La ONG estadounidense Human Rights Watch le pidió al Gobierno colombiano redoblar sus esfuerzos para proteger a defensores de derechos humanos y activistas en el país, al advertir que la paz se puede estancar si persiste el ambiente de violencia que existe contra estos.
En un comunicado expedido esta semana, la ONG sostiene que los ataques que se vienen presentando desde que comenzó el 2017 son preocupantes. También solicita investigar a fondo los homicidios y dar con los responsables.
“El proceso de paz es una oportunidad invaluable de restablecer el Estado de derecho en zonas asoladas desde hace tiempo por la violencia y los abusos. Sin embargo, es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia”, sostiene en el comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
De acuerdo con la ONG, muchos de los abusos contra defensores y activistas están ocurriendo en áreas donde las Farc solían tener presencia militar.
"A medida que las Farc se desmovilizan, los delitos y actividades de otros grupos armados se han intensificado en algunas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de tráfico de drogas y minería ilegal", afirma HRW tras identificar a Tumaco (Nariño), El Tambo (Cauca) y El Bagre (Antioquia) como los municipios donde la situación es particularmente preocupante.
HRW cita datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, según los cuales más del 60 % de los homicidios que se han denunciado se produjeron en áreas donde antes hubo presencia militar de las Farc.
La ONG menciona, entre otros, los casos de José Yimer Cartagena Usuga, vicepresidente de una organización local de campesinos y miembro de la comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica, asesinado en Carepa, Antioquia, el 10 de enero.
Así mismo, el de Feiver Cerón, presidente de un consejo comunitario local, que fue hallado muerto en Mercaderes, Cauca, el 18 de febrero.
En enero de este año Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas de Colombia, informó a la opinión pública que desde noviembre de 2016, cuando el Congreso aprobó el acuerdo de paz con las Farc, 17 activistas habrían sido asesinados.
HRW también presenta denuncias de Somos Defensores, una de las principales organizaciones en Colombia que denuncia abusos contra activistas y según la cual unos 25 líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil habrían sido asesinados en los primeros meses del año.
Eso se suma a otros 60 activistas que, de acuerdo con la ONU, fueron asesinados en el 2016, lo que representó un aumento de más del 30 por ciento comparado con los datos de 2015.
“El único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”, dijo Vivanco.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
En Twitter: @sergom68