Puerto Rico, una crisis que no acaba con la caída de Roselló

Puerto Rico, una crisis que no acaba con la caída de Roselló

Un chat y masivas protestas hicieron dimitir al gobernador, pero recuperación económica está lejos.

Protestas en Puerto Rico

Miles de personas salieron a celebrar la dimisión del gobernador Roselló. Aunque falta mucho para que la isla se recupere.

Foto:

Eric Rojas / AFP

Por: Sergio Gómez Maseri
28 de julio 2019 , 12:59 p.m.

El contenido del chat privado que tenían en Telegram el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, y varios funcionarios y exfuncionarios de este territorio estadounidense es, sin duda, escandaloso. En sus conversaciones, que van desde finales del 2018 y enero de este año, se burlaban de homosexuales, hacían chistes a costa de las víctimas del huracán María e intercambiaban comentarios a todas luces misóginos.

Quizá más grave, sus integrantes también discutían maneras de manipular las encuestas de opinión, hablaban abiertamente de temas administrativos y contratos, y orquestaban estrategias para controlar la narrativa política a través de redes sociales y medios.

La divulgación pública del chat, hace dos semanas, generó una ola de indignación sin precedentes en la isla, que se tradujo en marchas masivas encabezadas por los cantantes Residente, Bad Bunny y Ricky Martin, artistas que son verdaderos íconos para los puertorriqueños.

Durante trece días consecutivos, gente de todos los sectores sociales se tomó las calles para exigir la renuncia de Roselló. El gobernador, inicialmente, intentó paliar la crisis pidiendo excusas, renunciando a la dirigencia de su partido (el Nuevo Progresista) y prometiendo que no buscaría la reelección en el 2020.

Pero los ánimos nunca se calmaron. El miércoles pasado, Roselló anunció que dejará el poder a partir del 2 de agosto. No tenía otra opción. El clamor popular fue tan grande que el grueso de su partido le dio la espalda, y los más altos funcionarios de su gobierno renunciaron.

La estocada final la dio el Congreso puertorriqueño cuando anunció ese mismo día que tenía los votos y estaba listo para iniciarle un juicio de destitución si el gobernador insistía en aferrarse al poder. Ahora será Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, la encargada de reemplazar a Roselló durante los dieciséis meses que faltan para las elecciones.

Aunque el contenido del chat era tan delicado como para meter en problemas a cualquier dirigente, la mayoría de analistas coinciden en que su revelación fue solo la gota que rebosó la copa. La isla, dicen, llevaba décadas inmersa en una crisis fiscal que la condujo a la bancarrota y que venía produciendo fuertes tensiones sociales. Algo que se vio exacerbado por graves casos de corrupción y por la emergencia que desató el huracán María, una tormenta categoría 5 que arrasó a Puerto Rico en septiembre del 2017.

Una olla a presión

“La frustración del pueblo puertorriqueño venía desde hacía años. La crisis económica estaba causando estragos. Miles habían decidido abandonar la isla para radicarse en Florida y otros estados del país. La gente, además, se enteró de que se estaban robando la plata que se entregó para la recuperación del huracán María. Era una olla a presión que estaba a punto de estallar y que detonó cuando salieron los chats en los que insultan a todo el mundo, incluidas figuras muy queridas por el pueblo, como Ricky Martin”, afirma Amílcar Barreto, experto en Puerto Rico de la Universidad Northeastern.

De acuerdo con un informe del Centro para la Nueva Economía, la espiral en descenso de Puerto Rico comenzó en 1996, cuando la administración de Bill Clinton decidió acabar con una serie de normas tributarias que habían generado mucha prosperidad en la isla por más de treinta años. Una de esas normas les permitía a las compañías de Estados Unidos eliminar de su carga tributaria el impuesto corporativo por ingresos logrados en territorios estadounidenses como Puerto Rico. La idea era estimular el desarrollo de estas provincias, atrapadas en su pasado colonial.

Cientos de empresas del país, encabezadas por la industria farmacéutica, trasladaron sus operaciones a Puerto Rico. Con ellas llegaron miles de nuevos empleos que llenaron las arcas del gobierno local.

La frustración del pueblo puertorriqueño venía desde hacía años. La crisis económica estaba causando estragos

Aunque buena parte de esa bonanza terminó en manos de algunos pocos gracias a la corrupción, los dineros también sirvieron para expandir las operaciones del Gobierno y ampliar la cobertura en sectores como salud y educación.

Con el paso de los años, no obstante, la deducción comenzó a ser objeto de fuertes críticas. Algunos veían a Puerto Rico como una especie de paraíso fiscal, mientras otros cuestionaban su impacto en el desarrollo de la economía local, pues las empresas de la isla sí debían pagar el impuesto corporativo.

Masiva migración

Si bien la decisión de Clinton dio un margen de diez años para acabar con la exención tributaria, su efecto fue casi inmediato. Las empresas comenzaron a cerrar sus puertas y el desempleo se disparó. Miles, además, migraron hacia el territorio continental, especialmente los más jóvenes y mejor educados. Así, el gobierno quedó con una base tributaria cada año más pequeña y compuesta por gente mayor y de menores ingresos.

Según un estudio, entre 1996 y el 2016 más de 500.000 puertorriqueños, un 13 por ciento de su población, de 3,8 millones de habitantes, abandonó la isla. Para tapar el hueco tributario el Gobierno se endeudó a través de créditos bancarios y emisión de bonos. También se vio obligado a cerrar centros educativos y a reducir los servicios públicos.

En 2006, la crisis se agudizó más cuando llegó la recesión en Estados Unidos por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En Puerto Rico el desempleo creció a más del doble del promedio nacional y su índice de pobreza alcanzó el 45 por ciento.

Con el tiempo, las deudas comenzaron a ser tan grandes que el Gobierno no podía pagar los intereses que les debía a los bancos. Tan grave fue la situación que el Congreso estadounidense tuvo que intervenir nombrando una Junta de Vigilancia y Manejo para que se encargara del control de las finanzas en la isla.

Tras una investigación, la junta determinó que Puerto Rico tenía más de 75.000 millones de dólares en deuda acumulada y casi 50.000 millones en pensiones comprometidas, algo inmanejable para un territorio cuyo PIB no supera los 70.000 millones de dólares anuales, y condujo a que Puerto Rico se declarara en bancarrota ante una corte de Estados Unidos. La junta, además, diseñó un plan de recuperación que incluía masivos recortes en el gasto público, lo que generó malestar entre una población contra las cuerdas.

Y luego sucedió lo inimaginable. El 24 de septiembre la isla recibió el impacto directo del huracán María, que dejó entre tres mil y cuatro mil muertos, destruyó buena parte de la infraestructura eléctrica y generó daños en carreteras, puertos y miles de hogares. “Nos dimos cuenta de que la infraestructura eléctrica y vial, los puentes, los acueductos, todo, llevaba décadas sin ser mantenidos. Lo que era algo muy grave se tornó en tragedia por cuenta de esa situación”, dice José Sánchez, del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos y quien estuvo encargado de la recuperación de la malla eléctrica.

La situación, que ya era terrible, se tornó en una pesadilla. Miles de los que se quedaron sin hogar terminaron emigrando a Estados Unidos. Pero aún son cientos los que viven en carpas y los apagones siguen siendo el pan de todos los días en la isla. Y aunque el Congreso estadounidense aprobó más de 40.000 millones de dólares en asistencia, la ayuda ha entrado con cuenta gotas y es criticada por el presidente Donald Trump, que nunca le dio alta prioridad al tema porque, según muchos, cree que Puerto Rico es un lastre para su país.

Así estaban las cosas hace dos semanas cuando el Centro para la Investigación Periodística reveló las novecientas páginas de chats entre Roselló y sus 'brothers' (como los identifica en las conversaciones).

Para rematar, dos días después el FBI arrestó a seis exfuncionarios de la administración. “Lo que hizo el chat fue poner en palabras lo que estábamos sintiendo muchos: que no valemos nada; que se pueden robar los fondos; que pueden quitarnos nuestras pensiones; que nos pueden bajar los salarios y además burlarse en nuestra cara. Pero no más. Nunca más”, le decía a la cadena CNN Cynthia García Coll, una profesora de la Universidad de Puerto Rico.

Según Barreto, si bien la salida de Roselló soluciona el problema de forma y abre nuevas posibilidades, eso en nada cambia la delicada situación: “No sé si hay solución en el corto o mediano plazo –dice–. La economía sigue en picada y el éxodo de gente es masivo. Y si las personas se van, pues cada vez será más complicado”.

A eso se le suman otros elementos que profundizan la incertidumbre. Wanda Vásquez, la nueva encargada, es de la entraña de Roselló y por eso es poco probable que el descontento disminuya mientras llegan las elecciones. Paralelamente, es probable que el chat y los arrestos por corrupción generen aún más desconfianza en el gobierno federal y el Congreso, que son los únicos que tienen la capacidad para aprobar un plan de recuperación económica que devuelva a la vida a una moribunda Puerto Rico.

La salida de Roselló, como decía el senador Marco Rubio, es el primer paso en esa dirección. Pero por delante lo que se asoma es toda una maratón.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

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