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HRW fustiga al Eln por violencia en el 2017
ELN

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Christian Escobar Mora / EFE

HRW fustiga al Eln por violencia en el 2017

En su informe anual habló contra el expresidente Uribe, a quien acusa de calumniar a críticos.

Muy duras críticas se llevó el grupo guerrillero Eln en el informe anual de la organización Humans Rights Watch que fue presentado este jueves en Washington.

De acuerdo con este organismo, pese a los acercamientos para establecer negociaciones de paz y el cese al fuego que se pactó en octubre del año pasado el grupo continuó cometiendo numerosas violaciones a los derechos humanos.

¨En 2017, el Eln siguió cometiendo graves abusos contra civiles, como por ejemplo ejecuciones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en el departamento de Chocó. El 25 de octubre, el Eln asesinó a un líder indígena en Chocó, a pesar de haberse comprometido con el gobierno a cesar los abusos¨, dice un aparte del reporte.

El informe también destaca una reducción en el desplazamiento del país que viene registrándose desde el 2015. Se trata de la primera vez que esta ONG documenta una disminución del fenómeno atribuido al conflicto interno que sacude al país desde hace décadas.

Coincide, además, con el acuerdo de paz que se alcanzó con las Farc en 2016 y que se encuentra en su fase de implementación.

Aun así, para HRW el desplazamiento sigue siendo un problema y menciona como desde enero a noviembre unas 48.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares.
Y en particular señala la situación en el Litoral de San Juan, en el sur de Chocó, donde la cantidad de personas desplazadas en 2016 representó el 20 % de la población.

En gran parte se trata de un desplazamiento que atribuyen al Eln y a los grupos sucesores del paramilitarismo, que también continuaron cometiendo graves abusos, como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales.

Según la ONG estos grupos se beneficiaron por la ¨tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales¨.

En el informe la ONG describe el acuerdo de paz con la paz como ¨una oportunidad histórica para reducir las violaciones a los DDHH¨ pero vuelve a criticar las graves falencias de su componente de justicia que, sostiene, podrían permitir que criminales de guerra terminen eludiendo una rendición de cuentas genuina.

E insiste, nuevamente, en que la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz incluyó una definición de ¨responsabilidad de mando¨ que se aleja de las normas establecidas por el derecho internacional y podría permitir que militares que sabían o debieron saber de la conducta de sus inferiores sean procesados por delitos que estos cometieron.

Curiosamente, el informe también la emprende contra el ex presidente Álvaro Uribe, a quien acusó de increpar a periodistas y otros críticos, señalándolos, ¨sin evidencia, de ser cómplices de las guerrillas¨.

En el reporte HRW expresa su preocupación por las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas, sindicalistas y afroamericanos y menciona cifras según las cuales entre enero y octubre de 2017 habrían sido asesinados 53 líderes de derechos humanos y activistas comunitarios.

Si bien destaca la condena de más de 1200 soldados y rangos medios por los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, se queja de la ausencia de castigo contra los altos mandos que pudieron estar tras estos crímenes.

Y critica como, antes, el gobierno ha concedido ascensos a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos.

¨En noviembre, el Ministerio de Defensa propuso ascender de rango a cinco militares contra quienes hay evidencias creíbles de participación en “falsos positivos. El General Rodríguez Barragán seguía siendo Comandante General de las Fuerzas Militares a la fecha de preparación de este documento, a pesar de las sólidas evidencias que lo vinculaban con casos de “falsos positivos”, sostiene el reporte.

Y vuelve a sacar a colación el caso del general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, que fue agregado de defensa de Colombia en Washington entre noviembre de 2015 y mayo de 2017 pese a que, dice la ONG, la Fiscalía General de la Nación investiga los asesinatos que aparentemente cometió una brigada bajo su responsabilidad entre el 2006 y el 2007.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68

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