Si bien la decisión de un juez de California trajo alivio a cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos que estaban al borde de la deportación, su sentencia enredó aún más las delicadas negociaciones que adelantaban entre republicanos y demócratas para solucionar su situación y hasta podría ser contraproducente a corto plazo.
Este martes, casi a la media noche, el juez federal William Alsup bloqueó de manera temporal una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en septiembre del 2017, en la cual cancelaba la Acción Diferida para la Llegada de Niños (Daca por sus siglas en inglés), programa que ofrecía residencia temporal y permisos de trabajo a unas 800.000 personas que llegaron al país de manera ilegal cuando eran muy jóvenes (dreamers). La orden de Trump entraba en vigor en marzo de este año.
El argumento que usó el mandatario para anular el Daca fue de orden constitucional: según la administración republicana, el expresidente Barack Obama se atribuyó poderes que le correspondían al Congreso, único órgano que puede legislar en materia migratoria.
Sin embargo, según la sentencia del juez Alsup, la decisión de Trump habría sido “arbitraria y caprichosa”, además de generar un daño irreparable a jóvenes que fueron llevados al país sin su consentimiento y que consideran a EE. UU. su hogar.
El juez, por lo tanto, le pide al gobierno federal renovar los permisos de quienes ya estaban cobijados por el Daca, aunque su decisión no permite el trámite de nuevos casos. El presidente, como se esperaba, reaccionó con violencia, tildando la decisión de “escandalosa” y acusando al juez de obrar por razones ideológicas y no jurídicas.
Trump se refería a que la demanda, interpuesta por la Universidad de California, fue elevada precisamente ante jueces de corte liberal y que están bajo la tutela de la Novena Corte de Apelaciones, precisamente la misma jurisdicción que bloqueó en varias ocasiones su orden ejecutiva para frenar el ingreso de ciudadanos de seis países en donde la mayoría de la población es musulmana.
Ese bloqueo fue luego levantado ocho meses después, cuando la Corte Suprema de Justicia revisó el caso y le dio la razón a la administración. Y muchos creen que el Daca podría correr la misma suerte una vez llegue a los estrados del máximo tribunal del país.
Activistas como Mariaelena Hincapié, una colombiana que trabaja en el Centro Legal para la Inmigración Nacional, catalogan la movida de Alsup como una “victoria transitoria” y pronostican una fuerte batalla en las cortes de impredecibles consecuencias.
Y es que los demócratas en el Congreso vienen insistiendo en la aprobación de una solución definitiva para los beneficiados por el Daca. Esa discusión se retomó esta semana en medio de una fuerte batalla entre ambos partidos por el futuro de estos jóvenes.
Para antes de este 19 de enero, ambos partidos deben ponerse de acuerdo en un paquete legislativo que incluya nuevos fondos para financiar operaciones del gobierno federal, y dado que se necesitan 60 votos para aprobarlo en el Senado –y los republicanos solo tienen 51–, los demócratas han exigido que se incluya la reanudación del Daca a cambio de sus votos.
Por su parte, el presidente quiere que se incluyan fondos para la construcción del muro en la frontera con México, y los republicanos insisten en que el paquete también debe apropiar recursos para fortalecer la seguridad fronteriza.
De hecho, ese fue el tema central de una reunión entre Trump y los líderes en el Congreso el martes en la Casa Blanca, que si bien terminó sin acuerdos, dejó abierta la puerta para una posible solución antes de que el gobierno se quede sin fondos para poder operar.
La decisión de Alsup le ha dado oxígeno a la posición republicana y termina debilitando la estrategia demócrata.
Ello porque su bloqueo elimina, de momento, la urgencia de una ley del Congreso para solucionar el asunto de los dreamers y hace muy difícil que los demócratas amenacen con provocar un cierre del gobierno por defender una posición que se podría solucionar con una ley posterior.
Algo que los republicanos quieren desde el comienzo, pues les permite negociar el Daca y otros temas fronterizos sin la presión del cierre del gobierno federal.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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