El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acudió este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para pedir una intervención inmediata que dé reversa a la suspensión que decretó la semana pasada la Procuraduría y dicte medidas cautelares para proteger su vida que, dijo, está amenazada.
Tras su reunión con el ente hemisférico, Quintero dijo a medios de comunicación en Washington que había expuesto su caso ante el comisionado para Colombia, Joel Hernández, la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y otros funcionarios en esta institución.
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"Es una pena que para defender la democracia tengamos que salir del país. Acá se ha roto el curso constitucional. La Procuraduría y el presidente Duque han desafiado al sistema interamericano y por eso vinimos. Para defender no solo nuestro derecho sino el derecho político de los ciudadanos que votaron por nosotros", dijo Quintero.
De acuerdo con el Alcalde, a la CIDH le pidieron cuatro cosas concretas: "una medida cautelar para evitar la destitución que pretende la Procuradora, que hace un par de días dijo públicamente que no iba a acatar el falló de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se proteja nuestra vida y se conserve el esquema de seguridad mientras estamos suspendidos, que se preste atención al riesgo contra la democracia en Colombia, y una medida de fondo tutelar que evite de forma definitiva lo que viene haciendo la Procuraduría que es suspender los derechos políticos de los líderes de la oposición en Colombia".
Quintero se refería a un falló de la Corte IDH del 8 de julio del 2020, que son de obligatorio cumplimiento para el estado, en el que concluyó que los derechos políticos del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro habían sido afectados con la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría el 9 de diciembre de 2013 y le ordenó "adecuar su ordenamiento interno de acuerdo de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas", como la Procuraduría.
Petro fue restituido en su cargo en marzo de 2014 en virtud de una acción de tutela que se le elevó luego que la Comisión decretara, a través de una medida cautelar, que se le habían violado sus derechos políticos.
Quintero lo que pretende es que, dado el precedente generado tanto por la Comisión como luego de fondo con el fallo de la Corte del 2020, la CIDH otorgue medidas cautelares como hizo en el caso Petro mientras el caso avanza por el sistema interamericano.
No es claro, a estas alturas, si la Comisión atenderá su solicitud. Aunque las medidas cautelares del caso Petro sin duda son un precedente, la CIDH rara vez atiende casos relacionados a violaciones de derechos políticos.
Eso tras una reforma que se le hizo al sistema hace 5 años y que limitó el espectro de dichas medidas a casos donde lo que está en riesgo es la vida de una persona.
Lo que sí podría hacer la Comisión es llevar el asunto ante la Corte IDH para pedir que expida "medidas provisionales", que son equivalentes a la cautelares de la CIDH pero obligatorias para los estados parte del sistema.
A diferencia de la CIDH, la Corte si tiene potestad para hacerlo en un caso donde hay posible violación de derechos políticos.
La Corte, además, podría pronunciarse con celeridad ante una aparente violación de una de sus sentencias, la de julio del 2020.
Según Quintero se están explorando todos los escenarios y, de momento, la Comisión le ha pedido "información adicional de manera urgente" para poder avanzar en el proceso con rapidez.
De acuerdo con el Alcalde también le advirtió a la Comisión de que en Colombia hay un "riesgo gigante de que se rompa la democracia" y le pidió tanto al organismo como a la comunidad internacional no darle la espalda al país en estos momentos.
El alcalde también tenía previstas reuniones con Cejil y Wola, dos ONG con amplia experiencia en el sistema interamericano, al igual que un congresista estadounidense.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68
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