Las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplegar miles de soldados para controlar los disturbios desatados por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco desataron una controversia nacional sobre si tiene el poder o es viable que lo haga.
La respuesta corta es que sí. En EE. UU., los militares tienen prohibido intervenir en el manejo del orden público y carecen de autoridad para realizar arrestos. Pero existe una ley, el ‘Acto sobre insurrección de 1807’, que permite al presidente desplegarlos si se cumplen algunas condiciones. Entre ellas que se haya presentado una insurrección en el país o se esté obstaculizando el cumplimento de leyes.
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El acto, que ha sido ajustado varias veces a lo largo de la historia, también permite activar a los militares en casos de desastres naturales y actos terroristas.
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En años recientes, ese recurso solo ha sido utilizado en dos ocasiones. La primera, en 1992, para controlar las violentas protestas en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos que habían sido acusados por la brutal golpiza que le propinaron al afroestadounidense Rodney King.
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Y después en el 2005, luego de los estragos que causó en varios estados del sur el paso del huracán Katrina.
En ambos casos, no obstante, fueron los gobernadores de esos estados quienes invocaron la ley, y muchos sostienen que si bien Trump puede hacerlo de manera unilateral, no sería coherente que lo adelantara sin el concurso de estos, pues su efectividad depende de que puedan coordinar con las autoridades locales.
Se dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos para permitir el paso del presidente.
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Las protestas en las inmediaciones a la Casa Blanca se habían adelantado de manera pacífica.
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En caso de hacerlo, Trump primero tendría que hacer una proclamación en la que les dé un período de tiempo a los “insurgentes” para que se dispersen.
Si la situación no se corrige, el presidente podría firmar una orden ejecutiva (decreto) para autorizar el envío de tropas por un período limitado, lo cual lo pondría en plan de defensor de la seguridad y el orden, muy al estilo de la estrategia que usó el republicano Richard Nixon para ganar la presidencia tras el asesinato de Martin Luther King en 1968.
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De otra parte, fuertes críticas le llovieron al presidente Trump por la prueba de fuerza que orquestó el lunes en inmediaciones de la Casa Blanca contra los manifestantes que protestaban pacíficamente por la muerte de Floyd.
Cientos de uniformados se les fueron encima empleando bolillos, gases lacrimógenos y balas de goma, sin previo aviso. La estrategia, se supo pronto, era desocupar el parque para que el presidente pudiera caminar hasta la histórica iglesia de St. John. Se paró frente a la iglesia elevando una Biblia y posó durante algunos segundos mientras los medios tomaban fotos e imágenes.
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La movida fue catalogada por muchos de sus críticos como un evento de campaña dirigido a su base de seguidores, especialmente los evangélicos, que puso en peligro a inocentes.
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Si bien algunos de los aliados de Trump defendieron sus acciones, hubo voces republicanas que también lo criticaron. Entre ellos Brendan Buck, un asesor legislativo en el Congreso. “Hace rato que se perdió el sentido de la normalidad. Pero esto fue singularmente inmoral. El presidente usó la fuerza contra ciudadanos estadounidenses no para proteger edificaciones, sino para clamar sus inseguridades”, le dijo Buck al diario 'The Washington Post'.
El acto de Trump durante las protestas fue catalogado como un acto de campaña dirigido a su base electoral.
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Los actos contra los manifestantes podrían abrir un proceso por posibles violaciones a la Primera Enmienda.
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Buck probablemente se refería a múltiples reportes de prensa, en el sentido de que Trump estaría molesto por la difusión de la noticia de que lo habían tenido que llevar el viernes al búnker de la Casa Blanca dada la intensidad de las protestas en el perímetro de la casa presidencial. Según fuentes, el presidente sintió que lo hacían ver débil, y por eso quiso dar ese golpe de mano en St. John.
El presidente usó la fuerza contra ciudadanos estadounidenses no para proteger edificaciones sino para calmar sus inseguridades
Pero le podría salir caro. Se anticipa que su acción contra los manifestantes terminará ante las cortes, pues los uniformados atacaron a manifestantes que hasta ese momento protestaban de manera pacífica y por posibles violaciones de la primera enmienda de la Constitución, que protege el derecho a la libre expresión.
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington