con Venezuela y Bolivia, los únicos dos países que actualmente están en la lista negra por no cooperar.
La advertencia provocó una fuerte reacción del Gobierno colombiano, el cual dijo que el país no tenía por qué ser amenazado para hacer lo que le corresponde y le reclamó a EE. UU. hacer lo propio para controlar el consumo.
La amenaza de Trump parte de una ley, el Acto de Autorizaciones para las Relaciones Internacionales del año 2003, con la cual el Congreso le dio poderes al presidente para sancionar a los países que no cooperaban en la lucha contra las drogas.
Esa ley reemplazó en la práctica al "mecanismo de certificación", el modelo que utilizó EE. UU. en la década del 90 para medir y evaluar la lucha contra las drogas y que fue causa de gran malestar entre muchos países del mundo.
Bajo este modelo, Washington evaluaba anualmente el desempeño de todos los países donde se producía droga, servían de tránsito para esta o proveían los precursores químicos para producirlas.
La evaluación estaba basada en los compromisos adquiridos por los países firmantes de las Convenciones de Viena sobre lucha contra los estupefacientes y los estándares exigidos por EE. UU.
En esa evaluación, que se presentaba cada 1.° de marzo por mandato del Congreso, el Departamento de Estado y la Casa Blanca "certificaban" a los que habían cumplido y "descertificaban" a los que no.
Los "descertificados" eran sujetos de sanciones que incluían la suspensión de toda ayuda antinarcóticos. Eso salvo que el presidente emitiera un 'waiver' o cláusula de excepción en la que establecía que en aras del interés nacional, continuaría cooperando con el país sancionado.
Colombia, entre 1995 y 1998, fue incluido varias veces en esa lista y fue uno de los momentos más tensos de las relaciones bilaterales.
Ante el malestar global que causaba tener que "aprobar" el examen de Washington todos los años, el mecanismo fue reemplazado en el 2003 por un modelo que suena un poco diferente, pero en la práctica tiene los mismos efectos.
Todos los años, en marzo, el Departamento de Estado presenta su evaluación, país por país, de la lucha contra las drogas, pero sin que exista una certificación como tal de por medio.
Antes del 15 de septiembre de cada año, sin embargo, el presidente debe informarle al Congreso cuáles países considera han seguido siendo los mayores productores de drogas y vehículos para su tránsito. Esa mención tampoco genera sanciones y la misma ley establece que su inclusión en la lista no refleja los esfuerzos de un país, sino la realidad del terreno.
Esos países designados, como en el caso de los descertificados, son los que quedan expuestos a sanciones que incluyen la suspensión de toda la ayuda
Paralelamente, sin embargo, la ley le pide al presidente "designar" a los países que "hayan fallado de manera demostrable" en su compromiso con el combate a las drogas.
Esos países "designados", como en el caso de los "descertificados", son los que quedan expuestos a sanciones que incluyen la suspensión de toda la ayuda.
En otras palabras, EE. UU. ya no certifica a los buenos –la causa del malestar– sino solo "descertifica" o designa a los malos. Que termina siendo solo un maquillaje del antiguo mecanismo, pues todos saben que para poder determinar quién cumplió y quiénes no están siendo evaluados anualmente.
Este ha sido el caso de Venezuela a lo largo de los últimos años, un país con el cual EE. UU. ya no tiene relaciones diplomáticas y ha roto toda cooperación en materia antidrogas. Y el de Bolivia desde la llegada de Evo Morales a la presidencia cuando decidió expulsar a los funcionarios de la DEA en ese país.
Y es lo que ahora Trump vislumbra para Colombia si no cambian las cosas en el corto plazo.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @sergom68
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