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EEUU

HRW valora como lenta la respuesta a violencia contra líderes sociales

Foto:Alexis Múnera

La organización presenta un informe en el que le pide a Duque actuar para evitar más asesinatos.

Lenta y deficiente. Así valora la organización estadounidense Humans Rights Watch (HRW) la respuesta del gobierno colombiano para enfrentar la violencia contra defensores de Derechos Humanos en el país a lo largo de los últimos años.
En un reporte de 136 páginas que será presentado hoy, HRW sostiene que desde el 2016 han sido asesinados más de 400 activistas mientras los gobiernos de turno han intentado implementar políticas que no han sido exitosas.
En referencia al actual gobierno de Iván Duque, el reporte sostiene que se ha concentrado en condenar los asesinatos, dar discursos y anunciar iniciativas que en la práctica no funcionan adecuadamente. Y le pide actuar rápidamente para implementar y financiar plenamente políticas efectivas orientadas a prevenir este tipo de crímenes.

El gobierno Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias

“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios. El gobierno del Presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, señaló́ José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta organización.
Según el informe, “la incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil en zonas que antes ocupaban las Farc, ha permitido en gran medida esta dinámica”.
El reporte de HRW, titulado ‘Lideres desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia’, documenta los casos ocurridos a lo largo del último lustro y está basado en entrevistas a más de 130 personas ubicadas en 20 de los 32 departamentos del país, incluidas autoridades judiciales, fiscales, funcionarios públicos, funcionarios de derechos humanos, miembros de organizaciones humanitarias, defensores de derechos humanos y policías.

La incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil en zonas que antes ocupaban las Farc, ha permitido en gran medida esta dinámica

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Foto:EFE

La organización, así mismo, sostiene haber consultado información y estadísticas proporcionadas por múltiples organismos gubernamentales y ministerios, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y el Consejo Superior de la Judicatura.
Según las estadísticas recopiladas por la ONU los asesinatos de líderes de derechos humanos en el país saltaron de 41 en el 2015 a 109 en el 2019. El año pasado se registraron 53 casos adicionales, pero hay otro 80 que están en su etapa de verificación y que podrían elevar ese total. De los más de 400 asesinados en estos 5 años, 49 eran mujeres.
Según el informe, si bien el gobierno ha desplegado militares a muchas zonas del país, no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos.

A menos que el gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia

HRW afirma que las causas de la violencia varían dependiendo de la región del país. En el norte del Cauca, las disidencias de las Farc han asesinado a numerosos defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas nasa que se oponen a la presencia de los grupos armados y al trafico de drogas en sus territorios.
En Tumaco, muchos homicidios están relacionados con la percepción de que los defensores colaboran con la fuerza pública o no obedecen las órdenes de estos grupos criminales. Y también amenazan a personas que apoyan proyectos de sustitución de cultivos.
HRW cita varias deficiencias en los protocolos que utiliza el gobierno para enfrentar la delicada situación. Si bien reconoce que la Unidad Nacional de Protección ha hecho grandes esfuerzos para garantizar la seguridad de personas en riesgo, solo ofrece esquemas de protección a aquellas que han sido amenazadas, pero muchas de las víctimas no habían podido reportar tales amenazas o no las habían recibido.
Sobre las medidas para ofrecer protección colectiva a comunidades, HRW afirma que son muy limitadas y la mayoría de este tipo de solicitudes han sido rechazadas por la Unidad.
El gobierno, dice HRW, tampoco ha implementado el plan de protección integral que estableció́ el Ministerio del Interior en 2018 y crítica el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo pues las autoridades nacionales, departamentales y municipales en muchas ocasiones no han respondido a las numerosas “alertas tempranas” que ha emitido la Defensoría.
Así mismo, el informe sostiene que tampoco se ha convocado de forma periódica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una entidad que se ocupa de diseñar políticas para desmantelar a los grupos criminales responsables de los asesinatos de defensores de derechos humanos.
HRW reconoce que los esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables han sido significativos y que la Fiscalía General ha creado una unidad especializada para investigar los asesinatos y logrado 59 condenas por asesinatos de defensores derechos humanos cometidos desde 2016. No obstante, afirman, no se hacen esfuerzos serios para dar con los autores intelectuales y por desmantelar a los grupos armados responsables de estos asesinatos.
Otro obstáculo clave, subrayan, es el número limitado de jueces, fiscales e investigadores en las áreas donde ocurren la mayoría de los asesinatos.
A menos que el gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades vulnerables queden aun más indefensas”, destacó Vivanco.
Es muy probable que el reporte de HRW tenga impacto en el nuevo gobierno de Joe Biden pues la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia es una de sus prioridades en el contexto de las relaciones bilaterales, al igual que en el Congreso, ahora controlado por el partido demócrata.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON

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