Lawrence Delloye, hijo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, acaba de obtener una importante victoria contra las Farc ante las cortes de Estados Unidos. Esto luego de que un juez federal en Nueva Jersey les ordenara pagar a los miembros de esta organización US$ 36 millones en restitución por el secuestro de su madre entre el año 2002 y el 2008.
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Delloye, a través de la firma de abogados Scarinci Hollenbeck, elevó una demanda en el 2018 alegando que el grupo había violado el Acto Antiterrorista o ATA, que permite a las víctimas de este flagelo elevar cargos ante cortes de Estados Unidos en busca de compensación.
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La demanda alega que el secuestro de Betancourt le causó a Delloye un estrés emocional severo. Hace una semana, el juez Matthew W. Brann concluyó que los abogados habían logrado demostrar que Delloye estaba cobijado por el ATA y que las Farc eran responsables por su suplicio.
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Brann determinó que 12 de esos 36 millones de dólares irán para la víctima y 24 para cubrir gastos de abogados y otros costos.
Es incierto, no obstante, si podrán cobrar los fondos, pues las Farc y sus miembros no poseen activos en EE. UU. Lo que sí es claro es que el caso genera un precedente para futuras demandas contra el grupo de otras víctimas.
"Aunque ninguna suma de dinero puede reemplazar el tiempo que Delloye perdió con su madre o sana el trauma que las Farc le causaron, nos enorgullece poder haber ayudado a que se haga justicia de alguna manera", dijo Robert Levy, que representó a la familia durante el litigio.
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Esta foto publicada el 30 de noviembre de 2007 muestra a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en cautiverio.
AFP
El caso de Delloye es muy similar al que elevaron contra las Farc Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, los tres contratistas estadounidenses que también fueron secuestrados por las Farc y que compartieron cautiverio con Betancourt.
En el 2012, y tras una demanda que también utilizó el ATA como base, una jueza de la Florida ordenó el pago de 318 millones de dólares en reparaciones. En teoría, esos fondos podrían haber salido de activos congelados en EE. UU. pertenecientes a la organización o alguno de sus miembros. Pero dado que las Farc no tienen bienes decomisados en este país, la sentencia no se ha podido ejecutar.
Eso cambió un poco en el 2018, cuando se aprobó una enmienda al ATA que ahora les permite a las víctimas de los grupos terroristas buscar la reparación de manera indirecta a través de fondos decomisados a personas asociadas con el grupo cuyos activos están en poder del Gobierno estadounidense.
Los contratistas, desde entonces, han buscado la reparación con fondos que se les han congelado en EE. UU. a miembros, exmiembros y asociados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que han tenido vínculo con las Farc.
Entre ellos, el empresario Samark López, quien fue incluido en la lista Clinton en el 2107 por nexos con el narcotráfico. Según diversas fuentes, el Gobierno de EE. UU. tiene en su poder casi 300 millones de dólares del empresario entre cuentas bancarias y otros activos.
Para lograrlo, deben demostrar un nexo entre López y las Farc en una demanda que está por resolverse. El caso ha generado atención porque los estadounidenses están compitiendo por los mismos fondos que esperaba recibir el gobierno interino de Juan Guaidó y los venezolanos en el exilio.
En todo caso, Delloye podría intentar esta misma maniobra legal que vienen utilizando los contratistas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68
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