Tras las decisión de un juez de la Florida que ordenó esta semana la extradición de Andrés Felipe Arias, al exministro de Agricultura le queden solo unas cuantas opciones jurídicas –y quizá una política– para evitar su regreso a Colombia, donde lo espera una pena de 17 años por el caso de Agro Ingreso Seguro.
La defensa de Arias en Estados Unidos ya dio el primer paso: apelar la decisión ante una corte superior, que les ha dado 30 días para presentar sus argumentos.
En este caso, como en el de todas las apelaciones en EE. UU., los jueces no entrarían a estudiar nuevamente los méritos, sino a evaluar si hubo errores de procedimiento.
Los abogados de Arias creen que sí, pues el juez John O’Sullivan avaló el tesis de que entre ambos países está vigente un tratado de extradición a pesar de que, según la defensa, el acuerdo de 1979 nunca fue ratificado.
Si la corte de apelaciones les da la razón, el proceso volvería a la corte inferior donde tardaría más de un año en resolverse.
De acuerdo con Víctor Mosquera, el abogado de Arias en EE. UU., esa posibilidad es viable porque la corte a la que han elevado la apelación tiene jurisprudencia anterior que encaja con el reclamo del exministro.
Pero si ese tribunal rechaza el caso, la opción jurídica que le queda sería apelar a la Corte Suprema de Justicia estadounidense. Se trata de una alternativa bastante remota, toda vez, que cada año la corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones de las que solo acepta unas 70. Es decir alrededor del 7 por ciento de las solicitudes.
Si eso fracasa, la última palabra la tendría el departamento de Estado, órgano que recibió la solicitud de Colombia.
Superados esos pasos, sería inusual que la cancillería de EE. UU. negara el pedido luego de que sus cortes le hayan indicado que si tienen jurisdicción y que por lo tanto es legal la extradición.
Aquí, sin embargo, es donde aparecen los componentes políticos. De acuerdo con Mosquera, desde el comienzo se ha estado moviendo una salida política para Arias. Y esta tiene varias dimensiones.
Un congresista, por ejemplo, podría elevar una petición ante el presidente Donald Trump para que intervenga. Ya se habla de acercamientos con el Senador de la Florida Marco Rubio y el Representante a la Cámara Mario Diaz-Balart.
Trump, como cabeza del ejecutivo y dado los poderes que le otorga la constitución, tiene el poder de perdonar a quien desee invocar razones de interés nacional para atravesarse en un caso como este. Trump, por supuesto, también podría actuar sin que exista una petición del Congreso.
Pero en cualquiera de estos casos no sería una movida fácil pues le estaría haciendo un desplante mayúsculo a las instituciones de un país que se considera un estrecho aliado y cuando sus propias autoridades judiciales han dado la luz verde.
Los congresistas también podrían elevar una petición individual en el legislativo, pero está tendría que ser aprobada por ambas cámaras, algo que si bien no es imposible tampoco es común y requeriría de un trabajo enorme de lobby siquiera para lograr que el Congreso lo considere como un todo.
Se sabe, eso sí, que el expresidente Álvaro Uribe tiene muy buenos amigos en Washington y por eso nada se descarta.
Paralelo a todo este proceso Arias también intentará que se resuelva favorablemente su solicitud de asilo político.
Si esta llegara a concretarse su proceso se tornaría más favorable pues aún si se ratificara el argumento de que existe tratado de extradición y por lo tanto EE. UU. está obligado a cumplir con la solicitud de Colombia, la decisión de asilo por razones políticas se impondría a la decisión jurídica.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68
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