La organización estadounidense Human Rights Watch volvió a cuestionar este jueves la permanencia en su cargo del Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, pese a que existe evidencia que lo vincula con muertes de los llamados ¨falsos Positivos¨.
En su informe anual, que fue presentado en Washington, la organización insiste en que por estos crímenes solo se ha condenado a miembros del ejército de rangos inferiores.
¨Las autoridades no han juzgado a los altos mandos del Ejército involucrados en los asesinatos, y en cambio han concedido ascensos a muchos de ellos. A la fecha de redacción de este informe, la Fiscalía General de la Nación había citado a un total de 11 generales activos para que declararan sobre su presunta participación en casos de falsos positivos.
En agosto, el general retirado Henry William Torres Escalante fue acusado; sin embargo, no se registraron avances significativos en otras causas contra generales presuntamente responsables de “falsos positivos”, dice el reporte. Así mismo mencionan con nombre propio el caso del General (r) Mario Montoya que, dicen, tampoco avanza.
“Néstor Humberto Martínez debe de una vez asumir su responsabilidad como Fiscal General de la Nación e impulsar de forma seria la investigación en contra del General Montoya y de los otros generales bajo investigación por ‘falsos positivos’.
La evidencia en contra del General Montoya es tan comprometedora que parecería que los atrasos en su caso sólo pueden responder a una decisión deliberada por parte del Fiscal General de la Nación de incumplir sus deberes constitucionales de perseguir penalmente a los presuntos responsables de abusos”, sostuvo el director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco.
En el documento la ONG también acusa a las fuerzas del estado de, en ciertos casos, ¨tolerar¨ y hasta ¨convivir¨ con los grupos criminales que se conformaron tras la movilización de los paramilitares y que son responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos.
De otra parte el informe destaca el acuerdo de paz alcanzado con las Farc y dice que este ofrece una ¨oportunidad histórica para terminar con las violaciones de derechos humanos¨.
Pero acto seguido sostiene que eso dependerá en gran parte en gran medida de la legislación de implementación, la revisión de la Corte Constitucional y la implementación posterior de la nueva “Jurisdicción Especial para la Paz”.
La organización ya ha cuestionado con dureza algunos de los apartes del acuerdo en particular sobre la responsabilidad de los altos mandos frente a las acciones de sus subalternos, la restricción efectiva de la libertad de aquellos hallados culpables y la participación en política de miembros de las Farc aunque no hayan terminado aún de cumplir con sus condenas.
¨Esperamos que la Corte Constitucional solucione los graves defectos de la Ley de Amnistía, la cual abre la puerta a amnistiar abusos de derechos humanos y le otorga la libertad condicional a responsables de crímenes de guerra sin ninguna garantía de que no escaparán de la justicia”, dijo Vivanco.
Por esa vía, sostiene HRW, el acuerdo beneficiaría a miembros de la fuerza pública, incluidos probablemente numerosos miembros del Ejército responsables de casos de falsos positivos.
El informe menciona que desde que las Farc anunciaron el cese unilateral de hostilidades en julio de 2015, se han reducido de manera considerable los abusos atribuidos a sus miembros. Muy diferente al caso del ELN. Según la organización,este grupo continuó cometiendo serios abusos contra los derechos humanos.
En el documento HRW sostiene que los diálogos de paz con el grupo no han avanzado en gran parte debido a que el ELN se rehusa a liberar a personas cautivas y terminar con los secuestros.
Para HRW a lo largo del 2016 siguieron siendo comunes los ataques y las amenazas contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas, afrocolombianos, y otros activistas comunitarios.
La ONG, que atribuye la mayoría de ellos a las guerrillas y las bacrim, cita cifras de Naciones Unidas que hablan de 28 homicidios contra este grupo de personas entre enero y septiembre del años pasado.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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