No sancionar a Donald Trump por haber incitado a la violenta turba que intentó desconocer, y con violencia, el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado generaría un terrible precedente para la democracia estadounidense.
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Ese fue el argumento central que utilizaron los “fiscales” que comisionó la Cámara de Representantes para presentar el caso contra el expresidente durante el primer día de su juicio político ante el Senado.
El inicio del juicio, segundo que enfrenta Trump por supuestos crímenes cometidos durante los años que permaneció en la Casa Blanca, giró en torno a la constitucionalidad del proceso.
Pero antes de entrar en materia, los demócratas presentaron un escalofriante video sobre los eventos del pasado 6 de enero, cuando miles de simpatizantes del ya expresidente se tomaron el Capitolio para tratar de impedir que el Congreso autenticara la victoria del demócrata Joe Biden.
Según estos, Trump es responsable no solo porque los convocó a Washington con ese propósito, sino porque se pasó meses alimentando el descontento con la idea de que las elecciones habían sido fraudulentas. Y luego, ya cuando la turba estaba enardecida, les pidió que fueran hasta el Congreso para “pelear hasta la muerte”. Algo que sucedió, pues ese día cinco personas, entre ellas un policía, perdieron la vida.
El pasado 6 de enero los simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de EE. UU.
AFP
En sus declaraciones iniciales durante el juicio, los abogados del exmandatario condenaron de manera enfática el uso de la violencia e insistieron en que los responsables debían ser llevados ante la justicia. Pero luego le lavaron las manos al expresidente indicando que él no podía pagar por las acciones de otros que interpretaron sus palabras de manera literal y que sancionarlo por eso socavaría el derecho a la libertad de expresión.
Pero el eje de su defensa se enfocó en tratar de descarrilar el proceso alegando que la carta magna estadounidense no contempla la posibilidad de enjuiciar a un funcionario que ya abandonó el poder.
El mismo argumento que vienen esgrimiendo los republicanos que defienden a Trump y que probablemente usarán para votar en contra de su castigo cuando llegue el momento.
“No hay méritos para avanzar en este proceso porque la Constitución no lo prevé. En realidad, lo que está pasando acá es que los demócratas no quieren enfrentar a Trump en el futuro como un rival político y por eso estamos en estas”, dijo Bruce Castor, uno de los defensores del exmandatario.
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En realidad, lo que está pasando acá es que los demócratas no quieren enfrentar a Trump en el futuro como un rival político y por eso estamos en estas
Si Trump llegara a ser hallado culpable, el Senado también podría decretar su muerte política, inhabilitándolo de por vida para aspirar a cargos públicos. Pero es poco probable que cualquiera de esas dos cosas suceda. Para condenar a Trump, los demócratas necesitan que se les unan al menos 17 republicanos. Y, de momento, solo un puñado ha sugerido que podrían acompañarlos.
Los demócratas, por su lado, dedicaron buena parte de su tiempo durante el arranque del juicio para defender la constitucionalidad del proceso. Para ellos, la ley es clara en cuanto a que un mandatario es responsable por las acciones que comete desde el primer hasta el último día de su presidencia.
“Ellos –los defensores– quieren acabar con el juicio antes de que se presente la evidencia. Su argumento es que si una persona comete una ofensa que da para la destitución en sus últimos días en el poder, entonces lo puede hacer con impunidad constitucional y se sale con la suya. Si compramos este argumento radical que proponen los abogados de Trump, entonces nos arriesgamos a que el 6 de enero sea nuestro futuro”, dijo Jamie Raskin, el demócrata que encabeza el equipo designado por la Cámara para enjuiciar al expresidente.
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Para Raskin, la intención de los padres fundadores era muy clara cuando redactaron los artículos de destitución porque querían precisamente evitar que un líder usara su poder para perpetuarse en su cargo.
El congresista Jamie Raskin, encabeza la acusación demócrata contra Donald Trump.
Efe
“Bajo la Constitución, el presidente de EE. UU. tiene prohibido cometer crímenes a lo largo de todo su período. De hecho, es por eso que existe el poder para destituir, condenar y descalificar. Para protegernos contra un presidente que quiere desconocer la voluntad popular y reemplazarlo por el de una turba. Ese poder se debe aplicar hasta el último momento de su mandato porque es precisamente allí cuando se necesita más, pues es en ese momento cuando el resultado de unas elecciones puede ser atacado”, continuó el legislador.
Raskin perdió la voz por momentos al recordar los eventos del 6 de enero, pues se encontraba con su hija en el interior del Capitolio cuando los violentos ingresaron a este y tumbaban puertas buscando a los congresistas que pretendían certificar la victoria de Biden.
El exvicepresidente, es importante anotar, superó a Trump por más de 7 millones de sufragios y ganó el Colegio Electoral con 306 votos a favor frente a los 232 del exmandatario. Una victoria que fue refrendada por todos los estados y las cortes del país, que desecharon más de 60 demandas elevadas por Trump.
En horas de la tarde de este martes, el Senado sometió el tema de la constitucionalidad del proceso a una votación que requería de la mayoría simple para poder continuar con los procedimientos.
El resultado de la votación fue 56 a favor y 44 en contra. Aunque fue solo el primero de varios votos previstos, el desenlace es un claro indicador de que al menos por ahora no hay apoyo suficiente para condenar a Trump, pues se necesitan 67 votos para hacerlo. Se espera que el juicio dure 7 días hábiles y se extienda al menos hasta finales de la semana entrante.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
En Twitter: @sergom68
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