Como pasa con la mayoría de países del mundo, el futuro de las relaciones bilaterales entre Colombia y EE. UU. en la era de Donald Trump es todavía una incógnita.
Pero de lo que sí no hay duda es de que se vienen cambios, y quizá sustanciales. Especialmente ahora que los republicanos controlarán tanto el Congreso como la Casa Blanca.
Todos los expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que Colombia lleva ya años contando con el apoyo bipartidista de Washington y que este no se desvanecerá de la noche a la mañana.
Y el gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viene subrayando que el país ha podido acomodarse a las diferentes composiciones políticas que han surgido en EE. UU. en estas dos últimas décadas.
Bien sea cuando un solo partido ha estado a la cabeza –como ocurrió en el 2008, cuando los demócratas mandaban la parada– o cuando el poder se lo han dividido –como sucedió en el 2000, año en que un presidente demócrata y un Congreso republicano trabajaron juntos para aprobar el Plan Colombia–.
Esa relación ‘especial’ quedó en evidencia esta semana cuando el general John Kelly, nominado por Trump para ser secretario de Seguridad Interna, se refirió al país como el mejor aliado de EE. UU. en la región y un ejemplo por seguir a la hora de enfrentar la crisis de seguridad que sacude a Centroamérica.
Dicho eso, el tono a lo largo de los años no ha sido el mismo. Como tampoco lo es el contexto que existe tanto en Colombia como en EE. UU.
Durante los años de la administración de Barack Obama hubo gran sintonía entre esta y el proceso de paz con las Farc, una iniciativa que apoyó desde el comienzo, al punto de nombrar un enviado especial y proponer un paquete de ayuda dirigido a la implementación de los acuerdos y que se conoce como Paz Colombia.
Para Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, parece que Colombia no será una prioridad –como lo fue para Obama–, y es muy probable que el énfasis esté, nuevamente, en la lucha contra el narcotráfico.
“Mucho dependerá de quién en el gobierno Trump se convierta en la voz más influyente para los temas de América Latina. Creo que la paz será respaldada, pero habrá más presión en el combate a las drogas, y es posible que la ayuda prometida se redirija a temas de narcotráfico y seguridad”, sostiene este analista.
(Lea también: El apoyo al proceso de paz no se vería afectado por llegada de Trump)
Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), opina algo similar.
Para este experto, el ascenso de Trump y la mayoría republicana en el Legislativo probablemente se traducirán en escepticismo frente al proceso paz, al tiempo que crecerá la relevancia de las ideas que ha estado vendiendo en Washington el expresidente de Colombia Álvaro Uribe.
“Lo que esto quiere decir –afirma Isacson– es que la ayuda para la implementación del acuerdo no está garantizada y podría llegar, pero con fuertes condiciones. Y es muy probable que crezca la presión para que se extradite a miembros de las Farc y se restituya la fumigación aérea”.
A comienzos del año pasado, Obama le pidió al Congreso 450 millones de dólares para financiar Paz Colombia. Pero la ayuda nunca fue aprobada, dadas las disputas entre ambos partidos por el presupuesto.
En otras palabras, el nuevo Congreso podría ignorar la solicitud de Obama –que ya no está en el poder– y aprobar un paquete de asistencia más enfocado al combate contra el narcotráfico y con restricciones.
Además, subrayan varios analistas, Trump está demostrando que pretende ser la antítesis de Obama y podría rechazar cualquier iniciativa que tenga sello del afroestadounidense.
Para el gobierno del presidente Santos, el tema más complicado con el cambio de mando en EE. UU. es el del aumento de los cultivos ilícitos, que se han duplicado en los últimos dos años.
Es un asunto que preocupa a muchos legisladores y podría volverse tóxico si esa bonanza comienza a reflejarse en las calles de EE.UU.
(Le sugerimos: 'Es urgente replantear la guerra mundial contra las drogas')
Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, pide recordar que si Colombia ha gozado de amplio apoyo bipartidista durante estos años es porque los resultados en materia antinarcóticos y antiterrorista fueron evidentes.
“El gobierno Santos no debe dar por descontado este apoyo, pues existe la percepción de que su gobierno ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas por favorecer el proceso de paz. Para poder ganarse el respaldo tanto de Trump como del nuevo Congreso, es importante que el Gobierno presente un plan muy agresivo para combatir los cultivos de coca y el financiamiento de las Farc”, sostiene Noriega, que trabajó con la administración de George W. Bush.
En ese sentido, el nombramiento del general Óscar Naranjo como vicepresidente debe generar confianza, pues goza de gran prestigio entre la comunidad antinarcóticos de EE. UU. y los republicanos.
Pero la paciencia parece limitada. Prueba de ello fue una durísima carta que enviaron varios miembros del Congreso al secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, hace poco más de dos semanas.
En ella le dicen que Colombia debe seguir extraditando a miembros de las Farc que tengan deudas con la justicia estadounidense, y casi amenazan con bloquear la ayuda si el país, por causa del proceso de paz, termina convirtiendo el narcotráfico en un delito político (lo cual ya contemplan los acuerdos de La Habana).
“El futuro de la cooperación en seguridad con Colombia podría verse obstaculizado si el país decide convertir el narcotráfico en un crimen político”, dicen en la carta tras pedir que no se excluya a las Farc de la lista de organizaciones terroristas.
Sostienen, además, que las Farc podrían usar la actual bonanza del narcotráfico para afianzarse en la política, lo que se traduciría en “una amenaza para los intereses de EE. UU. y la región”.
Esta visión, muy cercana a las tesis que ha venido impulsando el Centro Democrático, de momento no representa el sentir de la mayoría en el Congreso.
Pero con una administración Trump desinteresada en los temas de paz y los cultivos ilícitos creciendo de manera exponencial, las posibilidades de que se imponga son más bien altas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @sergom68
Washington
