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EEUU

Paz, el tema clave en visita del fiscal Francisco Barbosa a Estados Unidos

Fiscal Francisco Barbosa en rueda de prensa en Presidencia.

Fiscal Francisco Barbosa en rueda de prensa en Presidencia.

Foto:Andrés Sandoval/ Fiscalía

Abordará temas como la extradición de cabezas de grupos criminales que buscan cupo en ‘paz total’.

Sergio Gómez Maseri
Esta semana que arranca el fiscal general, Francisco Barbosa, viajará a Washington para una gira de alto nivel en la que tiene previstos encuentros con su contraparte en el Departamento de Justicia —el fiscal Merrick Garland—, funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, al igual que con otros órganos de poder en Estados Unidos.

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En cualquier otro momento, sería un periplo rutinario para aceitar estrategias con el principal socio del país en temas como la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero en el contexto actual la visita de Barbosa podría ser mucho más que explosiva.
Ya de por sí en la esquina opuesta al nuevo gobierno de izquierda de Gustavo Petro —salió de una terna propuesta por su antecesor, Iván Duque—, Barbosa desató un duro debate con el ejecutivo al oponerse al pedido de suspensión de las órdenes de captura contra 16 integrantes del ‘clan del Golfo’ que buscan hacer parte de las negociaciones con el Gobierno para un posible sometimiento a la justicia en el marco de su estrategia de ‘paz total’.
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Fiscal general Francisco Barbosa.

Fiscal general Francisco Barbosa.

Foto:Fiscalía.

Hubo mucha polémica por la inclusión en esa lista de alias Chiquito Malo, que ya tiene un proceso pendiente ante la justicia de EE.UU. por tráfico de drogas y cuya solicitud de extradición estaría en trámite. Un tema delicado para Washington, donde tanto demócratas como republicanos siguen considerando la extradición como una de las principales herramientas contra el narcotráfico, que sigue siendo el tema número uno en su agenda con Colombia.
Un Washington, además, donde los republicanos —que ya miraban a Petro con cierta desconfianza— acaban de recuperar el control de la Cámara de Representantes y ya venían incómodos con otras decisiones, entre ellas, la de bajar la metas de erradicación de cultivos ilícitos (de 50.000 a 20.000 en 2023) y de suspender la erradicación forzada en algunas zonas del país mientras cogen fuerza los programas de sustitución de cultivos.
Hacia finales de esta semana, el Gobierno intentó salirle al paso a la nueva controversia anunciando conversaciones con el Fiscal para limar diferencias y una cumbre entre Petro y Barbosa este 30 de enero, donde discutirán tanto el impasse como la nueva ley de sometimiento a la justicia que hará curso en el Congreso a partir del mes entrante y que incluiría las reglas para el desmonte de las organizaciones criminales que negocien con el Ejecutivo.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, viajó a Washington este jueves para explicar los alcances de las políticas de la ‘paz total’. Algo que muchos vieron como un esfuerzo por neutralizar el impacto del viaje del Fiscal de esta semana.
(En contexto: Gobierno será respetuoso de solicitudes de extradición de EE. UU.: Alfonso Prada)
Prada, desde la capital estadounidense, dijo que el Gobierno no estaba en la tónica de pedir el levantamiento de órdenes de captura contra personas que hayan sido requeridas en extradición por Estados Unidos y que sería ‘respetuoso’ de esas solicitudes.
Pero también dejó entrever que eso podría cambiar una vez se apruebe la ley de sometimiento a la justicia, que sin duda incluye garantías de no extradición por lo menos para miembros de grupos como el Eln y las disidencias de las Farc. Y probablemente también para integrantes de bandas criminales que no tendrían incentivos para desmovilizarse si su futuro está en una cárcel en EE.UU.
El TIEMPO conversó con diversas voces en Washington. En principio, todos coinciden en que a la larga se trata de decisiones soberanas de Colombia y que si el país no decide honrar órdenes de arresto con fines de extradición, Washington no tendrá más remedio que aceptarlas. Subrayan que ya existe un antecedente concreto cuando el gobierno Santos se negó a ejecutar las solicitudes de extradición que existían contra miembros negociadores de las Farc.

¿Y la extradición?

“Hubo un fuerte apoyo al acuerdo, porque ofrecía la posibilidad de eliminar un desafío político violento para nuestros aliados colombianos, al mismo tiempo que aparentemente requería la cooperación de las Farc para enfrentar el narcotráfico. Las Farc eran una insurgencia política y una importante organización narcotraficante. En ese contexto, EE. UU. reconoció que el Gobierno colombiano no actuaría sobre solicitudes de extradición relacionadas con miembros de las Farc por delitos cometidos antes del Acuerdo porque el gobierno Santos explicó, coherentemente, el fundamento de esta postura al subrayar los beneficios del pacto”, afirma el ex embajador en Bogotá, Kevin Whitaker.
Aunque esas solicitudes de extradición nunca se levantaron y siguen vigentes, Washington respaldó las negociaciones y nunca retiró su apoyo al país. Además, sostiene otra fuente, en términos jurídicos no se discrimina entre los cargos por narcotráfico que pueda tener un líder guerrillero y los de un delincuente común.
“La situación es muy diferente respecto a organizaciones puramente criminales, grupos que no tienen ninguna agenda política, o con miembros de las ex Farc que continúan involucrados en el tráfico de narcóticos y otras violaciones de la ley estadounidense. Ofrecer beneficios judiciales, incluida la exención de extradición, a grupos meramente criminales, carece de la lógica presente con las Farc. Eso, simplemente, no funcionará. Y es probable que conduzca a la recurrencia de delitos, como Colombia ha experimentado en otros casos”, sigue el exembajador.
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Dada la importancia que le da Washington a la cooperación judicial, “es predecible que algunas partes interesadas en EE.UU., incluidos miembros del Congreso, se sientan profundamente consternados si las solicitudes de extradición no son impulsadas por Colombia, especialmente si se relacionan con meros delincuentes o miembros de la mafia de las Farc que han continuado delinquiendo a pesar del acuerdo”, añadió Whitaker.
Y es allí donde la visita del Fiscal podría resultar clave. Si bien es cierto que EE.UU. tendría que aceptar un ‘no’ a las solicitudes de extradición, el Congreso bien podría incluir una cláusula que condicione la entrega de ayuda —o parte de ella— (anualmente casi US$ 500 millones) a que Colombia continúe honrando las solicitudes de extradición por narcotráfico. Y eso podría ser todo un torpedo para la estrategia de ‘paz total’ del nuevo gobierno.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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