Una reunión de consulta de los cancilleres de la región convocada bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir soluciones a la crisis por lo que atraviesa Venezuela terminó pospuesta ante la falta de consenso entre los países miembros.
La cita, a la que asistieron 18 ministros de relaciones exteriores más representantes de los otros 16 países miembros de la organización, se dio en medio de sonadas protestas a las afueras de la sede de la OEA en la capital de EE. UU. donde manifestantes pedían la salida del gobie
Tras más de 8 horas buscando un acuerdo, los cancilleres optaron por trasladar la discusión definitiva a la próxima Asamblea General de la OEA que se celebra este 19 de junio en Cancun, México.
“Lo que hemos acordado es construir una ruta construir un consenso. Hemos acordado que nos vamos a poner de acuerdo. Hay dos resoluciones sobre la mesa y hemos expresado que existe la voluntad de llegar a un texto común que sea positivo para lograr la paz y para el restablecimiento de las condiciones democráticas en Venezuela”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, hablando en nombre de un grupo de países de la región.
De acuerdo con Videgaray, se ha instruido a los embajadores ante la OEA seguir trabajando en ese texto de consenso de aquí hasta la cita de Cancún.
La reunión de consulta de este miércoles fue acordada el pasado 3 de abril en una explosiva reunión del Consejo Permanente de la OEA, tras el cual Venezuela anunció su intención de retirarse de este organismo hemisférico.
Esa reunión, al igual que la cita de este miércoles, fue empujada por un grupo de unos 18 países, entre ellos Colombia, que lleva varios meses presionando por una solución a la crisis del vecino país.
Este grupo presentó el texto de una resolución en el que se pedía el cese de la iniciativa para convocar a una asamblea constituyente.
Así mismo, “el cese de las detenciones arbitrarias, el respeto al debido proceso, la suspensión de todo enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y el cumplimiento de compromisos asumidos entre las partes, producto de las mesas de trabajo durante el proceso de diálogo nacional previo, relativos a la liberación de presos políticos, al respeto de las competencias constitucionales y a la elaboración del calendario electoral, con la presencia de observadores internacionales independientes”.
De la misma manera se exhortaba a las partes a comprometerse a un nuevo proceso de diálogo y negociación que conduzca a un acuerdo político amplio, con un calendario, acciones concretas, y garantías que aseguren su implementación para alcanzar el bienestar de la nación.
También ofrecían crear un grupo de apoyo humanitario con el apoyo de organismos especializados para llevar alivio a la población y el establecimiento de un “un grupo u otro mecanismo de facilitación para apoyar un nuevo proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela, y para acompañar y promover la implementación oportuna de los compromisos que asuman las partes”.
Pero, la iniciativa fue frenada por otro grupo de países, encabezado por Bolivia, Nicaragua y algunos del Caribe que se opusieron al lenguaje y catalogaron la actitud de los países por “injerencista”.
El reglamento aprobado para la cita de cancilleres exigía el voto de dos tercios de los participantes como umbral para aprobar cualquier declaración. Dado que se acreditaron los 34 países miembros, eran necesarios como mínimo 23 votos.
En un inicio se especuló que varios países pensaban marginarse de las discusiones (entre ellos Venezuela). Pero al final todos terminaron llenando los asientos en al auditorio Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington.
Eso, probablemente, por que entre más alto el número de asistente mayor era el del umbral requerido y con lo cual Caracas mejoraba sus chances de bloquear o aguar el documento de declaración que presentaron este grupo de países. O que la cita terminara pospuesta, como terminó sucediendo.
Aunque algunos observadores catalogaron a reunión como un fracaso, varios cancilleres insistieron en que fue de vital importancia pues se puso discutir la situación de Venezuela a más alto nivel y se mantuvo el tema en la agenda hemisférica.
En el caso de Colombia, la canciller María Ángela Holguín insistió en que era necesario “un gran acuerdo nacional que permita sentar nuevamente las bases para la convivencia pacífica, el libre desarrollo de las instituciones dentro del estado de derecho, la protección de los derechos humanos y el respeto por la alternancia electoral con elecciones libres, fundamentos de la estabilidad de nuestros países”.
Según Holguín, esa estabilidad política conduciría a la estabilidad económica que tanto se necesita y por eso pidió perseverar en la búsqueda de un pacto.
La Canciller advirtió, no obstante, que el proceso de convocatoria de una Asamblea Constituyente en este momento sería negativo para el país y que ésta, en caso de darse, debía emanar de una decisión legítima del pueblo venezolano a través de una consulta popular como lo estipula la Constitución venezolana.
Varios países, entre ellos Estado Unidos, México y Argentina expresaron preocupaciones semejantes.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En twitter: @sergom68
