El presidente Donald Trump desató una intensa polémica esta semana en el país al anunciar una serie de medidas migratorias que muchos de sus críticos interpretaron como una maniobra para fomentar la participación de su base en las elecciones legislativas de este próximo 6 de noviembre.
Por un lado, Trump indicó que piensa firmar una orden ejecutiva que pondría fin al derecho a la ciudadanía que hoy tienen todos los que nacen en Estados Unidos con padres inmigrantes. El presidente sugiere que estos no lo sean ni tampoco aquellos de padres que estaban legales, pero no son de EE. UU.
Y, por el otro, confirmó el envió de unos 5.200 miembros de las fuerzas armadas a la frontera con México para, se supone, impedir el ingreso de dos caravanas de inmigrantes que vienen procedentes de Honduras.
Junto a los militares, llegarían helicópteros y otros equipos que se utilizarían para respaldar las labores de los 6.500 hombres de la patrulla fronteriza y de otros 2.000 miembros de la Guardia Nacional que ya habían sido enviados durante la primavera también por orden del presidente.
"Somos el único país en el mundo donde una persona viene, tiene un hijo y ese hijo se vuelve ciudadano por más de 85 años y con todos los beneficios. Eso es ridículo y tiene que acabarse", sostuvo el Presidente durante una entrevista con la cadena Axios, en la que anticipó el contenido de su orden ejecutiva con la que piensa terminar con la práctica.
De entrada, sus detractores le recalcaron nuevamente su "ligereza" con los datos, pues hay otros 33 países del mundo, entre ellos, Canadá y México, donde la ciudadanía también se concede por nacimiento.
Pero más de fondo, lo atacaron por pretender modificar la Constitución nacional utilizando un decreto. Algo que una gran mayoría de expertos considera imposible.
Actualmente, el derecho a la ciudadanía por nacimiento está consagrado en la enmienda 14 de la Constitución. Y la única manera de reformar la Constitución es a través de una acción del Congreso que requiere el voto de las dos terceras partes y, luego, la aprobación del 75 por ciento de los congresos estatales o a través de una convención citada por las dos terceras partes de los congresos estatales y luego ratificada por, al menos, 38 de los 50 estados.
El envío de soldados busca frenar la caravana de al menos 7.000 inmigrantes que partió desde Honduras el pasado 13 de octubre.
Ueslei Marcelino / Reuters
Lo que propone Trump es una clara y burda maniobra inconstitucional cuyo único propósito es arar más división e incendiar el odio antiinmigrante a pocos días de las elecciones
"Lo que propone Trump es una clara y burda maniobra inconstitucional cuyo único propósito es arar más división e incendiar el odio antiinmigrante a pocos días de las elecciones", dijo en respuesta la poderosa Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA).
Aún así, siempre ha existido debate en EE. UU. sobre el verdadero alcance de la enmienda 14. Algunos sostienen que su intención original era garantizar la ciudadanía de todos los nacidos en el país sin importar el estatus de los padres. Pero hay otro grupo de expertos que considera que eso no debería incluir a los hijos de padres ilegales.
Y existe un sector, minoritario y más conservador, según el cual, afirma que el propósito de la enmienda era conceder la ciudadanía a los esclavos que estaban siendo liberados y, por lo tanto, su aplicación actual sería equivocada.
Dan McLaughlin, abogado experto en derecho constitucional, lo pone en términos más simples: "Un debate en torno a las bondades o defectos de esta enmienda puede ser pertinente. Pero una interpretación propia de la enmienda como está escrita garantiza la ciudadanía a quien nazca en este país".
En otras palabras, o se cambia la Constitución o se le da una nueva interpretación a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, muchos ven en esto una maniobra política, ya que si Trump promulga su orden esta sería demanda en el acto y quedaría suspendida mientras hace su largo curso por el sistema judicial (como mínimo un par de años).
Pero en el corto plazo lo hace ver duro frente a un tema, el migratorio, que como se recuerda fue el que lo llevó a la Casa Blanca y que espera ahora le ayude a preservar las mayorías en el Congreso.
Algo similar sucede con el envío de militares a la frontera. Trump ha dicho, sin aportar pruebas, que dentro de la Caravana viajan criminales y terroristas y que piensan invadir al país.
Pero la caravana está aún a mil millas de EE. UU. y tardará más de un mes en llegar. Si es que lo logra, pues por lo general este tipo de caravanas suelen dispersarse en el camino y en su mayoría están compuestas por mujeres, niños y personas de edad que no están cometiendo un crimen cuando llegan a un puesto fronterizo pidiendo asilo.
Así mismo, dado que por ley los militares no pueden ni detener ni deportar a inmigrantes en la frontera, su presencia será más de respaldo a las labores de la guardia fronteriza y fortalecimiento de la infraestructura.
"Mandar al ejército más poderoso del mundo contra un grupo de gente pidiendo asilo es una vergüenza. A los militares los están usando con fines electorales", dice Kevin Appleby, del Centro de Estudios Migratorios.
Mandar al ejército más poderoso del mundo contra un grupo de gente pidiendo asilo es una vergüenza. A los militares los están usando con fines electorales
Aliados del presidente en el Congreso, como el senador Lindsey Graham, sostienen que no hay tal ya que el presidente solo está defendiendo los intereses del país.
Graham hasta prometió presentar un proyecto de ley para acabar con la ciudadanía por nacimiento, pues dice que se ha convertido en un imán para que más gente quiera migrar a EE. UU.
Pero también conservadores, como el comentarista Bill Kristol, a quien han fustigado sin piedad, piensa que "la decreciente caravana de refugiados no es una amenaza para nuestro país o el orden constitucional. Pero un presidente que trata de poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento sí lo es".
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington