Un grupo de 14 países miembros de la OEA, entre ellos Colombia y Estados Unidos, aprobaron una declaración conjunta en la que expresan su “profunda preocupación” por la situación de Venezuela y piden el cumplimento “a cabalidad” de los acuerdos alcanzados en el marco del proceso de acompañamiento que lideran expresidentes de la región y la Santa Sede.
En la carta, los países piden también que se “atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional (según la Constitución) y se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas”.
La declaración surge solo días después de que el secretario general, Luis Almagro, presentó ante el Consejo un informe de seguimiento sobre la situación en el vecino país en el que vuelve a insistir en que se ha presentado un rompimiento del orden constitucional y, por lo tanto, la OEA debe adoptar medidas extremas.
Almagro, que el año pasado ya había invocado la Carta Democrática del organismo, fue más allá en esta ocasión, pues pidió suspender a Venezuela de la OEA si no se celebran elecciones generales en los próximos 30 días. “Aprobar la suspensión del desnaturalizado Gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia”, dice Almagro en su nuevo informe, de 75 páginas.
El gobierno de Nicolás Maduro, como ha hecho antes, rechazó las conclusiones del reporte y llamó a Almagro “un enemigo ya conocido de Venezuela”.
En su declaración, los países toman nota del informe de Almagro y sostiene que lo revisarán con cuidado. Sin embargo, dan a entender que todavía hay espacio para que den frutos los esfuerzos diplomáticos al subrayar que la suspensión de un país miembro solo es el último recurso viable cuando han fallado todos los demás.
“Recibimos el informe del Secretario General de la OEA sobre Venezuela, el cual evaluaremos con detenimiento con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la Organización. Sin perjuicio de ello, consideramos que la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable”, dicen en la declaración.
Por su parte, el canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo el jueves que en Venezuela hay una “violación sistemática a los principios de la democracia”, y confió en que el pronunciamiento ayude a resolver la situación. En respuesta, su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó “las insólitas declaraciones” del canciller, de quien opinó que “construye muros con América Latina en lugar de defender y atender los intereses y derechos soberanos de su pueblo”.
La relación del Gobierno venezolano desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez con las guerrillas de las Farc y Eln hicieron que con los años varios funcionarios se convirtieran en narcotraficantes.
Así lo dijo Miguel Henrique Otero, director del diario 'El Nacional' de Caracas, quien hablará en el Congreso colombiano para asegurar que las tesis para aplicar la Carta Democrática de la OEA a su país tienen sustento.
“Los carteles de la droga están en el gabinete ejecutivo. Está Maduro y su esposa, Cilia Flórez, que tienen familiares presos en Estados Unidos; a Tareck El Aissami, el vicepresidente, le congelaron bienes en EE. UU., además es investigado por vínculos con terroristas; el general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores y Justicia, y el asambleísta Diosdado Cabello, son investigados por narcotráfico en EE. UU.”.
Otero aseguró que el gobierno de Maduro le está “cobrando a Colombia por pedir, junto con 13 países, elecciones y la liberación de presos políticos” y consideró que a Venezuela se le aplicará la Carta, con lo que el Gobierno quedará en evidencia que es una dictadura, que no respeta la Constitución y “se alejará de la comunidad y los pedidos de esos gestos”.
Dijo que “Colombia ha sido tibia frente a incidentes como el atropello a ciudadanos en la frontera en el 2015 y la invasión de suelo colombiano por parte de soldados”.
Denunció que los estados de Barinas, Apure, Guárico y Táchira están en manos de guerrilleros de las Farc y Eln y que “como están por fuera de las negociaciones serán los receptores de las armas de los que se están desmovilizando en Colombia” gracias al proceso de paz. “En Venezuela ellos no han negociado nada”, dijo el periodista.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @sergom68
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