El pasado 25 de enero, la vida de Carlos Sánchez se tornó en una pesadilla. Ese día, Donald Trump, recién posesionado como presidente de Estados Unidos, firmó una serie de órdenes ejecutivas que, en su conjunto, planteaban una seria amenaza para millones de personas que por diversas razones viven ilegalmente en este país.
Esta semana, su mal sueño se volvió realidad. El martes, el Departamento para la Seguridad Interna presentó dos memorandos en que anunciaba las medidas que se tomarán a partir de ahora para implementar las órdenes de Trump.
Descritos por un editorial del ‘New York Times’ como el “plan de batalla para la fuerza de deportación que prometió en su campaña”, los memos materializan lo que para muchos es la política más agresiva contra indocumentados en al menos cuatro décadas.
“Nos da miedo hasta salir de la casa, siempre mirando por encima del hombro. Toda nuestra vida está acá, mis dos hijos nacieron acá y ahora en cualquier momento eso se puede acabar”, sostiene Sánchez, que pidió no revelar su nombre real por obvias razones.
Este hombre, que nació en Colombia, llegó a EE. UU. a finales de los 90 con una visa de trabajo que expiró varios años después. Y aunque reconoce que cometió un error al permanecer sin papeles, se considera un buen ciudadano, que paga sus impuestos y que jamás ha cometido una infracción frente a la ley.
Por varios lustros, especialmente bajo el gobierno de Barack Obama, esas características le habían permitido permanecer en el país. Aunque el presidente demócrata también deportó a millones (más de tres, de acuerdo con cifras oficiales), la prioridad había estado en personas condenadas por serios crímenes, que llevaran muy poco tiempo en el país o que fueran consideradas un riesgo para la seguridad pública. Ahora, bajo Trump, todos los indocumentados, incluso quienes no tengan deudas con la justicia, se convierten en máxima prioridad.
Los memos hacen hincapié en que el foco inicial serán unas 800.000 personas que cuentan con algún tipo de pasado judicial –y tienen hasta las infracciones de tránsito–, así su caso todavía se encuentre en trámite ante las autoridades.
Dado que las instrucciones del presidente republicano definen como un crimen el simple hecho de vivir en EE. UU. sin la debida autorización, los otros 10 millones de ilegales que se estima viven en el país también estarán en la mira.
Los únicos que se salvan son los llamados ‘dreamers’ o personas que llegaron al país siendo muy jóvenes y a las que la anterior Administración les otorgó un permiso de residencia temporal. Pero ni ellos están seguros, pues la mayoría de esos permisos están por expirar y la Casa Blanca no ha dado señales de que piense renovarlos.
Pero los memorandos van más allá porque expanden de manera dramática las llamadas ‘deportaciones expeditas’, que prevén la expulsión sin que el caso tenga que pasar por las cortes migratorias.
Bajo las normas vigentes, solo personas que lleven menos de 14 días en el país, hayan sido capturadas cerca de las fronteras o se consideren un peligro –por tener antecedentes, por ejemplo– eran sujeto de este tratamiento.
Ahora se podrá deportar por la ‘vía rápida’ a cualquiera que no pueda demostrar que lleve al menos 2 años en EE. UU. y sin importar si estaba lejos o cerca de la frontera.
Uno de los temas que más preocupan de las nuevas órdenes migratorias es el poder ilimitado que otorga a los agentes de inmigración, que podrán deportar, sin que medie ningún proceso, a quien consideren puede ser una amenaza para la seguridad.
“En esencia lo que se permite es que el oficial de inmigración se convierte tanto en policía como en juez a la hora de determinar a quién se deporta por la vía expedita. Y eso es muy delicado, pues carece de control y es proclive a errores y abusos”, sostiene el Centro para la Política Migratoria, una organización que se dedica al estudio y seguimiento de este tipo de iniciativas.
Según un sondeo del Centro de Estudios Pew, el 47 por ciento de los latinos en EE. UU., independientemente de su situación migratoria, está preocupado por la posibilidad de que ellos o algún allegado sea deportado.
Los memorandos reviven una controvertida política que pretende ‘maximizar’ el alcance de las patrullas fronterizas y agentes migratorios ofreciendo estas mismas responsabilidades –y poderes– a policías locales.
Algo que, según el ‘Times’, romperá cualquier relación entre las autoridades y las comunidades, vitales para enfrentar el crimen en las ciudades.
En todo caso, para poner a rodar su plan, la Administración republicana ha solicitado la contratación de por lo menos 15.000 nuevos agentes. Y falta ver si el Congreso le aprueba los fondos. Así mismo, han aclarado los funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, los cambios no se darán pronto y descartan la realización de ‘redadas’ para capturar a ilegales.
Pero eso no le devuelve el sueño a Carlos. “Cada vez que tocan la puerta pienso que es la migra”, dice Sánchez tras advertir, con algo de pesar, que quizá lo mejor para su familia sea regresar a Colombia de manera voluntaria.
Le puede interesar:
Tom Pérez, el demócrata que liderará la oposición a Trump
Presidente Trump dice que cree en 'la paz a través de la fuerza'
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @sergom68
Washington
