Para la administración de Joe Biden y un sector de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos existe una estrecha relación entre la implementación plena del proceso de paz y la solución al problema del narcotráfico en Colombia. Eso, al menos, es lo que le dejaron claro a este diario funcionarios del Departamento de Estado y miembros del Legislativo.
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Según estos, enfocarse únicamente en la erradicación de cultivos ilícitos no ofrece una salida a largo plazo para frenar el tráfico de narcóticos ni la violencia que esta produce.
“Es necesario que exista una alineación estrecha entre la implementación de la paz, la seguridad y la reducción de la coca. Esencialmente, nuestra idea es que la transformación territorial que llegaría de la plena implementación de los acuerdos es la mejor estrategia de seguridad a largo plazo y la salida más prometedora y sostenible al problema de los cultivos ilícitos”, le dijo a EL TIEMPO un alto funcionario de la Embajada de EE. UU. en Bogotá autorizado para hablar sobre este tema.
De acuerdo con otro encargado en esta misma dependencia, “nuestro trabajo es buscar las maneras de ayudar a Colombia para que sea efectiva en reducir la producción y cultivos de coca. Pero igualmente importante es que esos avances se sostengan. La lección más clara del periodo del 2012 al 2017, cuando los cultivos pasaron de su punto más bajo al más alto en solo 5 años, es que Colombia fue exitosa a la hora de reducir las plantaciones, pero no en sostener esos avances”, afirmó el funcionario.
Y agregó: “La mejor manera de sostenerlos es incrementar la presencia del Estado y ofrecer oportunidades económicas en zonas rurales. No se puede solo erradicar y atacar a los grupos criminales. Eso es un elemento de la solución, pero al mismo tiempo hay que llenar ese vacío con presencia del Estado, con seguridad ciudadana y con infraestructura que dé oportunidades para que la economía legal se arraigue”.
Sus declaraciones, no hay duda, plantean un cambio frente a los cuatro años de la presidencia de Donald Trump, donde el énfasis estuvo puesto en la erradicación e incluso se amenazó al presidente Iván Duque con descertificar al país si no lograba ese cometido. Además, el líder republicano criticó abiertamente los acuerdos de paz firmados con las Farc en 2016 y que fueron respaldados por Biden cuando era vicepresidente.
Paralelamente, en el Congreso las voces que empujan por un cambio de dirección también están creciendo. Hace pocos días, el senador Patrick Leahy se comunicó con este diario para expresar su molestia por la decisión del Departamento de Estado de certificar a Colombia por su desempeño en la lucha contra las drogas durante el 2020. En ese informe, el Departamento de Estado destacaba la erradicación de más de 130.000 hectáreas de coca durante ese periodo.
La queja de Leahy, que es el presidente pro tempore de la Cámara alta y encabeza la Comisión de Apropiaciones, precisamente la que se encarga de asignar recursos a Colombia, es que se sigue midiendo el éxito en hectáreas eliminadas y no en la realidad del terreno. “Queremos ayudar a Colombia a reducir la producción de coca y el tráfico de cocaína, pero como hemos visto a lo largo de los años el progreso sostenible no se mide en la cantidad de hectáreas erradicadas. La presencia del Gobierno –en los territorios más afectados por este problema– no se logra simplemente enviando fuerzas armadas. Tampoco vemos evidencia de que se están desmantelando a los grupos armados ilegales, especialmente cuando se está amenazando y asesinando a tantos líderes sociales”, dijo Leahy.
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La presencia del Gobierno –en los territorios más afectados por este problema– no se logra simplemente enviando fuerzas armadas.
Patrick Leahy, senador estadounidense por el Partido Demócrata.
EFE
Y para este senador, como para los funcionarios mencionados anteriormente, la mejor apuesta es la implementación de los acuerdos. De hecho, un alto asesor legislativo le dijo a este diario que los argumentos utilizados para certificar a Colombia parecían “trasnochados” o la obra de algún remanente de la administración Trump. “Queremos ver progreso en la reducción de la coca, pero no vemos nada que nos dé confianza de que el gobierno Duque tiene una estrategia sostenible para lograrlo”, dijo este asesor.
El razonamiento de Leahy y otros en el partido demócrata es que EE. UU. y Colombia llevan décadas utilizando el mismo modelo de erradicación forzosa, pero sin programas sólidos que expandan la presencia del Estado a estos territorios y ofrezcan una solución permanente.
“Cuando el Plan Colombia arrancó en el año 2000, el objetivo era reducir los cultivos de coca a la mitad en 5 años. Y aquí estamos, 20 años después y sigue existiendo la misma o más cantidad de droga que hace dos décadas con un ‘nuevo plan’ –acordado entre Duque y Trump– que otra vez busca reducir las plantaciones a la mitad en otros 5 años”, sostiene otro asesor del Congreso que conversó con este diario.
Y algo parecido dijo el viernes el representante a la Cámara Jim McGovern, que junto con Leahy y la organización Human Rights Watch vienen presionando al Gobierno para que ponga freno a la violencia contra líderes sociales en el país. Otro tema que también se ha convertido en prioridad de la administración Biden.
Las mismas fuentes legislativas mencionan que a finales del 2020 el Congreso publicó un informe escrito por expertos antidrogas –‘El reporte de la comisión sobre políticas antidrogas en el hemisferio occidental’– en el que se concluyó que el Plan Colombia, desde la perspectiva antinarcóticos, había sido un fracaso, pues no logró reducir el tamaño del problema a pesar de sus éxitos en la lucha contra la insurgencia y en otros frentes.
Entre los autores de ese reporte estaba Juan González, que ahora ocupa el cargo de asesor para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y le reporta directamente al nuevo presidente. Y es muy probable que su visión termine influyendo en cambios sobre la política actual.
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En la oficina de Leahy, además, le dijeron a este diario que este senador “se opondría a que se usen fondos de EE. UU. para financiar la fumigación aérea” cuando esta se reanude. Lo cual lo pondría en un conflicto directo con el Departamento de Estado, pues en el documento de certificación insisten en que la aspersión sí es necesaria.
Aunque en las conversaciones que sostuvo este diario con funcionarios estadounidenses, estos ven la fumigación como una herramienta adicional que será utilizada de manera quirúrgica y no de manera masiva.
El gobierno Duque, por su parte, confía en que una vez arranque la fumigación aérea, las cifras comenzarán a caer nuevamente; considera que el Plan Colombia sí ha sido exitoso y que el salto atrás en sus resultados se debe precisamente a la suspensión de la fumigación aérea, en la administración del presidente Juan M. Santos.
Lo que sí es claro en este debate es que los demócratas, ahora en el poder tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, quieren ver ajustes en esta compleja lucha.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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