Timonazo en Estados Unidos para sepultar la era Trump

Desde su llegada a la Casa Blanca, el miércoles pasado, el nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, ha firmado casi 30 órdenes ejecutivas que apuntan a atender la grave crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, al tiempo que buscan echar para atrás las polémicas políticas de su antecesor, el republicano Donald Trump, en lo que se ha visto como un giro de 180 grados.

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Tan solo el 20 de enero, Biden firmó 17 órdenes ejecutivas unas horas después de asumir las riendas del país, y hacer un llamado a la unidad para salir de la crisis.
Entre las medidas que más llamaron la atención están las que apuntan al legado de Trump. Varias de ellas, relacionadas con la inmigración.

Una de las primeras órdenes ejecutivas, por ejemplo, canceló la emergencia nacional que el republicano había decretado para desviar fondos y financiar así la construcción del muro fronterizo con México, uno de los temas que más explotó la administración republicana durante los últimos cuatro años.

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Además, Biden extendió las protecciones contra la deportación para los llamados dreamers, hijos de inmigrantes ilegales que han crecido en el país indocumentados; anuló el veto migratorio que impuso Trump hace cuatro años a los viajeros procedentes de 11 países de mayoría musulmana, ordenó volver a contar a los inmigrantes indocumentados en el censo de población que se lleva a cabo cada diez años, y también revisar los mecanismos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés) a la hora de arrestar a indocumentados.

Asimismo, y como lo prometió en campaña, Biden ordenó el reingreso de EE. UU. al acuerdo climático de París y suspendió la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que había ordenado Trump el año pasado en plena pandemia.

Estas últimas dos decisiones le valieron a Biden el reconocimiento de la comunidad internacional, que aplaudió su compromiso con la lucha contra el calentamiento global y la salud mundial.

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Sin embargo, pese a que Biden intentó desde su primer día marcar un tono diferente, expertos auguran un camino complejo. “Estos primeros pasos son bienvenidos. Pero gran parte del daño causado por la administración Trump es tan profundo que llevará tiempo deshacerlo y sanarlo”, advirtió esta semana la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola por su sigla en inglés).

Lo cierto es que el grueso de las medidas y decretos que firmó Biden en sus primeros días estuvo enfocado en la lucha contra la pandemia, que ya deja en EE. UU. más de 414.000 muertes, una cifra que sobrepasa el número de estadounidenses fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial y que, según advirtió el presidente el viernes, podría superar los 600.000, el dato más elevado del que se ha hecho mención hasta el momento.

De entrada, Biden firmó una orden ejecutiva el día de su posesión urgiendo a los estadounidenses a usar tapabocas –obligatorio solo en algunos estados–durante los primeros 100 días de su presidencia y que obliga a su uso en instalaciones federales. Y al día siguiente firmó otras diez medidas para detener el avance del covid-19 en lo que catalogó como una estrategia “de tiempos de guerra”.

El plan de Biden tiene entre sus objetivos acelerar la manufactura, la distribución y administración de las vacunas, garantizar su acceso a todos los estadounidenses sin discriminación y combatir el escepticismo de quienes no quieren recibir el inyectable.
Además, el Gobierno federal planea colaborar con los estados para crear “todos los centros de vacunación que se necesiten”, incluida la habilitación de estadios.

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Adicionalmente, el mandatario le ordenó a su gobierno recurrir a la ley de producción de defensa, una legislación adoptada en 1950 en respuesta a la Guerra de Corea, para movilizar al sector industrial y acelerar la fabricación de equipos contra la pandemia.
Sin embargo, los expertos creen que esa medida no ayudará demasiado a acelerar la producción de la vacuna, porque la capacidad manufacturera ya está al máximo.

En respuesta, la Casa Blanca aseguró que activar esa ley ayudará, por ejemplo, a aumentar la fabricación de una jeringa especial que permite sacar seis dosis de cada vial de Pfizer, en vez de cinco.

Biden prometió que EE. UU. administrará 100 millones de dosis de la vacuna en sus 100 primeros días en el poder, un objetivo que muchos consideran bajo, debido a que para cuando acabe ese plazo, el 29 de abril, el Gobierno federal debería tener ya disponibles al menos 200 millones de unidades.

Otro de los decretos claves para contener la expansión de la pandemia establece que quienes quieran viajar a EE. UU. desde el extranjero deben hacerse una prueba de covid-19 antes de volar y mantenerse aislados una vez lleguen al país. Una medida ya implementada en varios países del mundo.

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Si bien los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, en inglés) ya habían anunciado la exigencia de un test negativo de coronavirus antes de volar al país, el decreto de Biden pide revisar esa orden por si es necesario endurecer más las condiciones para hacerse la prueba.

La medida del demócrata también le exige a su gabinete negociar con los gobiernos de México y Canadá sobre la posibilidad de reforzar los protocolos de salud pública para la entrada a EE. UU. por vía terrestre, ahora cerrada.

Ese mismo decreto ordenó el uso obligatorio de tapabocas en aeropuertos y en la mayoría de aviones, trenes, barcos y autobuses, algo que Trump se negó a hacer y que reclamaban desde hace meses muchas aerolíneas y autoridades estatales y locales. El presidente también firmó, entre otras, dos órdenes ejecutivas que amplían las ayudas federales para las familias de bajos recursos.

Sin embargo, el poder de Biden a través de las órdenes ejecutivas tiene un límite, y para sus planes de gran escala va a tener que lidiar con un Congreso en el que si bien los demócratas controlan ambas cámaras, la mayoría en el Senado es tan ajustada que el camino se prevé complicado.

Especialmente de cara a sus dos propuestas estrella: un nuevo paquete de estímulo fiscal, por valor de 1,9 billones de dólares con nuevas transferencias directas a los ciudadanos, y una reforma migratoria que abriría la senda para la legalización de más de 11 millones de indocumentados en EE. UU.

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Biden, que fue senador durante más de tres décadas, conoce bien el funcionamiento de la Cámara alta y tendrá que convencer a la bancada republicana para que dé luz verde a ambas propuestas en un momento de máxima polarización. Sobre todo porque la aprobación del estímulo fiscal es clave para que funcione su estrategia contra el covid.

Pero, según reportó The Washington Post, entre algunos republicanos hay malestar por la lluvia de órdenes ejecutivas, pues la sensación es que estas van en contra del llamado de unidad hecho por el mandatario.

Y a la reticencia republicana se suma el envío que harán los demócratas mañana al Senado de las acusaciones para el inicio del juicio político a Trump por “incitar a la insurrección” durante el asalto violento al Capitolio. Ya dijeron, además, que el impeachment comenzará en la segunda semana de febrero.

REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con información de AFP y EFE

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