Este año, el Congreso de la Florida aprobó un proyecto de ley que endureció las penas contra manifestantes que obstaculicen el tráfico o incurran en actos de violencia de cualquier tipo durante jornadas de protestas.
En abril, cuando el gobernador republicano Ron DeSantis le dio vida con su firma, aplaudió la iniciativa tras catalogarla la medida más fuerte de todo el país
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Pero esta semana, su aplicación, o más bien la ausencia de ella, desató una intensa polémica en el Estado del Sol.
Este martes y miércoles, cientos de personas se tomaron calles y autopistas en Miami y otras ciudades del estado para manifestarse en contra del gobierno comunista en Cuba y expresar su solidaridad con los isleños que desafiaron al régimen con grandes protestas el día anterior.
De acuerdo con la ley, el bloqueo de calles y autopistas está prohibido y las autoridades deben elevar citaciones peatonales -que prevén multas- contra quienes lo hagan.
Pero la Policía, al menos la de Miami, no presentó comparendo alguno contras los infractores pese que estos causaron el cierre durante varias horas de Palmetto Expressway, una de las autopistas más importantes de la ciudad.
DeSantis, cuando se le preguntó por la incongruencia, alegó que la situación no se podía comparar con el tipo de protesta que tenía en mente la ley.
Cientos de manifestantes se tomaron las calles de La Habana y otras ciudades en Cuba
Mariscal Mariscal. EFE
"Creo que la gente entiende la diferencia entre salir y agruparse de manera pacífica, que es un obvio derecho constitucional, y atacar a otras personas o quemar edificios o sacar a una persona de su carro" dijo DeSantis sin hacer referencia al aparte de la medida que contempla multas para quienes bloquean las vías de tránsito.
¨Creo que la gente entiende la diferencia entre salir y agruparse de manera pacífica, que es un obvio derecho constitucional, y atacar a otras personas o quemar edificios
DeSantis hacía referencia a las marchas del verano del año pasado cuando miles salieron a las calles para protestar por el homicidio del afroamericano George Floyd.
Sin embargo, la representante a la Cámara Anna Eskamani, que es del partido demócrata, catalogó la postura como "hipócrita" e ideológica.
"La ley, en este caso, era 100 por ciento aplicable. Pero ahora resulta que por un conveniencia ideológica el 'partido de la ley y el orden' que aprobó esta ley ya no le parece que corresponda en este caso. Da hasta risa la hipocresía y demuestra que las políticas que emergen de estas guerras culturales siempre son malas políticas", sostuvo Eskamani.
Lo curioso es que en Tampa, otra ciudad del estado donde pasó algo similar, fueron arrestadas dos personas a las que se les aplicó la nueva ley.
Eskamani tampoco estuvo de acuerdo con estas detenciones. Para la legisladora debe primar el derecho a manifestarse y por eso se opuso a la ley desde el comienzo.
Melba Pearson, una abogada experta en derechos civil y ex fiscal, dice que ninguno de los dos tipos de marchas deberían ser criminalizadas si son pacíficas.
"El mismo tipo de conducta que vimos el año pasado con Black Lives Matter, cuando salieron a protestar por brutalidad policial y que fue lo que motivó esta ley, la vemos ahora con los cubano americanos. Pero de repente ahora si no hay problema", le dijo Pearson al diario Washington Post.
Para nadie es un secreto, además, que el voto cubano americano es esencial para las aspiraciones electorales de los republicanos en este estado.
De acuerdo con otros abogados, el problema con la ley es que es muy abstracta y se presta a diversos tipos de interpretaciones que pueden terminar siendo politizadas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68
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