La aparente solidez de las relaciones bilaterales entre EE. UU. y Colombia quedó esta semana patas arriba luego de que el presidente Donald Trump amenazó con descertificar al país, pues, a su juicio, no estaría cumpliendo los compromisos antidrogas.
Sus palabras, tanto en Washington como en Bogotá, cayeron como un baldado de agua fría de otra época. Pocos entendieron la rudeza del actual presidente de EE. UU. con el que se supone es su mejor aliado en la región.
Menos aún a la luz de los acontecimientos recientes: hace un mes, el vicepresidente Mike Pence visitó Cartagena en su primera parada en Latinoamérica para, precisamente, estrechar esa alianza, y se supo, el jueves pasado, que el mismo Trump invitó al presidente Juan Manuel Santos a una cena este lunes en Nueva York, cuyo objetivo es discutir opciones frente a la crisis de Venezuela.
El Gobierno colombiano, perplejo, reaccionó pidiendo a EE. UU. hacer más para controlar la demanda y reiterando que Colombia sigue más comprometida que nunca.
Aunque hay debate sobre si el tono empleado por Trump fue el indicado –y la mayoría de expertos consultados por este diario cree que no–, lo cierto es que algo se veía venir. Incluso desde los años de la administración Obama, la preocupación venía creciendo por el inusitado aumento de los cultivos ilícitos, que desde el 2013 hasta el 2016 se incrementaron en más de un 100 por ciento. “El sol no se puede tapar con las manos. El problema es evidente y no solo tiene en alarma a los republicanos, sino a los demócratas, como lo dejó claro la senadora Dianne Feinstein en una audiencia en el Congreso. A nadie le conviene volver esto una disputa pública, pero es obvio que hay que tomar correctivos”, le dijo a EL TIEMPO Roger Noriega, exsubsecretario de Estado de George W. Bush.
A eso se han sumado dos elementos que cambian la ecuación. A mediados de este año, un reporte de la DEA confirmó, por primera vez, que el incremento de los cultivos se está sintiendo en las calles, donde el consumo ha crecido en al menos 10 por ciento y se detecta una caída del precio y un aumento en la pureza de la cocaína.
Eso, como dice el exenviado especial al proceso de paz y exsubsecretario de Estado, Bernie Aronson, vuelve el problema un tema doméstico en EE. UU. con implicaciones políticas. Feinstein, en sus declaraciones en el Congreso, lo dejó claro al indicar que la única razón por la que EE. UU. había entrado a Colombia hace 17 años era para controlar la producción de droga y ese seguía siendo el punto.
La segunda variable es la llegada al poder de Trump, un líder que hizo campaña advirtiendo sobre la epidemia de drogas que se vive en EE. UU. De hecho, y dadas las declaraciones que ha dado el mandatario en estos nueve meses, los únicos temas que parecen interesarle cuando mira hacia Latinoamérica son Venezuela y las drogas. Tanto que durante una entrevista con este diario, el embajador de Colombia en Washington, Camilo Reyes, reconoció que la agenda con EE. UU. corría el riesgo de ‘narcotizarse’. Algo que ahora es evidente.
Esa nueva aproximación de mano dura tendría su cimiento en el propio entorno de Trump, que se ha rodeado de militares y voces como la del fiscal Jeff Sessions, que durante sus años en el Senado impulsó un enfoque centrado en la erradicación de cultivos, la extradición de narcos y la guerra contra grupos terroristas, entre ellos las Farc.
Hoy por hoy, la mano derecha de Trump es el general John Kelly, durante años jefe del Comando Sur. Y aunque Kelly conoce bien el país y ha expresado su respaldo, no oculta que desconfía de las Farc y que tiene dudas frente al actual esquema de erradicación, que hace énfasis en acuerdos con campesinos para la eliminación voluntaria de los cultivos.
Varias fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguran que si bien la decisión de suspender las fumigaciones aéreas no fue aplaudida por los funcionarios antidrogas de EE. UU., hoy tampoco es una exigencia, siempre y cuando el país pueda mostrar resultados con su actual estrategia. En eso coincide Juan González, exconsejero de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Obama: “Debemos enfocarnos en resultados y no en metodología. Si Colombia puede demostrarlos sin erradicación aérea, por ejemplo, debemos apoyar ese esfuerzo. El compromiso de Colombia contra el narcotráfico es incuestionable”.
Por eso, hay mucha expectativa frente a las metas que se ha fijado el Gobierno para este año y que contemplan la eliminación de 100.000 hectáreas. Parte del malestar colombiano con el anuncio de Trump es que no dio un compás de espera hasta finales de este año. Pero parece claro que si los resultados no se dan, la presión para que el país reactive la fumigación con glifosato podría crecer.
Washington, de otra parte, también está incómodo por el tema de las extradiciones, y le preocupa que por cuenta de los acuerdos de paz, Colombia impida el envío de miembros de las Farc acusados de narcotráfico. Si bien tienen claro que estos no serán extraditados por crímenes cometidos antes de la firma de los acuerdos y conectados al conflicto, demandan que eso no sea obstáculo cuando comentan delitos posteriores o sin relación con el conflicto. Y por eso algunos legisladores, entre ellos Feinstein y Marco Rubio, están pensando en condicionar la ayuda futura a que el país deje abierta la puerta de la extradición.
Qué tan seria es la amenaza de Trump de descertificar a Colombia es aún materia de polémica. Aronson, por ejemplo, pide mirar más las acciones de Trump que sus palabras. “EE. UU. no descertificó a Colombia. El Congreso ha votado por preservar altos niveles de asistencia. El apoyo al proceso de paz es fuerte y bipartidista, EE. UU. está cooperando en su implementación y la sociedad estratégica es sólida y duradera. Este presidente tiene un estilo particular y no ha dudado a la hora de usar un fuerte lenguaje con muchos de sus aliados más cercanos, como Alemania o Corea del Sur”.
En otras palabras, pide recordar que Trump por lo general negocia dando un manotón en la mesa. Pero, hasta ahora, muchas de esas amenazas solo han sido eso. Y en ese sentido, Colombia tendrá que adaptarse a ese manejo poco ortodoxo de la diplomacia.
Pero la advertencia no viene sin dientes. Otras fuentes sugieren que de no mejorar las cosas, en septiembre del 2018 Trump podría dar un paso más allá y “descertificar”, pero preservar la ayuda. Un escalón previo a la “descertificación” plena contemplada por la ley de EE. UU. que sí exige la suspensión de la asistencia para un país que caiga en esa lista negra, como le sucede a Venezuela hoy. Eso no se ve muy probable, pues para ese momento ya habrá un nuevo presidente en Colombia e implicaría arrancar la nueva relación con el pie izquierdo.
En cualquier caso, dice Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, caminar por este sendero sería contraproducente y autodestructivo. “El proceso de descertificación está desacreditado hace tiempo. Es una farsa usada por razones políticas y nunca ha funcionado. Es cierto, la producción ha crecido, pero ningún país ha pagado un precio más alto en la lucha antidrogas. Esta designación no lograría más que aislar a uno de los aliados estratégicos más importantes de EE. UU.”.
Quizá. Pero en el impredecible mundo de Trump, al que Colombia acaba de entrar, todo es posible.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @sergom68
Washington
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