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Declaran culpables de narcotráfico a sobrinos de esposa de Maduro
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Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freita son sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.

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REUTERS

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Pena mínima podría ser 10 años de cárcel y la máxima, cadena perpetua. Sentencia se sabrá en marzo.

Un jurado estadounidense declaró el viernes culpables de planificar el envío de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos a dos de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.

Tras ocho días de juicio y seis horas y media de deliberaciones en un tribunal federal de Nueva York, el jurado falló de forma unánime que Efraín Antonio Campo Flores, de 30 años, y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, de 31, son culpables de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y de conspiración para manufacturar y distribuir cocaína en el país.

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El juez Paul Crotty de la corte federal del sur de Manhattan, a cargo del caso, fijó como fecha tentativa de la sentencia el próximo siete de marzo. La pena mínima podría ser de 10 años de cárcel y la máxima, cadena perpetua, pero el fallo puede ser apelado por la defensa. Los dos sobrinos, presentes en la corte federal durante todo el juicio, escucharon serios el veredicto, con rostro inexpresivo.

El caso ha representado una vergüenza para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de una aguda crisis económica y política en la nación suramericana. Es uno de varios procesos en los que fiscales estadounidenses han vinculado a individuos relacionados con el Gobierno venezolano con el narcotráfico.

Ambos fueron detenidos en Haití en noviembre del año pasado por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York, donde han permanecido casi un año en prisión a la espera del juicio. La DEA llevó a cabo una operación encubierta con informantes confidenciales en Venezuela y Honduras para atrapar a los dos sobrinos.

Los abogados de los acusados, de uno de los mejores bufetes de Manhattan, aseguraron durante el juicio que sus clientes fueron víctimas de una trampa tendida por informantes inescrupulosos y mentirosos de la DEA y que son tan “estúpidos” y “novatos” que cayeron en ella. La fiscalía aseguró, no obstante, que los sobrinos se creían “tan poderosos” por su cercanía al presidente Maduro que “podían trasladar casi una tonelada de cocaína de un aeropuerto a otro sin ser detenidos”.

Pruebas suficientes

Grabaciones de video, fotos y transcripciones de conversaciones telefónicas mostradas al jurado durante el juicio muestran a los acusados negociando el envío de 800 kg de cocaína de Venezuela a Honduras a cambio de un total de 20 millones de dólares, y a los informantes diciendo que el destino final de los cargamentos sería Estados Unidos. Campo Flores aparece en un video sosteniendo un ladrillo blanco que asegura es cocaína proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Aseguran en otras grabaciones que tienen control del aeropuerto internacional de Caracas, además de acceso al hangar presidencial. En un chat telefónico mostrado por la fiscalía al jurado, Campo Flores dice que precisaba hacer el trabajo para aportar dinero a la campaña para las elecciones legislativas de diciembre del 2015 en Venezuela, en la que su tía Cilia Flores, esposa de Maduro, fue reelegida como diputada de la Asamblea Nacional.

Fueron atrapados con las manos en la masa. Hay evidencia real en sus teléfonos, que fueron incautados; en sus confesiones, en las grabaciones”, donde Campo Flores dice que puede encontrar cocaína por montones, dijo el jueves pasado el fiscal Emil Bové al jurado.

“Al menos durante 13 veces”, los acusados escucharon “que las drogas vendrían a Estados Unidos. Lo hicieron a sabiendas”, dijo.

La defensa destacó que la DEA no incautó un gramo de droga en la operación y dijo que los sobrinos no tenían la capacidad de conseguir o transportar 800 kg de droga.

Por otra parte, el partido opositor Primero Justicia (PJ), uno de los miembros de la MUD, anunció que del 30 de noviembre al 4 de diciembre realizará una jornada en la que espera recoger las firmas de quienes desean participar en el referendo revocatorio contra el presidente Maduro.

Sería una especie de “referendo popular” sin efecto legal vinculante, con el que la oposición espera retomar una agenda de presión en la calle y, a la vez, cuantificar el número de personas dispuestas a revocar al actual presidente. Los resultados serán presentados en la mesa de diálogo que auspicia el Vaticano.

AFP

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