El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley en el que se incluyen US $ 461 millones de dólares para entregar a Colombia en el año 2022, pero en el que por primera vez se condiciona la entrega de los recursos que se autorizan para la Policía Nacional.
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De ahora en adelante, de llegar a aprobarse esa ley, el 30 por ciento de todos los recursos antinarcóticos -que son los fondos que llegan a la Policía- dependen de una certificación del Departamento de Estado en la que se confirme que el país está investigando y castigando a uniformados implicados en violaciones de Derechos Humanos.
Esa condición ya existía en el caso de los recursos para el Ejército, pero ahora se extiende para que cobije también a la Policía Nacional.
En concreto, la condición implica que al menos US $65 millones no podrán ser entregados hasta que se emita esa certificación. De ellos, US $52 millones son para la Policía y US $13 para el Ejército.
Los fondos solicitados en el proyecto de ley son un poco superiores a los solicitados por el presidente Joe Biden hace un mes cuando presentó su proyecto de presupuesto para el año entrante (pidió US $453 millones).
Casi desde los inicios del Plan Colombia en el año 2000, los recursos para el Ejército habían sido sujetos a evaluaciones en Derechos Humanos. Requerimientos que crecieron con el escándalo de los falsos positivos y las interceptaciones ilegales de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de las altas cortes y congresistas.
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Pero se trataba de un monto relativamente menor ya que los recursos para los militares se han reducido considerablemente y hoy representan menos del 10 por ciento del total de la ayuda estadounidense.
Lo novedoso es que las condiciones ahora se extiendan a lo antinarcóticos y a la Policía.
La ciudad de Washington, en Estados Unidos.
EFE
Aunque en la ley no explican por qué se incluye ahora a la Policía, en el Congreso aseguran que está relacionado a las denuncias de brutalidad policial que pesan contra los uniformados en el contexto de las protestas que se desataron a finales de abril y las de finales del 2019.
Eso lo dejó claro el representante a la Cámara James McGovern durante una audiencia este jueves sobre las manifestaciones en el país. El legislador aplaudió la decisión de sus colegas e incluso fue más allá sugiriendo que todos los fondos para la Policía al igual que las ventas de equipos deberían ser congelados mientras se investigan las denuncias.
José Miguel Vivanco, director para las Américas en Human Rights Watch y uno de los testigos en esa audiencia, pidió al Congreso aprobar la nueva restricción en los fondos para la Policía.
“De los fondos apropiados por este acto bajo el titular ‘Control Internacional de Narcóticos’ (fondos para la Policía) y Financiamiento Militar Extranjero (Ejército) y que son para Colombia, el 30 por ciento solo podrá ser utilizado cuando el secretario de Secretario de Estado certifique y le reporte a este Comité”, dice el texto antes de enumerar las condiciones, que son cuatro.
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En primer lugar, que la Jurisdicción Especial de Paz y otras autoridades judiciales estén dando pasos para enjuiciar y privar de libertad a los responsables de serias violaciones a los Derechos Humanos. En segundo lugar, que el Gobierno esté tomando pasos para prevenir ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil y se esté castigando a los que los cometen.
Como tercera medida piden que tomen medidas para proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Y en cuarto, que “policías y militares” que se cree han participado en ejecuciones extrajudiciales, violaciones serias a los derechos humanos, interceptaciones están siendo investigados, castigados, y retirados de la fuerza pública.
El proyecto incluye algunas excepciones a esta condición cuando se trata de proteger a defensores y activistas, fondos para la Fiscalía, combatir la corrupción e impunidad, operaciones marítimas y fluviales y mantenimiento de aeronaves.
Adam Isacson, de Wola, cree que una vez se facturen las excepciones los fondos que en realidad quedarían sujetos a la certificación, le corresponde al Secretario de Estado Antony Blinken, serían la mitad.
El proyecto, por supuesto, aún debe ser aprobado por la Comisión de Apropiaciones de la Cámara y luego en la plenaria. Adicionalmente debe ser homologado con el proyecto que sea aprobado en el Senado. Pero dado que los demócratas controlan ambas cámaras es viable que se mantenga.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
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