La administración del presidente Joe Biden anunciará este jueves una nueva medida en la lucha contra el coronavirus que tendrá alto impacto. Y no solo en términos de salud pública sino en el ya convulsionado ambiente político del país.
A partir de ahora, todos los empleados del gobierno federal y sus contratistas, un grupo que incluye a casi 3 millones de personas, tendrán que vacunarse si quieren seguir trabajando o, al menos, presentar pruebas para el covid-19 que demuestren un resultado negativo.
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La decisión de Biden, que de momento no incluye a los militares, daría un plazo de dos meses a los empleados para presentar el registro de vacunación. Aunque algunas autoridades locales ya habían tomado un camino semejante -la ciudad de Nueva York, por ejemplo-, el mandato del presidente demócrata es mucho más poderoso dado su alcance nacional.
Así mismo llegará solo dos días después de otra medida que ha desatado polémica entre algunos sectores. La que tomó este martes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) al recomendar nuevamente el uso de tapabocas en espacios cerrados aún entre la población vacunada.
Ambos requisitos -el regreso de los tapabocas y las pruebas- son en respuesta a una "cuarta ola" de la pandemia que ha comenzado a sacudir a EE.UU.
De acuerdo con los CDC, desde junio 19 a la fecha, los contagios en el país han crecido más de un 300 por ciento y se registran aumentos en los 50 estados del país. De menos de 12.000 casos diarios a más de 60.000 esta semana. Si bien la cifra de muertos aún se mantiene baja, esta también ha comenzado a crecer (más del 25 por ciento en los últimos 30 días).
Esto, en gran parte se debe a delta, la variante hípercontagiosa del coronavirus que se originó en la India y que se ha propagado por todo el país.
Un trabajador de la salud practica una prueba rápida de covid en Nueva York.
EFE/EPA/JUSTIN LANE
Lo más delicado, según las autoridades, es que los vacunados no solo se están infectando con delta sino transmitiendo la enfermedad a otros. Algo que no sucedía con alfa, la versión previa de la enfermedad.
Si bien las estadísticas aún demuestran que la vacuna contra el coronavirus sigue siendo muy eficiente a la hora de frenar síntomas severos que conduzcan a la hospitalización o muerte, hay mucho temor ante la evolución del virus y su impacto a largo plazo. De momento, el 97 por ciento de los infectados que terminan en el hospital son personas no vacunadas. Pero eso podría cambiar si el virus sigue su curso y encuentra maneras de burlar las defensas que producen las vacunas.
La decisión de Biden de requerir vacunas a los empleados federales está cimentada en una decisión reciente del Departamento de Justicia en la que determinó que el requisito no era ilegal así las vacunas hayan sido autorizadas de manera transitoria y con carácter de urgencia por la Administración para los Alimentos y Drogas (FDA, por su sigla en inglés).
Se trata de un concepto que da reversa a otro emitido durante la administración de Donald Trump, según el cual la autorización de emergencia que dio la FDA a las farmacéuticas para distribuir la vacuna impedía exigirla hasta que no pasar todos los controles y se volviera autorización permanente.
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El concepto del departamento de Justicia también cobija al sector privado, que también podría exigir la prueba a sus empleados si así quisiera.
Ambas movidas -la tomada el martes y la que se anunciará este jueves- han desatado una curiosa tormenta política en Washington. De acuerdo con Biden y con las autoridades sanitarias del país, entre ellas el infectólogo Anthony Fauci, el origen de la crisis actual son los 80 millones de adultos en el país que han decidido no vacunarse.
A pesar de contar con dosis suficientes para inocular varias veces a toda la población, solo el 50 por ciento está vacunado plenamente, dejando amplio espacio para que una variante tan contagiosa como delta pueda propagarse sin oposición.
"Tenemos una pandemia por los no vacunados y son ellos los que están generado confusión. Y entre más conocemos sobre delta más preocupados debemos estar. Y una cosa si sabemos con certeza, y es que si todos esos millones decidieran vacunarse estaríamos en un mundo muy diferente hoy", dijo a Biden respondiendo a una pregunta sobre si las nuevas guías de la CDC estaban generando confusión.
El presidente también se refería al hecho de que muchas autoridades republicanas en varios estados han ido contra la corriente al no proveer las vacunas entre la población e impedir que se aprueben medidas que requieran el uso de tapabocas en lugares públicos. De hecho, es en esos estados, en su mayoría del sur y del centro, donde delta viene causando estragos.
Pero los republicanos, o al menos algunos de ellos, le dieron otra lectura a la situación. Kevin McCarthy, el republicano de más alto rango de la Cámara de Representantes dijo este miércoles que la decisión de las autoridades sanitarias del Congreso de reimponer el uso de máscaras en el Capitolio "no estuvo basada en ciencia sino en una agenda fraguada por liberales que quieren vivir en estado de pandemia permanente".
El expresidente Donald Trump, contestando a las medidas de la CDC y Biden, pidió a sus seguidores "no rendirse ante el covid ni dar marcha atrás", mientras que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que no implementará la recomendación del uso de tapabocas en colegios, pese a que su estado es uno de los más comprometidos por esta nueva oleada con un incremento del 66 por ciento diario en contagios, 82 por ciento en decesos y 64 por ciento en hospitalizaciones.
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Si bien la "politización" del covid no es un fenómeno nuevo en EE. UU., sí se convierte en un problema enorme para Biden pues las nuevas medidas anunciadas son impopulares en un país que ya cansado por más de 15 meses de restricciones y que podrían frenar la recuperación económica.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68
