La organización estadounidense Human Rights Watch presentó este jueves un memorial ante la Corte Constitucional en el que subraya que algunos aparte de la Ley de Amnistía son inconsistentes con el derecho internacional o con normas del derecho colombiano y por tanto deben ser corregidas o declaradas inconstitucionales.
En el memorial, la ONG sostiene que respalda tanto el proceso de paz como la adjudicación de amnistías razonables dentro del acuerdo con las Farc.
Así mismo, expresa su satisfacción frente a los principios de la ley que establecen que violaciones a los derechos humanos deber ser excluidos de las amnistías e investigadas y juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
"Sin embargo, nos preocupa que algunas disposiciones de dicha ley puedan limitar la posibilidad de juzgar abusos, respecto de los cuales existe una obligación jurídica de asegurar justicia", indica la ONG.
Así mismo, advierten que el mecanismo creado por la ley para ofrecer libertad condicional a miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros responsables de crímenes de guerra no contiene garantías para asegurar que estos no evadan la justicia.
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De acuerdo con HRW, si bien la ley sostiene que pretende ajustarse al derecho internacional y asegura que no se concederán amnistías a los responsables de ciertos crímenes, "la enumeración de esas atrocidades contiene ambigüedades que podrían permitir que responsables de graves violaciones de derechos humanos se beneficien con amnistías".
Entre estas alude a un aparte de la Ley en la que se establece, como una de esas atrocidades, los "graves crímenes de guerra", pero solo cuando son perpetrados de manera sistemática.
"Este lenguaje parece emular erróneamente el artículo 8(1) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) con la intención de establecer que solo se excluirán de la amnistía aquellos delitos con mayores probabilidades de ser juzgados dentro de la competencia de la CPI. No obstante, con esta disposición podrían concederse amnistías a numerosos crímenes de guerra si los acusados demuestran que estos no se cometieron de manera sistemática", dice el memorial.
La enumeración de esas atrocidades contiene ambigüedades que podrían permitir que responsables de graves violaciones de derechos humanos se beneficien con amnistías
Para HRW, la obligación del estado de investigar y juzgar penalmente los crímenes de guerra no es igual a la de la CPI (que es más acotada) y se extiende a todos los crímenes de guerra sean o no sistemáticos.
En el memorial, la ONG sostiene que hay inconsistencias entre la ley de amnistía y el derecho penal colombiano.
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En ese sentido, menciona como la lista de atrocidades no amnistiables categorías que no tienen correlación en la legislación colombiana y cita como ejemplos las “ejecuciones extrajudiciales”, que son mencionadas en la ley, pero que no existen bajo ese nombre en la normativa vigente donde a este tipo de crímenes se les llama “homicidio agravado” u “homicidio en persona protegida”.
La ONG pide a la Corte aclarar que estos delitos son equivalentes a las ejecuciones extrajudiciales y que no serán amnistiados.
Y sostiene que existe un problema semejante con el término “sustracción de menores”, que está incluido en la ley como un delito no amnistiable, pero que no existe como tal en el Código Penal colombiano.
Piden que se aclare a su vez, con precisión, a qué se refiere la ley cuando menciona “otras formas de violencia sexual” y “privación grave de la libertad” como crímenes que no recibirían amnistías.
Para HRW, la ley presenta otra ambigüedad cuando dispone que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP podría renunciar al ejercicio de la acción penal contra combatientes de las Farc que no hayan tenido una participación “determinante” en atrocidades.
Piden que se aclare a su vez, con precisión, a qué se refiere la ley cuando menciona “otras formas de violencia sexual” y “privación grave de la libertad” como crímenes que no recibirían amnistías
Dado que el "acuerdo y la ley no contienen ninguna definición de lo que se entiende por “determinante”, ni brindan pautas de interpretación para asegurar que la definición utilizada sea acorde con el derecho internacional", la Corte -dice la ONG- debería aclarar el punto para garantizar que no se otorguen amnistías a guerrilleros acusados de serios crímenes, pero se concluya que sus acciones no fueron "determinantes" en los delitos.
En cuanto a la libertad condicional que se les ofrece a quienes ya hayan pagado al menos cinco años de cárcel por violaciones a los derechos humanos mientras sus casos son procesados por la JEP, la ONG subraya que no se incluyen garantías para asegurar que evadan la justicia.
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Entre estos el pago de una caución o que el acusado comparezca periódicamente ante un juez mientras avanza su caso, dos conceptos que sí están previstos en el derecho colombiano mas no en lo establecido por la Jurisdicción Especial de Paz.
Bajo esta, a los beneficiados por la libertad condicional solo se les pide que informen sobre cambios de residencia, pidan autorización para salir del país y comparezcan ante la Jurisdicción Especial, una vez que esta comience a funcionar.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68