El periplo que están haciendo miles de inmigrantes colombianos para coronar el llamado sueño americano a través de ‘El Hueco’ con rumbo a la frontera sur con Estados Unidos es uno lleno de peligros y cuyo mayor riesgo es encontrarse con la muerte.
Así lo dejó claro el caso de Juan Carlos Rivera, un joven bogotano que perdió la vida en febrero pasado cuando intentó atravesar ilegalmente desde México.
Incluso para los “afortunados” que alcanzan a llegar a las puertas de Estados Unidos, lo que pareciera ser el inicio de una nueva vida, en realidad es apenas el comienzo de un drama que muchas ocasiones incluye la deportación inmediata, su arresto por largos meses en abarrotados centros de detención, una vida bajo las sombras de la ilegalidad o, en el mejor de los casos, la interminable espera para que se resuelvan sus solicitudes de asilo.
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Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, lo que sí es cierto es que actualmente se está presentando una inmigración récord de nacionales a través de ‘El Hueco’.
De acuerdo con estadísticas actualizadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB por su sigla en inglés) en el año fiscal 2022, que comenzó en octubre de 2021, ya van más de 40.000 detenciones de colombianos en la frontera sur. Para poner en contexto esa cifra, en el 2021 el número total ha sido de unos 10.000.
Es decir, que en tan solo en los primeros cinco meses del año fiscal se cuadruplicó el número de detenidos registrados durante todo el año pasado.
Juan Carlos Rivera, de 37 años, falleció cuando cruzaba el muro entre Estados Unidos y México.
iStock y cortesía familiar
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Muchos de ellos están siendo expulsados de inmediato a través del llamado Título 42, una polémica política que viene desde los años de la administración de Donald Trump y que permite deportarlos de manera exprés -sin el procedimiento judicial acostumbrado- alegando que la pandemia del covid-19 creó una emergencia de salud y que los migrantes son un “riesgo” porque pueden propagarla.
De acuerdo con cifras recopiladas por la ONG Testigos en la Frontera, desde marzo se ha devuelto por esta vía a más de 2.500 colombianos usando vuelos chárter que paga el gobierno estadounidense.
De hecho, hay una especie de “carrera contrarreloj” para tratar de expulsar a la mayor cantidad de personas posible antes del próximo 23 de mayo, fecha que fijó la administración de Joe Biden para la expiración del Título 42. Algo que quedó en veremos esta semana luego de que un juez decidió bloquear temporalmente la decisión del mandatario demócrata.
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Aún así, muchos de los detenidos también están siendo procesados a través del Título 8, que es el proceso regular que atraviesan las personas que llegan a la frontera y solicitan asilo. Es allí donde arranca esta segunda travesía, de la cual no se tiene mucha información oficial.
De acuerdo con Adam Isacson, experto en seguridad hemisférica de la ONG Wola, la gran mayoría de inmigrantes que llegan a la frontera sur lo hacen con la intención de entregarse a las autoridades para solicitar asilo.
En el caso de los colombianos, hasta un 70 por ciento estaría llegando a través de Yuma, ciudad fronteriza en Arizona, y otro tanto por Nogales, también en este estado.
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Este es el muro en la frontera entre México y Estados Unidos que intentaba cruzar Juan Carlos.
EFE/Gary Williams
Una vez se entregan a las autoridades, por lo general de la patrulla fronteriza, los funcionarios deben decidir si se le aplica a la persona el Título 42 o si es procesado a través del Título 8.
De acuerdo con Isacson, su suerte depende mucho de las primeras palabras que pronuncien: “Si logra explicarle al funcionario que teme por su vida en caso de ser regresado a Colombia, lo más probable es que su caso pase a Título 8 y se inicie un trámite de asilo”, explica el experto.
Pero, por lo general debe aportar alguna prueba o razón que justifique ese temor y muchos no cuentan con ella o no la pueden articular en inglés. Además, su nombre es cotejado con una base de datos para determinar si tiene antecedentes criminales, en cuyo caso suele ser deportado de inmediato.
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Una vez se determina la elegibilidad para el Título 8, ese mismo funcionario debe decidir si la persona representa algún tipo de riesgo para la comunidad o existe riesgo de que se fugue. Y eso depende mucho de si se trata de un caso individual o de una unidad familiar.
Si es individual, en el 99 por ciento de los casos, dice Isacson, la persona termina siendo enviada a un centro de detención donde debe permanecer mientras avanza el trámite de asilo.
En el caso de unidades familiares con niños, por lo general son liberadas del otro lado de la frontera (dentro de Estados Unidos) a los pocos días. Eso porque la ley de EE. UU. impide el arresto de menores por más de tres semanas.
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Durante los años de la presidencia de Donald Trump se generó una intensa polémica con alcance internacional, pues se tomó la decisión de mantener a las familias bajo arresto sin importar si tenía niños o incluso en muchos casos separando al núcleo familiar, dejando a los padres en centros de detención y enviado a sus hijos a hogares temporales.
Esa práctica, que causó todo un terremoto de crítica, se suspendió cuando Trump aún estaba en la presidencia y bajo Biden no se está aplicando. Pero es una de las razones que explican por qué los inmigrantes ahora prefieren hacer el periplo por ‘El Hueco’ con toda su familia en lugar de las prácticas de antaño, cuando uno de los padres viajaba primero y luego, una vez ya establecido, mandaba por el resto de sus familiares.
En el caso de los colombianos, según cifras de la CPB, unos 23.000 de los arrestados este año fiscal llegaron solos y otros 18.000 en unidades familiares. En otras palabras, lo más probable es que de esos 23.000 la gran mayoría o han sido deportados vía exprés o están en centros de detención.
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Pero el CPB no discrimina la nacionalidad de quienes mantiene bajo arresto. Al menos no en tiempo real y pueden pasar muchos antes de que se conozcan esas estadísticas.
Actualmente, la cifra de inmigrantes a corte de marzo en centros de detención es de unas 31.000 personas. Otras 216.000 están bajo arresto domiciliario o siendo monitoreados por dispositivos como brazaletes que les impiden abandonar un área específica y que alerta a las autoridades sobre su ubicación. Pero no sabe cuántos de ellos son colombianos.
En el caso de las unidades familiares, la situación es diferente. Muchas, por supuesto, están siendo devueltas de momento vía Título 42. Pero un gran porcentaje de ellas son admitidas a través del Título 8 que les permite ser rápidamente liberadas del otro lado de la frontera mientras avanzan en las cortes sus procesos migratorios de asilo.
Eso se sabe por información anecdótica que recopilan organizaciones como Wola y otras como Casa Alitas y la Fundación Iniciativa Kino para la Frontera, que les ofrecen refugio temporal y comida, o el Proyecto Florence, basado en Tucson, que les da asesoría legal para su solicitud de asilo.
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Y son ellos los que han reportado encuentros con un gran número de colombianos ya del otro lado de la frontera. Lo que sigue de allí en adelante es también confuso y depende de cada solicitud de asilo, tanto para el caso de los individuos en centros de detención como para las familias liberadas.
De acuerdo con la fundación Libertad para los Inmigrantes, bajo la administración Biden la tasa de aprobación de solicitudes de asilo ha subido al 37 por ciento, comparado con la que existía bajo Trump, que era del 29 por ciento.
Pero dado el gran número de solicitudes pendientes, el atraso en el procesamiento es de años. En el año fiscal 2021, para citar un ejemplo, solo se resolvieron 23.000 solicitudes, de las cuales 8.300 fueron favorables. Eso entre más de un millón que aún están pendientes de ser resueltas. Y eso se traduce en meses si no años de espera.
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Según Libertad para los Inmigrantes, entre las personas detenidas en centros de detención con las que trabajan, un 48 por ciento de ellos son mantenidos bajo arresto entre dos y cuatro años y hasta un cinco por ciento permanece más allá de los cuatro años.
De hecho, solo un 7 por ciento sale de los centros de detención en seis meses o menos. Y en muchos casos, tras toda esa espera, la solicitud es negada y la persona termina siendo deportada.
Para quienes son amparados por el Título 8, en general unidades familiares, dependiendo de cómo avance el proceso, al cabo de un año reciben un permiso que les permite trabajar en EE. UU. mientras se resuelve el proceso. Pero otros núcleos nunca regresan ante las autoridades y simplemente se quedan viviendo en la ilegalidad, con todo lo que ello implica.
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Incluso para los que respetan el proceso se trata de un camino tortuoso porque durante los primeros meses carecen de permiso para trabajar, lo cual los obliga a emplearse en sectores informales de la economía, como la construcción, restaurantes y otro tipo de actividades temporales donde no son tan estrictos a la hora de solicitar papeles.
Y si bien algunas familias viajan con un colchón de dinero para esa primera fase, la mayoría no cuenta con recursos viéndose obligada a trabajar en estos sectores, donde el salario es muy bajo y los empleadores se aprovechan de su situación de ilegalidad para forzarlos a trabajar más horas en condiciones precarias.
Por supuesto, también hay otro grupo de inmigrantes que atraviesa la frontera ilegalmente sin entregarse a las autoridades.
De acuerdo al CPB su tasa de arresto es del 82 por ciento. En otras palabras, se asume que un 18 por ciento se cuela al país sin procurar el asilo.
Eso indicaría, en términos muy generales, que al menos unos 8.000 colombianos podrían haber optado por esta ruta en este año fiscal 2022.
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Pero en este caso su única alternativa sería vivir en la ilegalidad de manera permanente o intentar una solicitud de asilo posterior a su ingreso, que arranca con pie izquierdo pues el ingreso inicial a EE. UU. fue violatorio a las leyes.
¿Qué sigue para ellos una vez están en Estados Unidos? Para los que son liberados o ingresan ilegalmente todo es relativo. Si bien organizaciones como Casa Alitas y otros grupos que operan en la frontera los ayudan en los días iniciales, y hasta les financia un pasaje de bus o avión para su próximo destino, por lo general se pierde el contacto con la mayoría una vez están del otro lado, por lo que no hay un referente exacto de hacia qué parte del país viajan para asentarse.
La evidencia anecdótica e histórica indica que suelen migrar hacia zonas de Estados Unidos donde ya existen comunidades de colombianos establecidas que los ayudan o donde tiene algún familiar o amigo.
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Se estima que en el país norteamericano, entre ilegales y legales, viven al menos 2,5 millones de colombianos, en su mayoría en la Florida, Nueva York, Nueva Jersey, y otros estados de la costa este como Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maine, Nueva Hampshire y Vermont. Pero muchos tienden a gravitar hacia donde haya oferta laboral.
En todo caso, la “vida después de ‘El Hueco’ es una igualmente compleja y llena de obstáculos, que muchas veces para quienes logran sobrevivir a ese infierno también acaba en un avión de regreso.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68
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